Opinion

La potencia de las audiencias públicas y la sinvergüenzada de la peor casta

La audiencia pÃblica por El Medanito realizada en 25 de Mayo
La audiencia pública por El Medanito, realizada en 25 de Mayo.
El área Medanito y los loteos en Santa Rosa son dos cuestiones de interés público que generan debates y tensiones y que encuentran en una herramienta democrática la posibilidad de acercar al Estado y la comunidad. El Caso Adorni y el rol de referentes pampeanos, exhibe la impunidad y el descaro como modus operandi del ejercicio del poder por parte de la tribu libertaria.

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

En una misma semana, La Pampa quedó frente a una herramienta a la que no está demasiado acostumbrada, pero que por su sola existencia deja a la vista la riqueza institucional que puede aportar.

Las audiencias públicas por Medanito, realizada en 25 de Mayo el viernes de la semana que se fue, y la convocada para este martes con el objetivo de poner bajo la lupa el loteo que propone el Santa Rosa Rugby, abren una puerta valiosa para transparentar decisiones y acercar la mirada dirigencial a la de la comunidad.

No se trata de una mera formalidad. En tiempos en los que buena parte de la vida pública parece resolverse entre expedientes, despachos, comunicados y decisiones ya cocinadas, la posibilidad de escuchar voces diversas ofrece una bocanada de aire democrático. Una audiencia pública no reemplaza a las instituciones ni convierte cada decisión en una asamblea permanente, pero introduce una instancia de participación que obliga a explicar, fundamentar y escuchar.

Ahí reside buena parte de su potencia. En ambos casos, más allá de las dudas, tensiones o incluso requisitos exagerados que pudieron haberse impuesto en alguna de las convocatorias, la herramienta habilita una democratización de la toma de decisiones y también del discurso público. Permite que se mezclen miradas populares, inquietudes de vecinos y vecinas comunes, preocupaciones territoriales y aportes técnicos de especialistas, organismos estatales o actores directamente involucrados.

Ese cruce no siempre es cómodo, pero suele ser saludable. La vida democrática no se fortalece cuando todos repiten lo mismo, sino cuando las diferencias pueden expresarse en un ámbito reconocido, con reglas claras y con la obligación de que alguien del otro lado escuche.

Las audiencias públicas tienen una virtud doble: acercan a la ciudadanía a los mecanismos de decisión gubernamental y, al mismo tiempo, obligan a las autoridades a mirar de frente las demandas, intereses y prioridades de quienes se preocupan por la cosa pública.

La toma de decisiones estatales suele estar atravesada por burocracias, normativas, tiempos administrativos, reglas y negociaciones que muchas veces resultan opacas para la población. Una audiencia pública, si está bien organizada, puede ayudar a que esos mecanismos se vuelvan más comprensibles, menos lejanos y menos sospechados. No porque toda explicación convenza, sino porque al menos obliga a poner sobre la mesa los fundamentos de lo que se pretende hacer.

La Pampa necesita naturalizar más estos ejercicios. No para demorar indefinidamente cada decisión ni para convertir cada política pública en una pulseada interminable, sino para mejorar la calidad de las decisiones. La audiencia pública, con sus límites y tensiones, recuerda algo elemental: la democracia no se agota en votar cada tanto, ni la representación política autoriza a gobernar de espaldas a la sociedad.

Lo ocurrido con Medanito y lo que se abre con el debate por el loteo del Santa Rosa Rugby merece ser leídos como una señal positiva. Hay allí una oportunidad para transparentar, discutir, escuchar y corregir. Una forma de ahuyentar la idea de que las decisiones públicas se conocen cuando ya parecen estar tomadas.

…y una de arena…

El despliegue cargado de excusas por parte del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, resultó tan descarado que hasta uno de sus aliados más arrastrados de La Pampa, el diputado nacional por el PRO violeta Martín Ardohain, salió a pedirle la renuncia después de haberlo defendido a capa y espada en el proceso que sacó a cielo abierto vergonzosos hechos de corrupción.

Ardohain y su colega libertario Adrián Ravier se habían puesto la camiseta de Adorni cuando tuvieron la oportunidad de hacer pesar la legitimidad del Congreso para que el funcionario diera en ese ámbito las explicaciones públicas que la comunidad merecía. No lo hicieron. Eligieron el encubrimiento político, la obediencia automática y el silencio conveniente. Pero la reaparición del jefe de Gabinete, con excusas entre infantiles y bizarras, terminó de condenarlo.

Adorni quedó a merced no ya de sus críticos de siempre, sino de quienes lo acompañaron mientras creyeron que el costo podía administrarse. Como reza el sabio refrán, las ratas huyen cuando el barco se hunde. Y el reproche, en el fondo, ni siquiera parece demasiado ético: más bien le facturan no haber tenido al menos la inteligencia de presentar una novela un poco más verosímil que dibuje su injustificado patrimonio.

El desempeño del gobierno nacional que llegó al poder con la promesa de terminar con la casta ha sido, en ese sentido, un fracaso absoluto. Pocas veces se observó semejante nivel de transparencia en el ejercicio de la chantada y la impunidad. La motosierra moral con la que prometieron limpiar la política terminó convertida en una coartada berreta para justificar lo mismo que decían venir a destruir.

No se trata de un individuo aislado ni de un error comunicacional. Es un modus operandi. Desde el Caso Libra hasta el modo en que la Fundación Faro de Ravier cosechó sus recursos de campaña, pasando por el 3% que se rebanaban del área de Discapacidad y por los personajes que se sienten "inocentes fiscales", todo parece ser parte de un pantano lastimoso.

Un lodazal que pretende arrastrar a funcionarios y ciudadanos al mismo barro, todos manoseados, todos igualados hacia abajo, todos obligados a aceptar que la trampa es apenas una forma más de la viveza.

Esa es una de las mayores obscenidades políticas de este tiempo: la pretensión de convertir el cinismo en doctrina. Hacer creer que nada importa, que todo puede explicarse con una frase canchera, que cualquier denuncia se licúa con agresiones, que la corrupción solo existe cuando la cometen los otros y que la transparencia es una exigencia reservada para el adversario.

La peor casta no es necesariamente la que más años lleva en el Estado. La peor casta es la que llega en nombre de la pureza, reparte certificados de decencia, señala con el dedo a todo el mundo y después se revuelca en los mismos privilegios que decía combatir. Es la que denuncia curros ajenos mientras arma los propios. La que exige sacrificios al resto mientras se reserva una ventanilla, una excepción o una coartada. La que grita contra la impunidad hasta que la impunidad le toca la puerta de su propio despacho.

La sinvergüenzada no está solo en los hechos, sino en la pretensión de explicarlos como si la ciudadanía fuera idiota. Ahí se termina de romper el contrato moral que el oficialismo quiso vender como novedad histórica. No vinieron a terminar con la casta: vinieron a demostrar que podían encarnarla con menos pudor y más marketing.

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