La basura bajo la alfombra y otra traición en el Congreso
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Una de cal...
La adjudicación a Ribeiro SRL para asociarse durante ocho meses con Pampetrol en la explotación de Medanito no resuelve por sí sola el futuro petrolero de La Pampa, pero abre una puerta concreta en una discusión que venía cargada de incertidumbre.
La empresa pampeana fue considerada como la autora de la oferta más conveniente y, además, aparece mejor posicionada que otros actores por su presencia territorial en 25 de Mayo, su plantel de más de 600 trabajadores y trabajadoras y la disponibilidad de equipamiento propio.
Ese dato no es menor. En una actividad donde la logística, la capacidad operativa y el conocimiento del terreno pesan tanto como los números de una propuesta, Ribeiro SRL llega con una ventaja evidente: está en el lugar, conoce el área y tiene estructura para hacerse cargo de una transición delicada.
No se trata de una concesión plena ni de una etapa de grandes inversiones, sino de un puente necesario entre la salida de Petroquímica Comodoro Rivadavia y la futura licitación por 25 años.
El gerente de Ribeiro, Juan Ponce, lo planteó como un primer paso posible hacia la competencia mayor: la concesión definitiva de Medanito. Si Ribeiro SRL logra sostener la operación durante estos ocho meses, mantener las fuentes laborales, asegurar el pago de regalías al Estado provincial, a los municipios y a las comisiones de fomento, y evitar que la infraestructura pierda valor, habrá ganado algo más que una adjudicación transitoria. Habrá mostrado capacidad para discutir un lugar en la etapa larga.
La clave, por ahora, no estará en prometer inversiones que esta transición no contempla, sino en cuidar lo existente. Sostener producción, empleo, regalías y activos estratégicos ya es, en este contexto, una tarea relevante.
Medanito no puede quedar en pausa ni convertirse en una ficha de disputa política mientras se define su futuro. Necesita continuidad operativa, previsibilidad institucional y una discusión pública seria sobre el desarrollo petrolero de la provincia.
En ese marco, la decisión de permitir la participación virtual en la audiencia pública del 12 de junio en 25 de Mayo también suma. Amplía el acceso y reduce excusas. Más voces podrán intervenir, no solo quienes puedan estar físicamente en la localidad. Es una respuesta razonable frente a planteos que, más que mejorar el debate, parecen buscar su suspensión.
La audiencia debe hacerse. Y debe servir para conocer la realidad ambiental, productiva y laboral del área, no para trabar por reflejo una discusión estratégica. Medanito necesita control, información y participación, pero también una salida productiva que permita garantizar empleo, regalías y desarrollo para una zona clave de La Pampa.
...y una de arena
El Procurador General del Poder Judicial pampeano, Mario Bongianino, quedó mal parado con una intervención que parece haber agregado más ruido que soluciones a una crisis que ya nadie desconoce. Su decisión de anular una resolución de la Defensoría General no fortaleció el funcionamiento del sistema: más bien expuso la tensión interna y la falta de respuestas concretas frente a un problema que afecta a una de las áreas más sensibles del servicio de justicia.
El defensor general, Martín Saravia, había dispuesto una reorganización de la atención en las defensorías de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Victorica. La medida no apuntaba a restringir derechos ni a alejar la justicia de la comunidad, sino a ordenar recursos escasos. La idea era evitar el colapso, distribuir mejor las jornadas de atención y permitir que los equipos pudieran coordinar otras tareas indispensables para sostener el trabajo cotidiano.
En lugar de atender el fondo del problema, Bongianino eligió marcar autoridad. Dejó sin efecto la resolución y recordó que ninguna decisión de ese tipo puede adoptarse sin pasar antes por su mirada.
El gesto tuvo más de autoempoderamiento que de solución institucional. Porque una cosa es ordenar competencias dentro del organigrama judicial y otra muy distinta es usar esa jerarquía para tapar una crisis que sigue ahí, a la vista de todos.
La falta de recursos en las defensorías no es una discusión administrativa menor. Es un problema que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables, los que necesitan una justicia cercana, accesible y capaz de dar respuestas.
Cuando una defensoría no tiene estructura suficiente, no se resiente la comodidad de los despachos: se resiente el derecho de personas concretas a ser acompañadas, asesoradas y defendidas.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la necesidad de que el Ministerio de la Defensa tenga autonomía respecto de la Procuración. La defensa pública y la acusación no tienen la misma función, ni los mismos objetivos, ni siempre los mismos intereses institucionales. Pretender que todo quede bajo una misma conducción ya mostró sus límites, y este contrapunto lo dejó aún más expuesto.
Lo más grave es que el diagnóstico no sorprende a nadie. En el Poder Judicial, desde sus trabajadores hasta la cúspide del Superior Tribunal de Justicia, conocen la situación. También la conocen en el Poder Ejecutivo y en la Legislatura. Nadie discute demasiado los planteos públicos de las defensorías. Pero las soluciones no aparecen.
Por eso la intervención del Procurador no alcanza para tapar el sol con la mano. Puede anular una resolución, puede reivindicar su autoridad y puede recordarle a la Defensoría quién firma primero. Lo que no puede hacer es esconder la crisis de recursos ni resolver, con un gesto de poder, la demanda de justicia de quienes menos margen tienen para esperar.
