La energía, entre una apuesta de futuro y otro golpe a los bolsillos populares
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
La decisión del Gobierno provincial de avanzar con una legislación propia para proteger las tierras rurales y los recursos naturales estratégicos constituye una respuesta política e institucional frente a una discusión que excede largamente los límites de La Pampa.
Lo que está en juego no es solamente la propiedad de determinadas extensiones del territorio, sino una cuestión mucho más profunda: la soberanía, el control sobre los bienes naturales y la capacidad del Estado para establecer límites cuando los intereses económicos amenazan con imponerse sobre los intereses colectivos.
El gobernador Sergio Ziliotto tomó la iniciativa y envió a la Legislatura un proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales que busca cubrir el vacío normativo generado por la derogación de la legislación nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei.
Y lo hizo antes de que la Corte Suprema de Justicia resolviera, este viernes, restablecer provisoriamente las restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, mediante una medida cautelar interina que, en los hechos, revierte los efectos de su propio pronunciamiento de fines de septiembre.
La iniciativa pampeana contiene definiciones concretas. Prohíbe la venta a personas físicas y jurídicas extranjeras de superficies que incluyan o colinden con ríos, acuíferos, lagunas, humedales, bosques nativos y áreas protegidas. También impide que Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales.
Para los demás casos establece límites de entre 1.000 y 20.000 hectáreas, de acuerdo con la productividad de cada región, y fija un techo de extranjerización del 15% tanto para el conjunto de la provincia como para cada departamento.
La propuesta se apoya, además, en una atribución constitucional que no debería admitir demasiadas controversias: las provincias conservan las facultades no delegadas a la Nación y tienen el dominio originario de sus recursos naturales. No se trata, por lo tanto, de una disputa caprichosa con el poder central, sino del ejercicio de competencias propias para proteger un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.
Hay, en este escenario, una contradicción difícil de soslayar. Mientras el Gobierno nacional insiste en reducir la intervención estatal y ampliar las posibilidades de los negocios privados, la experiencia demuestra que la tierra, el agua y los recursos naturales no pueden quedar sometidos exclusivamente a las reglas del mercado. Son bienes estratégicos, finitos y fundamentales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
La historia pampeana ofrece razones suficientes para comprenderlo. Una provincia que lleva décadas reclamando por las aguas del Atuel, que conoce las consecuencias del manejo unilateral de los recursos naturales y que ha convertido su defensa en una política de Estado no puede permanecer indiferente frente a la posibilidad de perder capacidad de decisión sobre su propio territorio.
La determinación del Ejecutivo provincial merece ser examinada, también, desde esa perspectiva. Más allá de las diferencias partidarias y de las discusiones jurídicas que puedan plantearse durante el tratamiento legislativo, resulta necesario establecer herramientas eficaces para preservar el interés público. La soberanía no puede reducirse a una consigna ocasional ni quedar a merced de decisiones judiciales cambiantes.
...y una de arena...
La cercanía de las elecciones de 2027 parece haber desatado en buena parte de la dirigencia política pampeana un festival de especulaciones, pases de factura, desplantes y contradicciones que poco tienen que ver con las preocupaciones cotidianas de la sociedad. Mientras las familias enfrentan dificultades económicas y se multiplican las demandas sociales, los principales espacios partidarios aparecen demasiado entretenidos en sus berretas disputas de poder.
En el peronismo, la organización del acto del 17 de octubre se convirtió en una nueva excusa para ventilar diferencias internas. Lo que debería ser una celebración histórica de la militancia terminó envuelto en discusiones sobre quién convoca, quién asiste, quién se ausenta y qué significado político tiene cada gesto. Sergio Ziliotto reivindica el encuentro como una celebración partidaria, mientras Luciano di Nápoli y el sector de Carlos Verna ponen reparos a la convocatoria.
Como si la presencia o ausencia de determinados dirigentes en una fotografía constituyera, de veras, una cuestión de interés popular y comunitario.
Del otro lado, el panorama tampoco ofrece señales demasiado alentadoras. El pretendido frente opositor antiperonista transita entre conversaciones interrumpidas, condicionamientos cruzados y ambiciones personales que parecen imponerse sobre cualquier discusión programática. Radicales, libertarios y macristas hablan de construir una alternativa, pero siguen enredados en el reparto anticipado de candidaturas y espacios de poder.
El vocero presidencial Adrián Ravier ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo de esas contradicciones. Primero pretendió imponer condiciones sobre quién debía encabezar una eventual fórmula, proclamó que no existía diálogo con el radicalismo y convirtió esa posición en una demostración de autoridad. Pocos días después, bajó el tono, reconoció nuevas conversaciones y volvió a mostrarse dispuesto a buscar un acuerdo, incluso relativizando la discusión sobre las candidaturas.
Una flexibilidad que contrasta con la rigidez de sus declaraciones anteriores.
La política necesita debates, diferencias y negociaciones. Lo que resulta difícil de justificar es que esas discusiones se agoten en las conveniencias de sus protagonistas, mientras los problemas concretos de la población quedan relegados a un segundo plano.
A esta altura, la dirigencia debería comprender que la sociedad necesita algo más que fotografías, actos partidarios y acuerdos electorales. Necesita respuestas, propuestas y una cuota de responsabilidad que, por momentos, parece extraviada en semejante festival de politiquería.
