Un muerto por un choque entre un auto y un camión en la Ruta 5
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EL DIARIO digital
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En una resolución dictada el pasado 3 de marzo de 2026, el juez de audiencia Daniel Alfredo Sáez Zamora rechazó el acuerdo de juicio abreviado presentado contra un vecino de Santa Rosa, imputado por abusar sexualmente de una menor, amiga de su hija, de manera reiterada entre los años 2021 y 2023.
Según el expediente, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 11 años y se extendieron hasta sus 13 años. El acusado aprovechaba las ocasiones en que la menor concurría a su domicilio para encontrarse con su hija.
El relato de la víctima en Cámara Gesell reveló un escenario de extrema violencia. El acusado habría utilizado cuchillos y una hoja de afeitar para amenazarla de muerte si se negaba a los encuentros.
También se denunció que el imputado obligó a la menor a ingerir drogas para dejarla inconsciente y proceder al abuso. Según el expediente, la víctima presentaba cicatrices de cortes en el cuello y moretones compatibles con golpes de puño.
Además del abuso, al hombre se lo acusó de desobediencia judicial por haber violado una restricción de acercamiento hacia la víctima el 14 de octubre de 2025.
El acuerdo rechazado
El Ministerio Público Fiscal, la defensa y el acusado habían pactado una pena de seis años y seis meses de prisión. Sin embargo, el juez Sáez Zamora consideró que este acuerdo afectaba la "verdad jurídica objetiva".
Los argumentos principales del rechazo fueron dos:
Exclusión de agravantes: La fiscalía eliminó la agravante de "grave daño en la salud", prevista en el Código Penal, lo cual fue cuestionado por el magistrado en su resolución. El juez señaló que el informe pericial de la psicóloga María Clara de Paz y la historia clínica de la menor confirman múltiples internaciones por autolesiones de gravedad e ideaciones suicidas vinculadas directamente a los abusos.
Opinión de la Dirección de Niñez: En representación de la víctima, el Director General de Niñez, Adolescencia y Familia dictaminó en contra del acuerdo, sosteniendo que el juicio abreviado prioriza la celeridad procesal por sobre el derecho de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación.
El magistrado fundamentó su decisión en las leyes de protección a la niñez (Ley 26.061) y a la mujer (Ley 26.485). Al rechazar el abreviado, los defensores del imputado pueden realizar apelaciones. De no hacerles lugar, la causa continuará según su estado, lo que implica que el acusado podría enfrentar un juicio oral y público donde las pruebas y los daños a la salud de la víctima sean debatidos plenamente
