Reivindicación de una calidad de vida, tristeza por una tragedia que no era inevitable

Una de cal...

El dato merece ser atendido. La Fundación Tejido Urbano elaboró un ranking sobre los mejores hábitats urbanos del país y dos ciudades pampeanas quedaron ubicadas en la parte alta de esa medición: General Pico y Santa Rosa-Toay.

El informe tomó como base datos del Censo Nacional 2022 y construyó un Índice de Hábitat Urbano que permite comparar distintas realidades urbanas a partir de variables vinculadas con vivienda, hacinamiento, acceso a servicios, condiciones de habitabilidad y seguridad en la tenencia. 

En ese relevamiento, General Pico apareció en el tercer lugar nacional y Santa Rosa-Toay en el sexto, por encima de la media argentina y junto a un grupo de ciudades intermedias que muestran mejores condiciones generales para vivir.

La noticia no elimina los problemas cotidianos ni clausura las miradas críticas de quienes habitan esas ciudades. Sería absurdo pretenderlo. En Santa Rosa y en General Pico hay reclamos por servicios, tránsito, vivienda, mantenimiento urbano, acceso a derechos y desigualdades que siguen presentes. La mirada vecinal, muchas veces áspera y cuestionadora, también forma parte de la realidad.

Pero esa crítica cotidiana no impide reconocer un dato más amplio: en comparación con otras ciudades del país de tamaño similar, ubicación geográfica comparable o dinámicas económicas parecidas, las dos principales ciudades pampeanas muestran una situación más saludable. Hay allí una acumulación histórica, social e institucional que no debería ser despreciada.

En los últimos años, además, ese escenario estuvo acompañado por una fuerte inversión pública provincial, especialmente en infraestructura, servicios y obras que modificaron sectores importantes de Santa Rosa y General Pico. A eso se suma la acción de los gobiernos locales, con sus diferencias políticas, sus estilos propios y sus prioridades. 

La gestión de Luciano di Nápoli en Santa Rosa puso especial énfasis en el espacio público, la recuperación de lugares de uso comunitario y una idea de ciudad más vinculada al encuentro. En General Pico, la gestión de Fernanda Alonso consolidó una marca asociada a la vida cultural, al acompañamiento a trabajadores y trabajadoras del arte, a la multiplicación de espectáculos y a proyectos simbólicos como la decisión de avanzar con una orquesta propia.

Ese reconocimiento, sin embargo, no debería funcionar como una palmada de conformismo. Al contrario: debería obligar a cuidar lo que todavía distingue a las ciudades pampeanas. La tranquilidad, el ritmo propio, la cercanía entre las personas, la posibilidad de reconocerse en la calle, la escala humana y cierta resistencia a correr detrás de cualquier moda presentada como "modernización" son parte de un patrimonio urbano, social y cultural que también merece ser defendido.

No todo desarrollo es automáticamente progreso. Y no toda "modernización" mejora la vida de una comunidad. El debate actual sobre barrios privados, expansión urbana, desigualdad territorial, inversiones externas y modelos de crecimiento debería darse con esa advertencia sobre la mesa.

La clave, entonces, no pasa por cerrar la puerta a toda transformación, sino por definir colectivamente qué tipo de desarrollo se quiere, para quiénes y a qué costo. Las autoridades provinciales y municipales, junto con sus comunidades, tienen ahí una responsabilidad concreta: sostener las tradiciones urbanas valiosas, corregir las desigualdades existentes y decidir hasta dónde la modernización mejora la vida cotidiana y desde dónde empieza a deteriorarla.

...y una de arena

Una contracara de esa calidad de vida aparece, brutal y dolorosa, en la tragedia del Bajo Giuliani. En la semana que se fue, una camioneta cayó al agua en la zona del cruce de las rutas 35 y 14. Cuatro mujeres murieron. El hecho dejó una tristeza irremontable y una certeza incómoda: no alcanza con hablar de fatalidad cuando había señales previas de que algo así podía ocurrir.

Como en todo siniestro vial, habrá que esperar pericias, reconstrucciones y responsabilidades concretas. Puede haber existido una desatención, una mala maniobra, exceso de velocidad o algún componente atribuible al error humano. Pero reducir la tragedia a eso sería una forma demasiado cómoda de mirar hacia otro lado. Porque el lugar tiene problemas evidentes: mala señalización, iluminación insuficiente, una geografía confusa y una intersección que, especialmente de noche, puede transformarse en una trampa.

Lo más grave es que no faltaban advertencias. Hace pocas semanas, en horario diurno, otro vehículo terminó en el agua en una situación similar y su conductor pudo ser rescatado. Aquello debió funcionar como un aviso urgente. También hubo reclamos de la Fundación Estrellas Amarillas, que viene señalando desde hace tiempo la gravedad de la siniestralidad vial y la necesidad de tomar decisiones concretas. Nada de eso alcanzó para que se actuara antes de la tragedia.

La burocracia aparece, otra vez, como una de las grandes responsables. El Gobierno provincial sostiene que no puede intervenir en esa zona sin autorización del Gobierno nacional, por tratarse de un cruce que involucra una ruta nacional. Pero el resultado de esa maraña administrativa es conocido: mientras una jurisdicción espera, la otra abandona, y en el medio quedan las vidas de quienes transitan.

La desidia nacional en materia vial no es nueva. La red caminera del país viene acumulando señales de deterioro, falta de mantenimiento y ausencia de obras básicas. Otra tragedia ocurrida meses atrás en la Ruta 151 ya había mostrado con crudeza el desinterés del Gobierno nacional por la seguridad en las rutas. El mensaje parece ser siempre el mismo: no hay plata, no hay prioridad, no hay urgencia. Hasta que hay muertos.

La responsabilidad nacional no absuelve a la Provincia. Si de verdad quiere diferenciarse de esa lógica de abandono, no puede limitarse a explicar lo que no le dejan hacer. Tiene que empujar, reclamar, insistir, exponer públicamente la situación y, sobre todo, activar todas las herramientas que sí están bajo su órbita. Una de ellas es el Consejo Provincial de Tránsito, paralizado como si la seguridad vial fuera un asunto secundario y no una de las principales causas de muerte en la comunidad.

La posible tragedia en el Bajo Giuliani era comentario entre vecinos, vecinas y personas que transitan habitualmente por la zona. Había un caldo de cultivo visible: oscuridad, confusión, mala lectura del camino y ausencia de medidas preventivas elementales. No hacía falta una gran obra para empezar a reducir riesgos. Hacían falta señales claras, iluminación adecuada, advertencias firmes, presencia estatal y decisión política.

Por eso el dolor es todavía más insoportable. Porque no se trata solo de una desgracia. Se trata de una tragedia evitable. Y cuando una tragedia evitable ocurre después de avisos previos, después de reclamos públicos y después de antecedentes concretos, la palabra fatalidad queda demasiado chica. Lo que aparece es una cadena de ausencias, demoras y desinterés que ningún expediente puede disimular.