La universidad no puede negociar por debajo de la ley

Por Santiago Ferro Moreno

El acta firmada entre el Gobierno nacional, el CIN y los gremios universitarios no resuelve el problema de fondo. Lo administra, dilata y complejiza. Fija aumentos, promete nuevas reuniones, actualiza parcialmente gastos de funcionamiento y suma recursos para becas y hospitales universitarios. Pero no ejecuta plenamente la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Esa diferencia es el centro del problema.

La crisis del sistema universitario es real. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el salario real docente y nodocente de las universidades nacionales cayó 34,2%; el presupuesto universitario vigente para 2026, también medido en términos reales, se ubica 41,6% por debajo del nivel de 2023. La pérdida no es abstracta: se siente en salarios, becas, laboratorios, infraestructura, investigación, hospitales universitarios y funcionamiento cotidiano.

Un acta puede ordenar pagos, plazos y mecanismos de seguimiento. Pero es una herramienta de coyuntura que no puede ocupar el lugar político de una ley vigente. Si eso ocurre, el mensaje es peligroso: cuando el Estado incumple, los sectores afectados deben volver a negociar lo que ya consiguieron institucionalmente.

La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo e insistida luego por ambas cámaras. Su objeto es sostener el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país, incluyendo salarios docentes y nodocentes, funcionamiento, becas, investigación, extensión, infraestructura, equipamiento y auditorías. Es decir, no habla solo de sueldos. Habla de universidad pública como sistema.

El Gobierno sostiene que la ejecución de la ley queda suspendida hasta que se identifiquen fuentes específicas de financiamiento y se incorporen las partidas presupuestarias correspondientes. Ese argumento figura en el Decreto 759/2025 y no conviene ignorarlo. Gobernar implica cuidar las cuentas públicas, pero una restricción fiscal no habilita a incumplir una ley. Si hay un problema presupuestario, debe resolverse con presupuesto, reasignaciones transparentes, debate, reglamentación, controles o, en última instancia, planteos judiciales.

Un presidente puede discutir una ley, vetarla, criticarla o promover otra. Lo que no puede hacer es decidir unilateralmente qué leyes cumple y cuáles quedan en pausa hasta que el contexto le resulte más cómodo. Si esa práctica se naturaliza, el problema deja de ser universitario; mañana puede afectar cualquier derecho, cualquier política pública o cualquier obligación estatal.

También hay una responsabilidad del otro lado de la mesa. El CIN y los gremios no representan solo la urgencia salarial de un mes. Representan condiciones de trabajo, trayectorias estudiantiles, becas, universidades federales y capacidades públicas que tardan décadas en construirse. Su tarea no es únicamente conseguir recursos para atravesar la coyuntura. También deben cuidar el piso institucional que el propio sistema universitario reclamó ante el Congreso.

No toda representación defiende automáticamente a quienes dice representar. No todo acuerdo que baja la tensión cuida el largo plazo. A veces se negocia paz institucional, gobernabilidad interna o tiempo político, mientras docentes, nodocentes y estudiantes siguen absorbiendo el costo real del deterioro.

Hace pocas semanas, el propio CIN, junto con la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, sostuvo que la solución estaba en el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso. Esa posición era correcta. La pregunta, ahora, es si sigue siendo el piso de la negociación o si empezó a quedar desplazada por la necesidad de cerrar un acuerdo.

Este forma de gestionar y cumplir las leyes está deteriorando a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico nacional. A abril de 2026 las remuneraciones de investigadores, personal de apoyo y becas del CONICET acumulaban una pérdida real de 40,4% desde noviembre de 2023. Cuando caen salarios, becas, proyectos y condiciones de trabajo, no solo se ajusta una partida: se debilita una trama de formación avanzada, investigación, transferencia, innovación y capacidad pública.

Siempre es más fácil destruir que construir.

Desde provincias como La Pampa, esto tiene un peso concreto. La universidad pública y el sistema científico forman profesionales, sostienen arraigo, producen conocimiento situado, acompañan al sistema productivo, generan empleo calificado y permiten que muchas familias proyecten futuros que de otro modo serían más difíciles. Debilitar su financiamiento es debilitar una parte de la infraestructura social y territorial del país.

Por eso la discusión no debería cerrarse en cuánto se transfiere ahora, qué porcentaje se incorpora al salario o cuándo vuelve a reunirse la paritaria. La pregunta más importante es qué sistema universitario queremos para los próximos años: uno que enseñe, investigue, rinda cuentas y planifique con reglas claras; o uno obligado a sobrevivir de acta en acta, cada vez más cerca de la resignación.

Financiamiento y control no son enemigos. La universidad debe rendir cuentas, mejorar su gestión y explicar mejor qué hace con los recursos públicos. Pero controlar mejor no puede significar financiar peor. Y exigir transparencia no puede ser una excusa para incumplir una ley.

El Gobierno nacional no puede dejar sin ejecución una ley vigente. Y las conducciones universitarias y gremiales no deberían transformar recursos de coyuntura en renuncia institucional. Pueden negociar formas, plazos, mecanismos y controles. Lo que no deberían negociar es si la ley vale.

Un acta puede servir para ordenar la emergencia. Pero si se firma por debajo de la ley y se presenta como salida suficiente, el alivio puede terminar saliendo demasiado caro.