La pelea por la soberanía y un barrio popular en riesgo

Una de cal…

La reacción de la comunidad, expresada en distintos puntos del país y de manera transversal, consiguió ponerle un freno a una avanzada que parecía encaminada. El poder libertario pretendía facilitar la extranjerización de la tierra, pero esta vez chocó contra una sensibilidad social que excedió partidos, pertenencias y geografías.

Hubo algo que se activó en torno de una palabra que muchas veces el discurso político vacía de contenido: soberanía.

Quizás el punto de inflexión haya sido aquella imagen de los jugadores de la Selección argentina exhibiendo la bandera que reivindica la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. Lo que podía parecer apenas un gesto simbólico terminó enlazándose con algo más profundo.

Se despertó un sentimiento patriótico que atravesó edades, sectores sociales y representaciones políticas, y que colocó otra vez en primer plano la defensa del territorio, de los recursos y de ciertas identidades y pertenencias que no deberían quedar sometidas a la lógica del mejor postor.

El Gobierno nacional quedó mal parado frente a esa reacción. Porque mientras desde la Casa Rosada se insiste con que prácticamente todo puede convertirse en mercancía, la movilización social recordó que hay bienes que contienen otra dimensión. La tierra no es solamente una hectárea con precio de mercado. Es producción, identidad, soberanía alimentaria, recursos naturales, historia y también capacidad de decidir sobre el propio territorio.

Las componendas habituales para conseguir votos cómplices le alcanzaron al oficialismo para sacar adelante un proyecto mutilado, bastante lejos de la pretensión original. Pero en el camino se le cayó precisamente el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y también debió retroceder con la afectación prevista sobre el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

No fue una concesión espontánea ni un rapto de sensatez libertaria. Hubo presión social, movilización, pronunciamientos públicos y una discusión que consiguió romper el cerco con el que muchas veces se pretenden presentar las decisiones oficiales como hechos inevitables.

Ese quizá sea el dato político más valioso. Ningún gobierno, ni siquiera uno que hace de su desprecio por lo colectivo una bandera, resulta completamente impermeable cuando una parte significativa de la sociedad decide hacerse escuchar. Las calles, las organizaciones y los ámbitos democráticos siguen siendo herramientas capaces de condicionar al poder.

Y también, hasta cierto punto, quedó reivindicado el Congreso como espacio de representación. En tiempos en los que se naturalizan acuerdos de ocasión, favores cruzados y votos negociados como mercancías, quedó demostrado que el Poder Legislativo también puede funcionar como dique y corregir proyectos que lesionan intereses colectivos.

No alcanza para idealizar lo ocurrido ni para imaginar que la batalla está ganada. Pero sí deja una enseñanza sencilla y potente: cuando la sociedad convierte un tema en causa común, la política escucha. A veces por convicción. Muchas otras, porque no le queda más remedio.

…y una de arena…

Pero el territorio también está en disputa acá, a la vuelta de la esquina. Y cuando la discusión deja de transcurrir a cientos de kilómetros, entre discursos parlamentarios y grandes conceptos, aparecen las incomodidades. El caso del barrio popular Chakra Raíz, sobre el que pesa una orden judicial de desalojo, exige algo más que observación distante: necesita un posicionamiento político.

Durante el tratamiento del proyecto pomposamente bautizado como de "inviolabilidad de la propiedad privada", hubo voces en el Congreso que advirtieron con claridad sobre los riesgos de consagrar mecanismos de desalojo exprés, desentendidos de la situación concreta de las familias, de la función social de la tierra y de derechos elementales que el Estado debe garantizar. Fueron argumentos atendibles y necesarios. El problema aparece cuando esos mismos principios tienen que aplicarse fuera del recinto y sobre un conflicto cercano.

Chakra Raíz lleva años atravesando una disputa en la que la Municipalidad de Toay, y particularmente el intendente Ariel Rojas, han mostrado una actitud ofensiva hacia ese espacio. Hubo momentos en que esa persistencia adquirió incluso cierta impronta de revancha frente a un colectivo que resistió distintas embestidas, sostuvo su organización y consiguió también sortear acusaciones de naturaleza penal con las que se intentó envolver el conflicto.

Ahora la situación ingresó en una instancia mucho más delicada. Durante la semana que pasó, integrantes del barrio llevaron su reclamo hasta la Casa de Gobierno porque entienden que tanto el Poder Ejecutivo provincial como la Legislatura tienen algo para decir y, sobre todo, algo para hacer. No se trata de una abstracción jurídica: un eventual desalojo podría dejar en la calle a diez familias, entre ellas quince niños y niñas.

La propiedad constituye un derecho. Pero tampoco existe en el vacío, aislada de cualquier otra consideración social, histórica o humana. Precisamente allí aparece la política: en la capacidad de intervenir cuando la aplicación mecánica de una norma amenaza con producir consecuencias que después nadie parece dispuesto a asumir.

Por eso el caso interpela especialmente a los sectores nacional-populares que en el Congreso levantan la voz contra los desalojos acelerados, cuestionan la supremacía absoluta del derecho de propiedad y reivindican la obligación estatal de proteger a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.

Es relativamente sencillo sostener esos valores frente a un gobierno libertario que ofrece el contraste perfecto. Mucho más exigente es hacerlo cuando la situación ocurre dentro de las propias fronteras políticas y territoriales. La coherencia también se mide ahí.

Porque si la tierra representa soberanía cuando se discute su extranjerización, también representa arraigo, vivienda y comunidad cuando diez familias pelean por no ser expulsadas del lugar que habitan. Y si los derechos son realmente principios, no pueden depender de quién gobierna, de quién reclama ni de qué lado de la avenida ocurre el conflicto.

Chakra Raíz pone esa coherencia sobre la mesa. Y obliga a elegir entre convertir ciertos discursos en convicciones o dejarlos apenas como buenas palabras para pronunciar cuando el adversario está lejos.