La organización desde abajo y las urgencias al desnudo

Una de cal...

Dos acontecimientos de la semana que se fue, en ámbitos diferentes pero con un denominador común, permiten advertir que la organización colectiva conserva una potencia que el discurso dominante pretende desconocer. La visibilización de la Juventud Peronista pampeana y el encuentro regional del movimiento cooperativo en General Pico son expresiones de sectores que, después de haber sido relegados, ninguneados y hasta atacados, decidieron ocupar el primer plano, hacer escuchar su voz y disputar espacios de decisión.

En el caso de la JP, el proceso tiene una relevancia que excede largamente la formalidad partidaria. Después de casi dos décadas sin una estructura orgánica de semejante visibilidad, las nuevas generaciones del peronismo consiguieron organizarse, normalizar su conducción y sentarse a la mesa donde se discuten las decisiones. La presencia de sus autoridades en la reunión del Consejo Provincial del PJ no fue un gesto meramente protocolar: simbolizó la recuperación de un espacio que durante demasiado tiempo les había sido negado. 

El contexto político y las disputas internas obligaron a los popes del justicialismo a abrir puertas que hasta hace poco parecían cerradas. También es cierto que la propia Juventud se ganó ese lugar con militancia, perseverancia y una demostración de madurez política que merece destacarse. 

Mientras los principales referentes del PJ siguen enfrascados en sus diferencias, los jóvenes consiguieron conformar una lista de unidad que reúne a todas las corrientes internas. Una señal que, por su contundencia, interpela a quienes llevan años predicando una unidad que después encuentran dificultades para practicar. 

Algo de esa misma lógica se expresó en General Pico, donde cooperativas de La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires confluyeron para compartir experiencias, discutir problemas comunes y fortalecer una agenda propia. Con la intendenta Fernanda Alonso como anfitriona, el encuentro constituyó mucho más que una reunión sectorial: fue una reivindicación del asociativismo como herramienta económica, social y política, construida desde los territorios y al servicio de sus comunidades. 

En tiempos en que la propaganda individualista pretende instalar como verdad revelada que cada uno debe salvarse por su cuenta, el cooperativismo tiene bastante para mostrar. No necesita inventar virtudes ni prometer resultados milagrosos: lleva décadas demostrando, con servicios, trabajo, inversiones y compromiso comunitario, que la economía solidaria constituye una alternativa concreta y eficaz. Su trayectoria desmiente la pretensión de presentar la competencia despiadada y el sálvese quien pueda como únicos motores posibles del progreso.

Hay, además, una coincidencia política de fondo entre ambas experiencias. Ni la Juventud Peronista ni el movimiento cooperativo se conformaron con reclamar reconocimiento desde los márgenes. Optaron por organizarse, construir acuerdos y disputar protagonismo, sin resignar sus identidades ni sus objetivos.

En definitiva, son dos señales alentadoras en un escenario atravesado por las fragmentaciones y el desaliento. Recuerdan que los derechos, los espacios y las conquistas colectivas rara vez llegan como concesiones graciosas de quienes detentan el poder. Por lo general, se consiguen desde abajo, con organización, participación y una idea del bien común que resiste, pese a todo, los embates del individualismo.

…y una de arena…

La misma semana que dejó señales alentadoras de organización colectiva también puso al desnudo, con una crudeza difícil de disimular, quiénes están pagando las consecuencias del modelo político y económico reinante. Las niñeces, los sectores más vulnerables, los trabajadores y quienes producen conocimiento científico aparecen entre los principales perjudicados por decisiones que, detrás de los discursos sobre la austeridad y la eficiencia, tienen consecuencias concretas sobre la vida cotidiana.

Mientras la Asociación Agrícola Ganadera está de fiesta porque una ley que votaron los diputados nacionales pampeanos de todos los colores agrava las penas del "vandalismo rural", la advertencia del Desayunador de Villa Germinal, en Santa Rosa, fue mucho más que una denuncia sobre el hambre. 

La organización comunitaria expuso que el ajuste también está privando a niñas, niños y adolescentes de oportunidades educativas, deportivas, recreativas y culturales. El debilitamiento de programas de contención y acompañamiento deja a cientos de pibas y pibes sin espacios fundamentales para su desarrollo. No se trata solamente de garantizar un plato de comida: también está en juego el derecho a aprender, jugar, compartir y construir un futuro que no esté condicionado desde la infancia por las privaciones materiales.

Esa misma preocupación atraviesa el conflicto de Chakra Raíz, en Toay. La orden judicial de desalojo que pesa sobre las familias de esa comunidad amenaza con desarticular un proyecto colectivo construido durante años y, sobre todo, con afectar directamente a las niñeces que allí encontraron su hogar. La resolución judicial puede tener sus fundamentos legales, pero ninguna consideración sobre la propiedad debería borrar la obligación del Estado de garantizar derechos básicos. Hace falta una respuesta política que evite que los más chicos terminen pagando las consecuencias de un conflicto que los excede.

La situación de las defensorías civiles pampeanas completa un panorama inquietante. La falta de respuestas de las autoridades responsables frente a las carencias de personal, la sobrecarga de tareas y las dificultades de funcionamiento compromete una herramienta esencial para garantizar el acceso a la Justicia. Quienes recurren a esas dependencias suelen ser, precisamente, personas que ya enfrentan limitaciones económicas y sociales. El deterioro del servicio multiplica su indefensión, mientras las trabajadoras y los trabajadores judiciales soportan condiciones laborales cada vez más difíciles. La desprotección termina funcionando en dos direcciones.

Como si hicieran falta más ejemplos del clima de época, la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del INTA que estudió los efectos de los agroquímicos sobre las personas y el ambiente, expone otra dimensión preocupante. El organismo justificó la sanción en presuntas irregularidades administrativas, pero la comunidad científica denunció una persecución vinculada con investigaciones cuyos resultados incomodan a poderosos intereses económicos. El caso plantea una pregunta inevitable: ¿qué lugar se reserva a la ciencia cuando sus hallazgos cuestionan prácticas que perjudican la salud y el ambiente?

No son episodios idénticos ni responden todos a las mismas responsabilidades institucionales. Pero tienen un denominador común: la fragilidad de los derechos cuando faltan decisiones políticas para protegerlos.

La contracara de la organización desde abajo es, justamente, esta acumulación de urgencias que no admite indiferencia. Porque detrás de cada expediente, cada recorte y cada ausencia estatal hay personas concretas. Y porque una comunidad que naturaliza que sus sectores más vulnerables sean siempre los primeros sacrificados termina convirtiendo la crueldad en una forma de gobierno.