Defensa (casi) unánime del interés provincial y más espasmos de violencia institucional

Una de cal...

La comunidad pampeana y la enorme mayoría del sistema político que la representa reaccionaron con rapidez frente a una nueva avanzada del gobierno de Javier Milei sobre derechos y recursos que pertenecen a la provincia.

Esta vez, mediante un decreto que pretende borrar de un plumazo una normativa sostenida durante años y que reconoce a La Pampa el derecho a percibir regalías por la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles, un complejo que produce energía gracias al agua del río Atuel.

La decisión presidencial no puede separarse del vínculo político que Milei mantiene con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Pero, más allá de ese alineamiento coyuntural, constituye otro capítulo de una historia demasiado conocida para pampeanas y pampeanos: la apropiación de un recurso interprovincial y las consecuencias económicas, ambientales y sociales que produjo durante décadas el corte del río.

Sobre esa herida todavía abierta, ahora el Gobierno nacional pretende avanzar también sobre los derechos económicos reconocidos a La Pampa.

Frente a semejante atropello, es saludable que hasta cierto punto las diferencias partidarias hayan quedado, al menos por un momento, en un segundo plano.

La medida es insostenible desde cualquier perspectiva: jurídica, institucional, política, histórica y hasta desde el más elemental sentido común. Por eso el rechazo atravesó prácticamente todo el arco político provincial y volvió a mostrar que la defensa de los recursos hídricos pampeanos dejó hace mucho tiempo de pertenecer a un gobierno o a un partido para convertirse en una cuestión de Estado.

Distintos tonos y momentos eligieron las fuerzas partidarias para expresar su posición: con mayor velocidad o con algún remoloneo, con alguna moderación o a fondo, se hizo tronar la resistencia contra el decretazo libertario.

La excepción, o al menos el silencio más estridente, volvió a correr por cuenta del vocero presidencial Adrián Ravier. Atrapado entre la obligación de defender al Gobierno nacional del que forma parte y el costo político de justificar ante sus comprovincianos una medida que perjudica directamente a La Pampa, eligió el mutismo.

No parece tener demasiado margen: hablar implica confrontar con una posición provincial ampliamente compartida; callar supone aceptar que, cuando los intereses de la Casa Rosada chocan con los de La Pampa, su lugar está definido de antemano.

Lo que está muy claro es que la cuestión del Atuel ya no habita solamente expedientes judiciales, escritorios oficiales o discursos protocolares. Está incorporada a la memoria colectiva de una provincia que conoce las consecuencias concretas de haber sido privada de su río. Es una causa que atraviesa generaciones, gobiernos y pertenencias políticas porque detrás de cada planteo jurídico hay pueblos, economías, territorios y vidas transformadas por esa ausencia.

Por eso, frente a una ofensiva autoritaria y profundamente antifederal, que La Pampa pueda responder con una voz prácticamente común no es un detalle. Es la expresión de una comunidad que aprendió que sus derechos no se preservan solos y que, cuando se trata de defender aquello que le pertenece, las diferencias circunstanciales deberían importar bastante menos que el interés provincial.

...y una de arena...

En la semana que se fue, distintos ámbitos institucionales bajo responsabilidad de la Provincia exhibieron espasmos de situaciones violentas, abusivas o directamente incompatibles con el respeto de derechos elementales.

Tomados de manera aislada podrían presentarse como episodios excepcionales; observados en conjunto, obligan a encender una señal de alarma. Porque cuando determinadas prácticas empiezan a reiterarse, dejan de ser solamente excesos individuales y se convierten en un riesgo para la convivencia democrática.

El caso más visible fue la golpiza que sufrió un docente después de un operativo policial iniciado en la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa, que derivó en una persecución y en denuncias de torturas. El episodio vuelve a mostrar que, en determinadas circunstancias, a la Policía pampeana parece disparársele el ADN de sus peores momentos, aquellos en los que las fuerzas de seguridad fueron utilizadas como herramientas de disciplinamiento y para acallar disidencias.

Precisamente por esa historia, no alcanza con una investigación burocrática ni con dejar que el expediente transite lentamente los carriles habituales. El Poder Judicial deberá esclarecer las responsabilidades y actuar en consecuencia, pero también las autoridades políticas tienen una obligación indelegable: determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades dentro de la fuerza y dar una respuesta ejemplar que impida que semejantes prácticas encuentren espacio para repetirse.

Otra postal preocupante apareció en la Alcaidía de General Pico. Allí, una intervención de la Defensoría General permitió detectar las condiciones inhumanas en las que permanecían personas detenidas, bajo maltrato y despojadas de elementos y derechos básicos.

La privación de la libertad dispuesta por la Justicia no supone la pérdida de la dignidad ni habilita al Estado a someter a nadie a condiciones degradantes. Ese principio debería resultar obvio, pero cuando hace falta que un organismo intervenga para recordarlo, el funcionamiento institucional merece ser revisado.

Un tercer episodio, de características diferentes pero atravesado también por la forma en que el Estado ejerce su poder, fue el conflicto conocido públicamente como el caso del "bebé de Rancul".

Más allá de la discusión judicial, de las competencias de cada organismo y de la legalidad de las decisiones adoptadas, fueron poco felices los modos elegidos para concretar la entrega del bebé en adopción. Tener razón desde el punto de vista normativo o contar con una resolución que habilite un procedimiento no convierte cualquier método en aceptable.

El Estado no puede comportarse como una maquinaria ciega, preocupada únicamente por cumplir una orden sin reparar en las personas sobre las que esa decisión impacta. Mucho menos cuando están en juego vínculos afectivos, niñas o niños, situaciones de extrema sensibilidad o personas en condiciones de vulnerabilidad. La legalidad es indispensable, pero también lo son la proporcionalidad, el cuidado y la humanidad con que se la aplica.

Los tres episodios son distintos y no corresponde meterlos en una misma bolsa. Pero tienen un denominador común: muestran zonas en las que el Estado provincial debe mirarse a sí mismo con mayor rigor. Gobernar también es controlar a quienes ejercen autoridad en su nombre, corregir desviaciones, impedir abusos y garantizar que ninguna razón de procedimiento termine convirtiéndose en una excusa para vulnerar derechos.

Un Estado que reclama, con razón, respeto frente a los atropellos del poder nacional debe ser igualmente exigente cuando el poder que puede atropellar es el propio.