Opinion

Las expectativas para una inversión y la confesión de la trampa libertaria 

Empresas se interiorizaron por el Medanito
Empresas se interiorizaron por el Medanito.
La Pampa presentó en sociedad la licitación de Medanito y en principio consiguió el interés de 16 empresas de diverso tamaño y perfil; el vocero presidencial no le pone freno a su andanada de revelaciones, incluso en perjuicio del gobierno al que representa.

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

La licitación para hacerse cargo del área petrolera Medanito durante los próximos 25 años tuvo en la semana que se fue un primer escenario exitoso. La presentación formal que hizo la Provincia consiguió despertar el interés de 16 empresas, con diferentes perfiles, tamaños y trayectorias, y dejó una fotografía bastante más alentadora que aquella que el Gobierno pampeano podía mostrar apenas unos meses atrás.

En algún punto, parece que se aprendieron algunas lecciones después del papelón de la primera licitación, que a comienzos de este año terminó desierta y obligó a revisar buena parte del proceso.

Hubo cambios legislativos, se modificaron condiciones, se trabajó en la difusión de lo que representa Medanito y se fueron cumpliendo otros pasos que también aportaron certezas, como la presentación pública del Informe Ambiental.

El interés empresario tampoco apareció de la nada. La Provincia desplegó una estrategia de promoción que incluyó la presentación de la licitación ante embajadas y consulados argentinos en 17 países y un roadshow en Buenos Aires.

El área, además, llega a esta instancia con un peso propio nada desdeñable: durante 2025 generó más del 30% del petróleo producido en La Pampa y el 56% del gas. Es un dato que ayuda a dimensionar por qué su futuro excede largamente una discusión administrativa.

Todo eso contribuye, al menos por ahora, a instalar la sensación de que detrás de esta segunda oportunidad existe un trabajo más serio, ordenado y atento a las señales que llegan desde el propio sector petrolero. Y, sobre todo, un proceso que esta vez parece tener posibilidades concretas de terminar con resultados.

Hay otro dato que opera favorablemente. Ribeiro SRL, la empresa que se hizo cargo de la explotación durante la transición, también mostró interés en quedarse con la concesión definitiva. No es un elemento menor: por su presencia cotidiana en el área es, presumiblemente, una de las compañías que mejor conoce el estado real del yacimiento, sus costos, sus dificultades y, fundamentalmente, sus posibilidades.

Desde ya, tampoco hay motivos para empezar a repartir laureles antes de tiempo. Que 16 empresas hayan mostrado interés no significa que todas vayan a comprar los pliegos y mucho menos que finalmente presenten ofertas. El momento de la verdad llegará cuando haya que poner los números sobre la mesa.

Pero aquel desierto empresario de comienzos de año dio paso ahora a un escenario completamente diferente. Y después de meses de tropiezos, discusiones y urgencias alrededor del principal activo petrolero pampeano, conseguir que Medanito vuelva a despertar interés es, por sí solo, una buena noticia.

Todavía falta lo más importante. Pero, esta vez, hay expectativas con algún fundamento detrás.

…y una de arena…

El vocero presidencial Adrián Ravier se mandó otra de las suyas. Esta vez fue bastante más allá de uno de esos derrapes a los que parece haberse acostumbrado: en una entrevista con El Diario, confesó a cielo abierto una operatoria del Gobierno libertario de Javier Milei que enfrenta una seria objeción legal y que incluso ya derivó en una denuncia penal.

Ravier admitió que parte de los recursos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles y que alimentan el Sistema Vial Integrado (SisVial) termina contribuyendo al equilibrio fiscal. El problema es que esos fondos tienen una afectación específica: deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. No son una alcancía que Economía pueda romper cuando necesita mejorar sus cuentas.

La revelación no aportó una novedad respecto de lo que ya venían mostrando los números, pero resulta impensada en boca de un funcionario que, justamente, tiene entre sus tareas explicar y defender las políticas de la Casa Rosada. Mucho más cuando su admisión puede servir para alimentar la sospecha de una posible malversación de fondos públicos.

Los números ayudan a dimensionar la cuestión. Durante los primeros dos años y medio de gestión libertaria, el SisVial acumuló $1,503 billones, pero apenas $394.406 millones fueron aplicados a su destino. Al 31 de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones seguían inmovilizados en una cuenta corriente. La subejecución alcanzó así el 73,8%.

Mientras tanto, las rutas están a la vista. En La Pampa sobran ejemplos y la Ruta Nacional 151 se convirtió en uno de los más dramáticos: obras paralizadas, deterioro creciente y reclamos permanentes de los intendentes de la región ante una traza que resulta fundamental para la producción, el transporte y la vida cotidiana de quienes habitan el oeste provincial.

En rigor, detrás de la discusión contable hay algo bastante más sencillo. Son dineros que aporta el pueblo argentino y que deberían volver en infraestructura, desarrollo y mejor calidad de vida. Pero el Gobierno privilegia acumularlos, colocarlos financieramente y seguir exhibiendo como un trofeo el equilibrio fiscal, como si ese único número constituyera un recorrido mágico hacia la felicidad de un país.

Ahí aparece la trampa. El superávit deja de ser solamente el resultado de gastar menos para convertirse también en la consecuencia de no gastar aquello que sí debe gastarse, incluso cuando los recursos ya fueron cobrados a los contribuyentes para una finalidad determinada. El ciudadano paga el impuesto cada vez que carga combustible, la ruta continúa rompiéndose y el dinero contribuye a engordar la foto fiscal que después Milei presenta como prueba excluyente del éxito de su modelo.

La declaración de Ravier fue tan explícita que terminó incorporada a una denuncia penal contra funcionarios nacionales para determinar si existieron malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público u otros delitos. Naturalmente, será la Justicia la que deberá establecer si hubo responsabilidades penales.

Pero queda otra cuestión, estrictamente política.

Que un vocero presidencial haga semejantes confesiones tan suelto de cuerpo, aun cuando pueden complicar judicialmente a integrantes del propio Gobierno que representa, deja flotando una duda difícil de esquivar: ¿lo hace a partir de su indigencia cognitiva y de su ignorancia sobre cómo funcionan las cosas, o las ravieradas son exacerbadas demostraciones de una garantía de impunidad?

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