Una vieja costumbre vigente y la ausencia de una decisión política

Una de cal…

La presentación de la Cuenta de Inversión 2025 volvió a poner sobre la mesa una vieja costumbre pampeana: el equilibrio fiscal como política de Estado. Una herramienta que la provincia sostiene desde hace cuatro décadas y que atravesó las distintas gestiones peronistas desde la recuperación de la democracia. La paradoja es que ahora quien amenaza con ponerla en riesgo es, precisamente, un Gobierno nacional que hizo del equilibrio de las cuentas públicas una de sus principales banderas políticas.

El ejercicio del año pasado cerró con un déficit primario de $65.588 millones, equivalente al 3,65% de los ingresos provinciales. Pero el rojo no se produjo por un descontrol del gasto pampeano, sino por la decisión de sostener con recursos propios obras de viviendas, rutas, cloacas y otra infraestructura que contaban con financiamiento nacional comprometido y cuyos fondos no llegaron.

La Provincia absorbió así parte del costo de un Estado nacional que decidió retirarse de numerosas responsabilidades y trasladó, en los hechos, esa carga hacia las jurisdicciones. Durante el primer semestre de este año el desfasaje pudo ser corregido y las cuentas volvieron a equilibrarse, aunque para conseguirlo también fue necesario reducir el ritmo de algunas obras que habían quedado sin financiamiento nacional.

Hasta allí, el dato puede ser leído como una demostración de la capacidad provincial para administrar una coyuntura adversa. El problema aparece cuando se mira un poco más allá.

El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, ya advirtió que "la debacle económica nacional está llegando con toda su fuerza también a La Pampa". La preocupación no pasa solamente por las partidas que Nación dejó de transferir. También empiezan a resentirse los recursos propios y la coparticipación, mientras la recaudación de Ingresos Brutos mostró una caída pronunciada durante julio y agosto y mantuvo esa tendencia durante septiembre.

La motosierra libertaria tiene, de ese modo, una consecuencia que contradice incluso uno de los postulados que el propio oficialismo nacional presenta como irrenunciables. Un ajuste que contrae la actividad económica termina también erosionando los ingresos fiscales y complicando las cuentas de aquellas provincias que, como La Pampa, pretenden mantenerlas ordenadas.

Y esa presión encuentra a la administración pampeana asumiendo además obligaciones de las que el Estado nacional se retiró, sosteniendo servicios públicos, infraestructura y otras políticas mientras intenta preservar los ingresos de sus trabajadores frente a la inflación.

La Pampa no puede convertirse en una isla dentro de una economía nacional que muestra signos cada vez más profundos de deterioro. La caída de la actividad, del consumo y de la recaudación inevitablemente atraviesa sus fronteras. El equilibrio fiscal pudo recuperarse después del déficit de 2025, pero sostenerlo hacia adelante será cada vez más difícil si la política económica nacional continúa secando las mismas fuentes de recursos de las que dependen las cuentas públicas.

…y una de arena…

La situación de las defensorías públicas hace tiempo dejó de admitir diagnósticos y necesita respuestas. Los reclamos se repiten, las advertencias se acumulan y, sin embargo, las soluciones siguen sin aparecer con la misma velocidad. El problema ya no alcanza solamente a quienes trabajan dentro del sistema judicial: golpea, sobre todo, a quienes encuentran en las defensorías una de las pocas puertas disponibles para acceder al servicio de Justicia.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Asociación de Defensores, Defensoras y Asesores Públicos volvieron en los últimos días a alertar sobre una situación que describieron en términos de "colapso operativo" y "desgaste extremo". No es una novedad. Desde las organizaciones ya se había advertido sobre una "deuda histórica" con el Ministerio Público de la Defensa en materia de recursos.

Y allí aparece una desigualdad que tampoco es nueva. Las defensorías deben cumplir una función esencial dentro del sistema judicial, pero lo hacen con condiciones materiales y humanas insuficientes. Falta personal, existen problemas edilicios y se multiplican las demandas sobre estructuras que no crecieron al mismo ritmo que las necesidades de la población.

La contradicción resulta evidente: el organismo que debe garantizar representación y acompañamiento a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad es, al mismo tiempo, uno de los espacios que denuncia mayores carencias dentro de la estructura judicial.

Hay además una discusión institucional de fondo que no puede seguir siendo postergada: la organización del Ministerio Público de la Defensa y las condiciones necesarias para garantizarle autonomía e independencia respecto de otras áreas del Ministerio Público. Resolver esa cuestión requerirá debate legislativo, acuerdos políticos y una definición sobre el modelo que se pretende para la defensa pública pampeana.

Pero esa discusión, necesariamente más profunda, no puede convertirse en una excusa para dejar sin respuestas los problemas cotidianos.

La Legislatura tiene la posibilidad de abordar una reforma que otorgue un marco institucional adecuado; el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, puede intervenir en la búsqueda de soluciones y en la generación de los consensos necesarios; y el Superior Tribunal de Justicia tiene responsabilidades directas sobre buena parte de las condiciones en las que funciona el servicio judicial.

No parece razonable que los planteos de defensores, funcionarios y trabajadores deban reiterarse una y otra vez para conseguir atención.

Porque detrás de la discusión sobre cargos, edificios, estructuras administrativas o autonomía institucional hay algo bastante más sencillo y mucho más importante: personas que necesitan una respuesta del Estado frente a conflictos familiares, situaciones de violencia, problemas patrimoniales o cualquier otra circunstancia en la que no pueden afrontar por sus propios medios una representación jurídica.

Las defensorías constituyen, para buena parte de esa población, la primera puerta del sistema judicial. Si allí aparecen dificultades, la desigualdad deja de ser solamente interna dentro del Poder Judicial y termina trasladándose a quienes menos herramientas tienen para enfrentarla.

Por eso ya no alcanza con reconocer el problema. Después de tantos reclamos coincidentes y de una situación que se prolonga en el tiempo, lo que falta es una decisión política e institucional que empiece a resolverlo.