La búsqueda de inversiones sin resignar soberanía y la violencia institucional como costumbre

Una de cal…

El gobierno provincial dio esta semana una señal concreta sobre su estrategia de desarrollo: atraer inversiones, generar empleo y aprovechar el impulso de Vaca Muerta sin resignar soberanía ni renunciar a su propio modelo económico.

El gobernador Sergio Ziliotto presentó la propuesta primero en La Pampa y luego en Buenos Aires, ante empresas y potenciales inversores, con la intención de incorporar a la provincia al crecimiento de la industria hidrocarburífera.

El plan contempla exenciones de hasta el 100% de impuestos provinciales, estabilidad fiscal por 15 años, financiamiento y acceso a tierras en condiciones promocionales. Entre sus apuestas figura un nodo logístico de 500 hectáreas en 25 de Mayo, pensado para abastecer de bienes y servicios a la actividad de Vaca Muerta.

La doble presentación buscó dejar en claro que La Pampa no quiere mirar desde afuera ese movimiento económico.

Pero el anuncio incluye una definición política de fondo: la Provincia sostiene que no necesita adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ofrecer condiciones atractivas. Cuestiona ese instrumento nacional por las ventajas excepcionales que concede a los grandes capitales y los riesgos que, a su entender, implica para la soberanía y los recursos naturales. La búsqueda de inversiones, plantea, no exige entregar atribuciones ni aceptar cualquier condición.

El posicionamiento provocó una reacción del vocero presidencial Adrián Ravier, que salió a presentar la propuesta pampeana como una reivindicación tardía del RIGI y a repetir sus cuestionamientos a la política tributaria provincial. Su intervención pareció más empeñada en defender la receta libertaria que en reconocer una diferencia sustancial: promover la actividad privada no equivale a suscribir el régimen diseñado por la Casa Rosada

En la misma semana, además, la Provincia reafirmó otra pieza de su concepción económica al formalizar su incorporación a la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales. No es un gesto menor en un territorio donde las cooperativas llevan décadas sosteniendo servicios esenciales, creando oportunidades de trabajo y articulando esfuerzos comunitarios en pueblos y ciudades. La historia pampeana ofrece pruebas suficientes de que la economía social no es una consigna decorativa, sino una herramienta de desarrollo con resultados concretos.

Las dos decisiones expresan una misma mirada: la inversión privada tiene un papel relevante, pero no es la única respuesta. El Estado, las cooperativas y las organizaciones solidarias también forman parte de la construcción de una economía que atienda las necesidades de la comunidad, sin subordinar todo a la rentabilidad.

Los anuncios deberán convertirse en proyectos, radicaciones y puestos de trabajo: allí estará su verdadera medida. Mientras tanto, La Pampa plantea una discusión que va más allá de Vaca Muerta. El desarrollo no tiene por qué exigir la renuncia a la soberanía ni el abandono de una tradición de organización colectiva que forma parte de su identidad.

…y una de arena…

Un nuevo episodio de violencia institucional volvió a poner bajo la lupa el accionar de la Policía de La Pampa. Esta vez, la brutalidad quedó registrada en un video que muestra a un cabo primero golpeando y pateando a dos jóvenes en pleno centro de Santa Rosa, incluso cuando estaban reducidos y no representaban amenaza alguna. Las imágenes provocaron una indignación generalizada y derivaron en el apartamiento del efectivo y el avance de una investigación judicial.

Pero el episodio tiene aristas todavía más preocupantes. Una de las víctimas denunció que, una vez trasladada a la dependencia policial, recibió nuevos maltratos y fue obligada a desnudarse. La gravedad de esos comportamientos permite sospechar que, en determinados sectores de la fuerza, persisten prácticas vejatorias naturalizadas como parte de los procedimientos habituales. No se trata solamente de un policía que perdió el control, sino de una cultura institucional que merece ser revisada en profundidad.

El hecho tampoco constituye una excepción aislada. Apenas dos meses atrás, el músico Lautaro Ruiz denunció una feroz golpiza por parte de varios efectivos, primero en la vía pública y después dentro de una dependencia policial. Aquel episodio involucró a personal de la Seccional Primera.

Hay un elemento inquietante que conecta ambos acontecimientos: su conocimiento público dependió, en buena medida, de circunstancias fortuitas. Una filmación que se viralizó, una víctima que pudo contar su historia, la repercusión social que obligó a mirar aquello que tantas veces permanece oculto.

En ambos casos hubo respuestas institucionales relativamente rápidas, con apartamientos e investigaciones. Es necesario reconocerlo. Pero también preguntarse qué ocurre cuando no hay cámaras, cuando las víctimas carecen de herramientas para denunciar o cuando el miedo a las represalias termina imponiendo el silencio.

La reiteración de estos episodios instala una sospecha incómoda: que la violencia institucional puede ser bastante más frecuente de lo que muestran las denuncias públicas. Y que los hechos conocidos son apenas la parte visible de prácticas que sobreviven al amparo del silencio, la complicidad o la tolerancia dentro de determinados ámbitos policiales.

Por eso, las sanciones individuales y las eventuales condenas judiciales, aunque imprescindibles, no alcanzan. Hace falta una decisión política contundente, expresada en discursos, órdenes claras, controles efectivos, capacitación y mecanismos de supervisión capaces de prevenir los abusos antes de que ocurran. Una bajada de línea que no deje lugar a interpretaciones sobre los límites del poder policial y el respeto irrestricto a los derechos ciudadanos.

La Pampa cuenta con una Ley de Seguridad Ciudadana que supone una concepción democrática de la seguridad pública. Pero ninguna norma transforma por sí sola las conductas arraigadas si no existe una voluntad sostenida de hacerla cumplir. La democratización de la Policía no puede quedar librada a la buena voluntad de sus integrantes ni depender de que una cámara registre un abuso.

La responsabilidad última es del poder político, que conduce la fuerza y debe garantizar que su autoridad se ejerza dentro de la ley. Porque una institución encargada de proteger a la ciudadanía no puede permitir que la violencia se convierta en una costumbre.