Un interés renovado por Medanito y otro ninguneo a la Educación

Una de cal...

La licitación para hacerse cargo de la breve transición en la producción petrolera del área Medanito fue un éxito, al menos parcial. Cuatro empresas de distintos perfiles, tamaños y orígenes mostraron interés en asociarse con la estatal Pampetrol para encarar ese período en el que el Estado provincial y el sector privado se proponen garantizar el mantenimiento de la actividad, sostener las fuentes laborales y preservar las regalías.

No es, desde ya, la licitación de fondo. Tampoco la más importante en términos estratégicos. Pero después de los fracasos conocidos, de las tensiones políticas acumuladas y de los constantes dimes y diretes legislativos y mediáticos, la apertura de sobres dejó una señal distinta: una luz en el horizonte y una posible salida para el día en que Petroquímica Comodoro Rivadavia deje el área.

El dato no es menor. Medanito no es apenas un expediente administrativo ni una discusión técnica reservada a especialistas. Es una pieza clave para la economía provincial, para la actividad del oeste pampeano, para los municipios que dependen de esos recursos y para los trabajadores que miran cada movimiento con una inquietud mucho más concreta que la de los discursos de ocasión.

Por eso, aun con todos los recaudos del caso, el interés empresario marca un cambio de clima. La provincia necesitaba mostrar que la transición no quedaba empantanada en una pulseada sin salida. Y Pampetrol, como empresa estatal, tiene ahora la responsabilidad de conducir ese tramo con transparencia, solvencia técnica y cuidado político, porque cualquier paso en falso puede volver a poner el proceso bajo sospecha.

Este mismo lunes se conocerá la adjudicación, luego de que el directorio de Pampetrol prefiriera guardar en secreto las ofertas. La explicación fue atendible: por cuestiones técnicas, la difusión de los números podía terminar confundiendo a la opinión pública en vez de aportar claridad. En un tema sensible, donde cada cifra puede ser utilizada como arma política, el argumento tiene lógica.

También hubo un dato político que completó la escena. La presencia de la diputada ultraopositora Celeste Rivas, una de las voces que más torpedeó la salida elegida por el oficialismo y sus aliados ocasionales, le dio otro aval al acto administrativo de apertura de sobres. Su participación no borra las diferencias ni cancela el debate, pero sí le suma una cuota de institucionalidad a un proceso que venía golpeado por la desconfianza.

No se trata de una celebración anticipada. En todo caso, el problema empezó a encontrar una vía posible y Pampetrol consiguió atraer interesados, incluso jugadores de peso en el mercado. La transición ya no es un salto al vacío y un tema productivo decisivo para la provincia quedado un poco más cerca de una salida concreta que de otra chicana interminable.

...y una de arena

El presidente Javier Milei aprovechó otra de sus apariciones públicas para atacar otra vez a las universidades y ningunear un sistema que, pese al ajuste, volvió a demostrar potencia social, legitimidad y capacidad de organización.

La ofensiva presidencial contra la educación pública ocurrió en una semana en la que la comunidad universitaria sostuvo un paro docente que se extendió por todo el país y se complementó con clases públicas, jornadas de esclarecimiento y actividades de lucha en distintos ámbitos.

No fue una protesta aislada ni una reacción corporativa. Fue otra señal de alarma frente a un deterioro que se profundiza y que el Gobierno nacional insiste en tratar como si fuera apenas una molestia política.

En La Pampa también se hizo sentir el impacto de la huelga. Las medidas de fuerza, las clases abiertas y las acciones de visibilización pusieron en escena un conflicto que atraviesa a docentes, estudiantes, no docentes, investigadores y familias.

La universidad pública no es una abstracción: forma profesionales, sostiene trayectorias, produce conocimiento, genera arraigo y permite que miles de personas tengan una oportunidad que el mercado jamás les garantizaría.

El ninguneo oficial no es solo presupuestario. También es discursivo. Se recortan recursos, se deterioran salarios, se desconocen leyes y, al mismo tiempo, se pretende deslegitimar a quienes reclaman. Es una maniobra conocida: primero se asfixia al sistema, después se lo acusa de no funcionar y finalmente se usa ese deterioro inducido como excusa para profundizar el ataque.

En ese marco, la ofensiva también incluyó el esclarecimiento sobre el rol del diputado libertario Adrián Ravier, quien además es docente universitario. La contradicción es demasiado visible como para pasar inadvertida: un dirigente que cobra del Estado por su función política en el Congreso y por su tarea supuestamente pedagógica, pero que al mismo tiempo actúa contra la educación pública con una persistencia difícil de disimular.

El caso no es un detalle lateral. Expone una forma de doble discurso que se volvió marca de época: dirigentes que despotrican contra el Estado, pero viven de él; funcionarios que invocan la libertad, pero recortan derechos; representantes que llegaron a una banca por una provincia concreta, pero votan o actúan como si no tuvieran ninguna obligación con la comunidad que dicen representar.

El conflicto amenaza con extenderse e intensificarse si no aparece una respuesta institucional de fondo. La Corte Suprema de Justicia tiene una deuda pendiente: saldar el conflicto y obligar al Poder Ejecutivo a respetar lo que el Congreso convirtió en ley. La democracia no puede funcionar si una norma sancionada por el Parlamento queda sometida al capricho de un gobierno que decide cumplir solo aquello que no incomoda su plan de ajuste.

El Gobierno nacional insiste en maltratar el profundo recurso de la educación pública, que produce conocimiento, movilidad social, ciudadanía y futuro.