La campaña desde la gestión y otro festival de los derrapes
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
La elección de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) dejó esta vez una señal saludable: hubo competencia, participación, fiscalización y un resultado claro. Después de una campaña atravesada por cruces duros y contrapuntos mediáticos, las urnas ordenaron la discusión y otorgaron a la lista Celeste Violeta–23 de Mayo una victoria contundente en la Seccional Santa Rosa.
La transparencia constituía uno de los puntos centrales de la disputa, porque cuatro años atrás los comicios habían quedado embarrados por la propia conducción, que dejó dudas sobre el modo en que interpretó los votos.
Aquella controversia terminó judicializada y el dictamen estableció que no existían cuestiones para revisar. Sin embargo, la resolución formal no alcanzó para disipar una sospecha de fraude que acompañó durante años al oficialismo sindical.
Esta vez no quedó margen para esa discusión. La diferencia fue amplia, el resultado no ofreció zonas grises y la legitimidad de la conducción electa quedó asentada sobre una expresión concreta de las afiliadas y los afiliados.
En tiempos en que desde el poder nacional se intenta presentar al sindicalismo como una estructura cerrada y ajena a sus bases, la elección docente pampeana mostró que una organización puede dirimir sus diferencias mediante reglas, campaña y voto.
La oposición también dejó expuestas sus limitaciones. Admitió parte de su debilidad al dar pelea únicamente en la Seccional Santa Rosa y no disputar la conducción provincial. Se apuró el mismo día de la elección a denunciar irregularidades y después tuvo que retroceder en chancletas: aceptó la derrota y felicitó al sector ganador.
Además, la Rosa y Verde eligió una campaña marcada por los contrapuntos públicos y mediáticos. Esa impronta no resultó casual: expresa el origen de un sector surgido al calor de los cuestionamientos generales al sindicalismo y alimentado por una mirada "autoconvocada".
En ese cóctel convivieron también reclamos genuinos al desgaste lógico de una conducción de larga continuidad. Había razones atendibles para reclamar cercanía con las escuelas, transparencia, renovación y firmeza frente al deterioro salarial. Pero una cosa es registrar el malestar y otra convertirlo en una alternativa sindical con presencia territorial, programa y capacidad de conducción. La elección demostró que el enojo, por sí solo, no alcanza.
El triunfo oficialista tampoco supone un cheque en blanco. La transparencia de una jornada electoral no borra errores anteriores ni garantiza una representación eficaz. La mayoría deberá transformar el respaldo en defensa concreta del salario, presencia cotidiana y apertura al debate; la minoría tendrá que construir más que denuncias y apariciones mediáticas.
La democracia sindical salió fortalecida porque esta vez no hubo sombras sobre el resultado. Y porque, aun con sus asperezas, la disputa se resolvió donde corresponde: en las urnas.
…y una de arena…
El Concejo Deliberante de Santa Rosa dejó pasar la oportunidad de discutir de cara a la comunidad una de las problemáticas más acuciantes de la vida cotidiana: el precio de los alquileres.
Ante una propuesta surgida de la ciudadanía, la respuesta mayoritaria no fue abrir el debate, corregir sus límites ni explorar alternativas. Fue rechazarla con rapidez y cerrar el expediente, en sintonía con la posición corporativa de inmobiliarias y martilleros.
La iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) podía contener errores, vacíos o soluciones difíciles de aplicar. Precisamente para eso existe un cuerpo deliberativo: para escuchar, revisar, modificar, confrontar intereses y producir una definición política.
Incluso una resolución contraria habría resultado más honesta si hubiera surgido de una discusión pública, con argumentos y responsabilidades a la vista. Lo que no se justifica es enterrar el asunto para evitar el costo de pronunciarse sobre él.
El déficit habitacional no es una abstracción ni una consigna importada. Forma parte de las principales preocupaciones de miles de santarroseños que destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al alquiler, enfrentan aumentos difíciles de sostener o directamente quedan fuera del mercado. Frente a esa realidad, sostener que el municipio nada tiene que pensar, hacer o decidir equivale a renunciar a la política.
El argumento implícito vuelve a ser el de siempre: cualquier intervención pública sobre el llamado libre mercado sería una intromisión indebida. Pero ese mercado no es un espacio neutral. Allí pesan más quienes concentran propiedades, fijan condiciones y poseen capacidad corporativa para hacerse escuchar. Cuando el Estado se retira, no desaparecen las regulaciones: simplemente quedan en manos de los sectores con mayor poder.
Mariano Alfageme, de Patria Grande, fue el único concejal que se opuso a ese rechazo exprés. El resto eligió atender con mayor sensibilidad los reclamos de quienes operan en el negocio inmobiliario que la situación de quienes padecen sus consecuencias. No se les exigía resolver de inmediato el problema de la vivienda ni imponer una fórmula cerrada. Se les pedía algo bastante más elemental: debatir, analizar, ir más a fondo.
El Concejo perdió así una oportunidad de acercarse a la comunidad, reconocer una demanda concreta y asumir que la cuestión habitacional también es un asunto municipal. Debajo de la alfombra el problema no desaparece. Solo queda fuera de la vista de quienes prefieren lavarse las manos.
