La resistencia federal y el toma y daca de la casta

Una de cal…

El Día de la Independencia fue para La Pampa un nuevo grito de su resistencia federal, en un contexto de ataque abierto por parte de un Gobierno nacional libertario y centralista que pisotea derechos, desfinancia a las provincias y, además, incumple hasta los compromisos que firma.

Desde Bernasconi, la gestión pampeana hizo una encendida defensa del interés de las provincias, entendida no como el devenir de sus autoridades ni como la mera supervivencia de sus instituciones, sino esencialmente como la posibilidad concreta de que sus poblaciones vivan con dignidad.

El mensaje tuvo un destinatario evidente. Mientras en las grandes ligas se cocina un nuevo pacto de conveniencias, al que se suman gobernadores dispuestos a negociar respaldo político a cambio de auxilios selectivos, el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, expuso la mirada de la administración de Sergio Ziliotto sobre el presente.

"La variable de ajuste no puede ser el interior del país", planteó en el acto oficial, una definición que describe el núcleo del conflicto. Una economía paralizada, familias endeudadas, fábricas y pequeñas y medianas empresas que cierran y un consumo derrumbado por el ajuste.

El modelo pampeano, que reivindica la presencia del Estado y también la organización de la propia comunidad, constituye en sí mismo un proyecto político contrario al que se pretende imponer desde el poder central con obvia amabilidad imperial.

No se trata solamente de administrar de otra manera, sino de disputar una idea de país: una en la que el Estado garantiza derechos, compensa desigualdades y sostiene el desarrollo territorial, frente a otra que concentra recursos, abandona funciones y pretende convertir a las provincias en convidadas de piedra.

Los hechos de esta semana volvieron a demostrar que la agresión no es retórica. Nación incumplió en junio el pago de una cuota de 5.000 millones de pesos correspondiente al acuerdo por el déficit previsional, firmado luego de la intervención de la Corte Suprema. No es una dádiva, ni un favor político, ni una transferencia discrecional: es el reconocimiento parcial de una deuda legal con una provincia que sostuvo con recursos propios su sistema jubilatorio.

La secuencia es obscena. El Gobierno nacional reconoce la obligación, firma el acuerdo, comienza a pagar y vuelve a incumplir. La misma administración que pontifica sobre el respeto a los contratos desconoce los propios cuando el acreedor es una provincia que no se arrodilla. La Pampa, además, no recibió un solo peso en Aportes del Tesoro Nacional durante 2026: los recursos ingresados hasta mayo provinieron casi exclusivamente del acuerdo previsional obtenido mediante el reclamo judicial, no de una concesión graciosa de la Casa Rosada.

Aunque algunos brazos se quiebran y ciertas provincias se arrodillan ante el látigo y la billetera del poder central, la postura pampeana sigue siendo otra. A partir de sus planteos institucionales y de sus gestos concretos, sostiene la defensa del interés provincial, que no es el de una administración de turno: es el de su comunidad y, por eso mismo, también el de la patria.

…y una de arena…

A contramano de la mirada provincial sobre la patria, las referencias centrales del régimen libertario —entre las cuales ahora se cuela el flamante vocero presidencial Adrián Ravier— tiraron la casa por la ventana para festejar el Día de la Independencia. No el de la Argentina, claro, sino el de los Estados Unidos de América.

Javier Milei se convirtió incluso en el primer presidente argentino en participar de esa celebración en la residencia del embajador norteamericano: concurrió acompañado por buena parte de su gabinete, bailó al ritmo de Y.M.C.A. y compartió el escenario con el representante de Washington. Una puesta en escena vergonzosa, cargada de sobreactuaciones, genuflexiones y gestos de sumisión como nunca antes se habían visto en la historia del país.

Después, esos mismos personajes se quitaron por unas horas el disfraz de colonia y se aplicaron el maquillaje nacional para protagonizar en la Casa Histórica de Tucumán otro capítulo de la entrega y el saqueo. Allí, Milei presentó como supuestos garantes de una "segunda Independencia" los mismos proyectos que despojan a la Nación de soberanía económica y política, ponen sus recursos naturales a disposición de los grandes capitales y rematan su patrimonio estratégico.

La escena estuvo cargada de un cinismo difícil de disimular. El Presidente habló de quitar "la bota del cuello" a las provincias mientras su Gobierno les retiene fondos, incumple acuerdos y utiliza la billetera nacional como instrumento de disciplinamiento.

Reivindicó el RIGI, la modificación de la Ley de Glaciares, la explotación intensiva de los recursos naturales y un denominado "súper-RIGI", mientras convocaba a los gobernadores a renovar sus votos con el Pacto de Mayo y a garantizarle los números necesarios en el Congreso.

También puso entre sus prioridades el recorte del régimen de Zona Fría y nuevas reformas sobre el Banco Central, la propiedad privada y la llamada Inocencia Fiscal. Todo fue presentado bajo el ropaje de la libertad, aunque el resultado concreto sea menos autonomía nacional, mayor extranjerización y una profundización del ajuste sobre los sectores populares.

Lo más triste es que, en ese proceso de exacerbado cipayismo, el Gobierno logra la complicidad de sectores políticos provinciales que formalmente pertenecen a partidos populares, fuerzas que forjaron otra historia y difundieron otros valores. Gobernadores que invocan el federalismo en sus territorios, pero viajan a Tucumán para posar junto a quien los asfixia, negocian por separado y cambian votos legislativos por fondos que legítimamente les corresponden.

El toma y daca libertario —que es, en definitiva, el de la casta— tiene ahora en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a uno de sus operadores centrales. Su designación no es casual: pasó de dirigente peronista a figura del PRO y de allí a funcionario indispensable del mileísmo, siempre con la plasticidad necesaria para cambiar de bandera y garantizarse caer parado.

Ahora tiene la misión de aceitar la relación con los gobernadores, cosechar apoyos y destrabar las reformas que el oficialismo necesita imponer en el Parlamento.

Queda por verse si el pacto a espaldas del pueblo termina de hacerse realidad o si, alguna vez, el Congreso se comporta a la altura de sus responsabilidades institucionales. Hasta ahora, demasiadas voluntades cambiaron de posición después de una visita a la Casa Rosada, una transferencia o una promesa. Demasiados capítulos de aquella vieja "Banelco" que la nueva política decía venir a desterrar, pero que la casta libertaria perfeccionó y convirtió en método de gobierno.