La fiesta de un barrio y un acuerdo a mitad de camino
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
El gobierno pampeano convocó una vez más a poner en el centro de la escena, y en el radar que apunta al futuro, a las energías renovables, un aspecto en el que no hay dudas de que la gestión del gobernador Sergio Ziliotto decidió explorar a fondo, como ninguna otra administración anterior.
En este caso, con la presencia de más de un centenar de empresas vinculadas al sector productivo, puso sobre la mesa inversiones, financiamiento, concientización y perspectivas durante la Primera Jornada Provincial de Energías Renovables, desarrollada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI).
No fue solamente una foto ni una declaración de buenas intenciones. Se anunciaron créditos de hasta $500 millones para financiar proyectos de eficiencia y generación renovable, experiencias concretas de empresas que ya dieron ese paso y una ronda con proveedores de tecnología. La Provincia cuenta además con 139 usuarios-generadores y ya superó los 3 MW de potencia instalada bajo el régimen de generación distribuida.
El secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, dejó además un reconocimiento político e institucional: describió a La Pampa como una provincia que ha logrado articular herramientas energéticas, financieras, tributarias y productivas dentro de una misma estrategia, e incluso consideró que ese esquema de intervención pública puede servir como experiencia para otras jurisdicciones.
Quizá el dato que mejor explica hacia dónde apunta todo ese entramado sea que La Pampa compra actualmente alrededor de 100 millones de dólares por año de energía que se genera fuera de sus fronteras. La apuesta consiste, precisamente, en que una porción cada vez mayor de semejante volumen de recursos quede dentro de la Provincia, convertida en generación propia, inversiones, actividad económica y empleo. La Ley de Desarrollo Energético trazó para ello un horizonte de veinte años hacia una mayor soberanía provincial en materia de generación.
Ahí aparece una cuestión que excede al discurso ambiental, aunque por supuesto lo contiene. Tener mayor capacidad de producir la energía que se consume significa reducir dependencia del mercado mayorista, disponer de mayores herramientas para administrar costos y, fundamentalmente, convertir uno de los principales insumos de cualquier actividad económica en una ventaja para la producción. Es esa idea de la energía como herramienta de desarrollo —y no solamente como una factura que inevitablemente hay que pagar— la que empieza a darle volumen político y económico a aquella pretensión de soberanía.
La Pampa ya había dado semanas atrás una muestra bastante concreta de hacia dónde apunta esa lógica. Frente a una suba de entre 14,3% y 15,8% en el precio mayorista dispuesta a nivel nacional para septiembre y octubre, la utilización creciente de energía hidroeléctrica generada en Casa de Piedra permitió que el impacto sobre comercios, industrias y grandes usuarios pampeanos rondara apenas el 0,6%.
No fue magia. A partir del Mercado Local de Energía Eléctrica, la Provincia puede contratar hasta 42 MW de potencia de la Central Hidroeléctrica de Casa de Piedra y disminuir así su exposición al Mercado Eléctrico Mayorista. Solo en el período informado se incorporaron 8.691 MWh de Casa de Piedra por un costo de $533,6 millones. Comprar ese mismo volumen a CAMMESA habría demandado $1.048,8 millones. La diferencia fue de $515,2 millones en apenas un mes y permitió amortiguar casi por completo el aumento nacional para buena parte del sector productivo pampeano.
Es probablemente en ejemplos como ese donde la tantas veces declamada soberanía energética deja de ser una consigna y empieza a adquirir una traducción bien palpable: cuánto se produce, dónde se compra, quién fija el precio y, finalmente, cuánto termina pagando quien produce.
...y una de arena...
El costado negativo de la cuestión energética en la semana que se fue ocurrió en el Senado de la Nación, donde legisladores de distintos colores políticos y regiones terminaron siendo funcionales a otra pasada de la motosierra libertaria sobre los sectores populares y productivos. Esta vez fue con la modificación del Régimen de Zona Fría, que tendrá un impacto muy fuerte sobre el bolsillo de decenas de miles de pampeanos y pampeanas.
Con la excusa de corregir las distorsiones generadas por la ampliación del régimen dispuesta en 2021, y con argumentos bastante flojos de papeles frente a las particularidades climáticas de cada región, el oficialismo logró avanzar sobre un beneficio que amortiguaba de manera sustancial las facturas de gas. Para La Pampa, las estimaciones conocidas durante el debate proyectan aumentos de entre un 40% y un 60% para alrededor de 136 mil hogares.
La senadora pampeana del PRO Victoria Huala decidió votar contra el interés económico inmediato de quienes residen en la provincia que representa y levantó la mano junto al oficialismo nacional. Quizá lo más obsceno de todo el episodio haya sido el toma y daca que rodeó a la votación.
El Gobierno nacional necesitaba votos y fue a buscarlos entre gobernadores y representantes del Norte, que reclamaban desde hacía tiempo un reconocimiento para las llamadas "zonas calientes", donde el consumo eléctrico para refrigerar los hogares también responde a una necesidad climática concreta. El reclamo sonaba atendible. Lo escandaloso fue convertir esas necesidades en fichas de negociación parlamentaria.
Para aliviar a las "zonas calientes", metieron la mano en el bolsillo de quienes viven en las "zonas frías". Una suerte de federalismo de frazada corta, pero con rosca incluida.
Varios gobernadores del Norte aceptaron mansamente el convite: consiguieron para sus provincias una respuesta a un reclamo legítimo y, a cambio, acompañaron una modificación que perjudica a habitantes de otros distritos. No hubo una construcción federal capaz de contemplar simultáneamente distintas realidades climáticas, sino el método más viejo de la política: "yo te doy esto, vos me das aquellos votos y después vemos quién paga la cuenta". Y la cuenta, una vez más, llegará a las casas.
Porque detrás de las discusiones sobre regímenes, subsidios y equilibrio fiscal hay familias que deberán destinar una parte mayor de sus ingresos a calefaccionarse en una provincia donde el frío no es una construcción legislativa ni un privilegio inventado.
Desde Nación llega una decisión que vuelve a empujar hacia arriba otra factura esencial, a contramano de otras políticas que intentan que la energía sea una herramienta para producir y aliviar costos. Milei y sus cómplices locales vuelven a pasar la motosierra sobre los subsidios y, entre rosca y acuerdos de ocasión, consiguen que el ajuste encuentre siempre el mismo destino: los bolsillos populares.
