Tránsito de Pico: detienen a un empleado infiel y formalizan a otras dos trabajadoras

El imputado quedó detenido con prisión preventiva por 30 días. La Fiscalía convocó ahora a dos funcionarios de alto rango en el municipio. Calculan que hubo un desfalco por $600.000.

General Pico (Agencia) La auditoría interna que la Municipalidad dispuso luego que un cajero confesara haber robado 112.000 pesos en un mes, ahora elevó el número del desfalco en cerca de 600.000 pesos. Con el informe en las manos, la Fiscalía realizó otra audiencia de formalización donde se decidió la prisión preventiva del imputado y, además, se involucró por “negligencia en el control” a otras dos trabajadoras municipales.

Un comunicado del área de Prensa Municipal, donde solo se recordaba lo que ya se sabía hacía días, que el municipio llevaba adelante una auditoría, y una posterior conferencia de prensa casi “forzada” por los periodistas que encabezó la secretaria de Gobierno, Belén Lavechia, donde tampoco se dieron detalles de la investigación, fueron la antesala de lo que se cocinaba ayer por la mañana en Tribunales y que, pasado el mediodía, explotaba en una formalización que extrañamente- no contó con el aviso previo a los medios de prensa como ocurrió cuando se denunció al empleado.

El día martes, funcionarios municipales entregaron al fiscal general, Armando Agüero, la documentación con el detalle de los recibos “truchados o anulados” por el cajero, Leandro Nicolás Godoy, durante los últimos seis meses.

El imputado había confesado haber anulado 86 recibos por 112.000 pesos en el mes de julio. La auditoría, ahora, estableció que el faltante de dinero asciende a 570.459,50 pesos, desde enero a fines de julio 2018. Pero, además, el estudio determinó que Godoy no solo pedía cancelar recibos ya cobrados- por sistema, sino que también confeccionaba recibos manuales que luego no rendía. De una y otra manera, en partes casi iguales, se alzó con la suma que supera ampliamente el medio millón de pesos.

Con la información en la mano, el fiscal Agüero ya pidió al municipio que busque también supuestos faltantes en el año 2017, que ya se descartaría que existe. Y, además, llevó un poco más allá la investigación sobre las responsabilidades del control de Godoy, por lo que indagó y pidió la formalización de otras dos empleadas municipales, que desde el área de Cómputos recibían la indicación del cajero de los recibos que debían anular en el sistema por diversas razones.

En el caso de Godoy, que según las fuentes consultadas daba por sentado que con la confesión y la promesa de devolver los 112.000 pesos- estaba cerca de un acuerdo de juicio abreviado y una condena en suspenso, se le complicó la situación.

Imputado por “peculado”, la Fiscalía pidió ayer durante la nueva audiencia que quede detenido con prisión preventiva, acción que la jueza de Control Jimena Cardoso concedió por el término de 30 días.

Las dos trabajadoras municipales fueron imputadas por “peculado culposo”, figura menor que se achaca “por imprudencia, negligencia o inoperancia de los deberes a su cargo”, o sea la falta de control que facilitó la maniobra fraudulenta del empleado infiel. Concretamente, en los últimos seis meses ambas empleadas anularon 214 recibos a pedido de Godoy, quien se habría apoderado de 279.058,50 pesos.

Con la otra maniobra, confeccionando recibos a mano sin la necesidad de pasar por el sistema informático, el cajero se habría quedado con 291.402 pesos.Aumentó considerablemente el monto del robo y se especula que el desfalco podría ser millonario si se sigue tirando del hilo, se suman involucrados a la causa y crece el escándalo.

Lo extraño en este contexto es que hasta ahora- nadie hiciera referencia a las responsabilidades políticas porque, con alrededor de 400 recibos fraguados, seis meses de maniobras que arrojaron faltantes y más de medio millón de pesos en el aire, la evidencia de la falta de controles parece demasiado grande como para simplificarla en un empleado infiel y dos trabajadoras que se le pasan datos por alto.Mientras tanto, el fiscal Agüero convocó para hoy a algunos funcionarios municipales para que presten testimonios.

Dos serían las áreas que al parecer tienen cierta responsabilidad: Secretaría de Gobierno, de quien depende la caja recaudadora de Tránsito, donde trabajaba Godoy; y la Secretaría de Hacienda, área donde se desempeñan las empleadas de Cómputos.

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