La potencia de las calles, el toca y daca en los palacios 

Una de cal...

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar, en La Pampa como en el resto del país, la potencia de los reclamos populares en las calles. Y también dejó al desnudo la sordera deliberada de un gobierno nacional que parece decidido a hacer del atropello institucional una política de Estado.

Porque, a esta altura, la legitimidad de la demanda universitaria está fuera de toda discusión: se reclama algo tan elemental para cualquier sistema democrático y republicano como que el presidente Javier Milei cumpla con una ley sancionada por el Congreso Nacional y acate las decisiones del Poder Judicial.

No se trata de una interpretación caprichosa ni de una disputa de intereses sectoriales. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso, sobrevivió al veto presidencial y cuenta con pronunciamientos judiciales que ordenaron su aplicación.

El 6 de octubre, incluso, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo pretendió suspender su ejecución. Sin embargo, el régimen libertario insiste en pasar por encima de toda lógica constitucional, como si la voluntad presidencial estuviera por encima de los otros poderes del Estado.

Detrás de esa obstinación aparece una decisión política mucho más profunda: hacer realidad el viejo sueño libertario de desfinanciar, poco a poco, una universidad pública que constituye uno de los pilares de la historia, la identidad y la movilidad social argentina. Un sistema que, con todas sus dificultades, ha demostrado su capacidad para generar conocimiento, formar profesionales y abrir oportunidades que de otro modo quedarían reservadas a los sectores privilegiados.

No es casualidad, entonces, que su defensa haya vuelto a reunir una diversidad que difícilmente se encuentre en otros ámbitos de la vida nacional. En Santa Rosa y General Pico, como en tantas ciudades del país, estudiantes, docentes, trabajadores, jubilados, organizaciones sindicales, sectores políticos y ciudadanos de distintas generaciones volvieron a confluir detrás de una misma bandera. Una transversalidad social, generacional y política que confirma hasta qué punto la universidad pública forma parte del patrimonio colectivo de los argentinos.

Sin embargo, la movilización pampeana también dejó una postal política imposible de disimular. La ausencia de buena parte de la cúpula dirigencial de la Unión Cívica Radical contrastó con la presencia de sectores internos y de su histórica expresión universitaria, la Franja Morada. Una contradicción que desnuda hasta dónde está dispuesta a llegar la conducción partidaria en su afán de conciliar los sueños de un rejunte antiperonista con los intereses electorales del poder libertario.

...y una de arena...

Ese radicalismo oficial que en La Pampa parece dispuesto a sacrificar una de sus banderas más emblemáticas en el altar de las conveniencias electorales es apenas una expresión de un modo de hacer política que se extiende por todo el país. La defensa de la educación pública, parte constitutiva de su identidad histórica, queda relegada frente a la posibilidad de acordar con quienes ejecutan su desfinanciamiento. La paradoja es brutal: en su carrera por acercarse a Milei, la dirigencia radical termina en la vereda de enfrente de su propio brazo universitario.

Son las consecuencias de una política en la que las convicciones pesan cada vez menos que las especulaciones. Una lógica de toma y daca que durante la semana también tuvo expresiones elocuentes en el palacio del Congreso Nacional.

En la Cámara de Diputados volvió a funcionar la negociación en el peor de sus sentidos. La sesión convocada para rechazar el DNU 70/2023 fracasó porque apenas 121 legisladores ocuparon sus bancas, ocho menos de los necesarios. El gobierno libertario consiguió así mantener blindado su decretazo, gracias a la colaboración de gobernadores que ordenaron ausencias entre los diputados que les responden.

El episodio dejó al desnudo a los "representantes del pueblo" que caminaron a contramano de sus propios discursos, promesas y proyectos para satisfacer las necesidades de sus jefes territoriales. A cambio, la expectativa de alguna dádiva presupuestaria o una concesión política de la Casa Rosada. La voluntad popular convertida en moneda de cambio y el Congreso degradado a una mesa de negociaciones entre intereses particulares.

El DNU 70/2023 es una columna vertebral del programa ideológico, económico y financiero de una gestión indisimuladamente antipopular, que descarga el peso del ajuste sobre los sectores trabajadores mientras abre oportunidades de negocios a grandes actores económicos, especialmente multinacionales, a costa de las riquezas nacionales y de los recursos naturales de un territorio incomparable.

Su vigencia, sostenida mediante estas maniobras parlamentarias, mantiene abierta una puerta a la liquidación de la soberanía. Y su continuidad ya no puede cargarse exclusivamente sobre las espaldas de Milei y sus secuaces. También corresponde señalar a quienes, con otras camisetas partidarias y discursos supuestamente diferentes, se suben al mismo carro cuando aparece la oportunidad de sacar alguna ventaja.