Sin convivencia no hay país: instituciones fuertes para salir del péndulo

Por Santiago Ferro Moreno (*)

En un mundo atravesado por guerras, tensiones geopolíticas y reacomodamientos económicos que impactan sobre energía, alimentos, comercio y expectativas, la Argentina debería cuidar más que nunca su calidad democrática y su capacidad de construir acuerdos básicos. Sin embargo, estamos asistiendo a un deterioro silencioso pero profundo de la convivencia: no por la existencia de desacuerdos, que son normales y hasta necesarios, sino por la dificultad creciente de discutir con reglas mínimas de respeto cuando el lenguaje público se convierte en agresión, burla o descalificación. Si desde la máxima autoridad del país se naturaliza la violencia discursiva, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué queda para el resto del sistema político, para los medios, para las redes, para la vida cotidiana? Cuando el Presidente no cuida la investudura, no da el ejemplo y solo endurece el conflicto, la agenda de desarrollo nacional se va extremos y se complejiza la convivencia. 

En ese clima, cualquier intento de mirar el largo plazo se vuelve cuesta arriba. No porque falten diagnósticos o ideas, sino porque sin un piso mínimo de respeto y reglas compartidas, todo se vuelve reversible, pendular. Lo que hoy se impulsa mañana se desarma. Lo que hoy se celebra mañana se demoniza. El país queda atrapado en un péndulo que no solo destruye políticas, también destruye confianza. Y sin confianza no hay inversión (propia y extraña), no hay aprendizaje colectivo, no hay proyectos que maduren. Hay apenas supervivencia y revanchismo, mediocridad y mezquindad.

Cuando hablamos de grandes consensos, el punto de partida no debería ser una lista de reformas ni una épica de gestión. Debería ser la reconstrucción de un método, de formas, de espacios de reconocimiento, de pluralidad, de convivencia (porque vivimos todas/os en este país, nos guste o no). Deberían edificarse modos de discutir con firmeza pero sin degradación. Un conjunto de reglas que sobrevivan a las personas. Instituciones que ordenen el conflicto, que obliguen a explicar decisiones, que limiten los personalismos y que garanticen alternancia real. Si no fortalecemos instituciones, el largo plazo queda reducido a un recurso retórico, útil para un discurso pero inútil para la vida real.

Este problema no es solo nacional. Se expresa, con sus matices, en cada organización pública. Y por eso vale mirarlo también en la escala de la Universidad Nacional de La Pampa, que en abril de 2026 afronta un proceso electoral en un contexto exigente, con la educación superior y la ciencia bajo presión y con una sociedad cada vez más escéptica respecto de lo público. En escenarios así, la respuesta inteligente es elevar la vara institucional, no bajarla. Porque cuando una institución pública no logra mostrar calidad de gobierno, transparencia y coherencia interna, termina alimentando el mismo relato que luego justifica recortes y desfinanciamiento.

La UNLPam tiene una historia que merece ser cuidada. Construyó una impronta democrática valiosa, basada en el cogobierno, en la participación de claustros y en una identidad pública ligada al desarrollo provincial y a la formación de personas. Esa tradición se honra con reglas, no con gestos. Y aquí aparece un hecho que organiza la conversación y conviene nombrar con claridad: después de ocho años conduciendo la Universidad, el actual Rector impulsa su continuidad en la cúpula proponiéndose como Vicerrector. Se podrá discutir la formalidad, las interpretaciones, los antecedentes. Pero el punto institucional es sencillo: la alternancia es una regla de higiene democrática. Limita incentivos, oxigena agendas, protege a la organización de la endogamia y del personalismo. Cuando se reemplaza alternancia por corrimientos de roles para sostener centralidad, tipo el juego de la silla, se erosiona legitimidad y se resiente la capacidad de construir acuerdos internos reales.

El riesgo no es abstracto. La continuidad concentrada de personas en el poder tiende a producir obediencias, silencios y cierre del debate. Discutir en serio se vuelve riesgoso cuando los mismos resortes clave permanecen bajo el mismo entramado. En una universidad pública eso es especialmente grave porque su principal activo no es un presupuesto ni un edificio. Es su inteligencia colectiva, son sus personas, su historia y sus proyecciones. Cuando el debate se empobrece, la institución se vuelve más frágil, menos innovadora, menos capaz de anticipar y resolver problemas. Más supeditada a agendas de gobiernos que a temáticas claves para el desarrollo sostenible de largo plazo. 

A esto se suma una dimensión de confianza que no puede subestimarse. La transparencia no es solo tener papeles ordenados. Es poder explicar criterios. Es que la comunidad universitaria y la sociedad puedan reconstruir porqué se prioriza lo que se prioriza, cómo se asignan recursos, por qué algunas respuestas llegan rápido y otras se dilatan, cómo se toman decisiones de contratación y con qué controles. Cuando los criterios no son claros, crece la percepción de discrecionalidad. Y cuando esa percepción se instala, cada unidad académica, cada decano/a, cada secretaria/o, deja de pensar el conjunto y pasa a resolver lo propio como pueda. Esa fragmentación reduce eficacia, pero sobre todo destruye cohesión institucional.

También hay ejes identitarios que deben ser mirados sin incomodidades. La UNLPam no es una universidad de una sola ciudad ni de una sola unidad académica. La equidad territorial entre sedes y Facultades es parte de su promesa pública. Cuando hay una sola Facultad en el poder y, además, General Pico queda fuera de los equilibrios de conducción, se empobrece la mirada estratégica y se debilita el sentido de pertenencia de una parte sustantiva de la comunidad. Y cuando la paridad de género no aparece como criterio explícito de conducción, la institución se vuelve incoherente: enseña valores hacia afuera, pero los relativiza al gobernarse a sí misma.

El contexto nacional vuelve todo más sensible. Un gobierno de orientación liberal libertaria viene impulsando un ajuste que impacta sobre educación superior y ciencia. Eso tensiona salarios, funcionamiento, becas, proyectos e infraestructura. En ese marco, una universidad pública no puede darse el lujo de administrar con opacidad o con lógicas transaccionales. Si la universidad no muestra criterios claros, procesos consistentes y rendición de cuentas, termina alimentando la desconfianza sobre lo público que luego se traduce en recortes y deslegitimación. Es un combo complejo: ajuste por arriba y fragilidad institucional por adentro.

La discusión, entonces, no es solo electoral. Es institucional. Y se resuelve elevando el estándar de gobierno universitario. Alternancia genuina, reglas claras para decidir y orientar los recursos y capacidades institucionales, planificación con prioridades explícitas, presupuestos entendibles, mecanismos de rendición de cuentas, protección del disenso y del debate como condición de calidad, equidad territorial real y paridad como principio de conducción. Eso es fortalecer instituciones. Eso es defender la universidad pública con hechos.

Volvemos al punto de partida. Sin convivencia, no hay acuerdos. Sin acuerdos básicos, no hay largo plazo. Y sin instituciones fuertes, el país queda preso del péndulo y de la agresión como lenguaje político. Si queremos ser ejemplo para nuevas generaciones, el primer paso es simple y difícil a la vez: recuperar el respeto como piso, y reconstruir reglas que valgan más que cualquier persona. En la Nación y en la UNLPam, la pregunta es la misma: ¿vamos a bajar el estándar o vamos a animarnos a gobernar con ejemplaridad?

(*) Emprendedor agro | Asesor y consultor | Formador | Docente, investigador y extensionista | Saliendo de la zona de confort.