La posibilidad de otro futuro y un rejunte con espíritu anti
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
El nuevo manotazo del Gobierno nacional contra recursos pampeanos, con una decisión que beneficia directamente a Mendoza y a su gobernador aliado Alfredo Cornejo, quedó frenado en la Justicia Federal, al menos de manera provisoria.
Fue después de la pronta y potente reacción pampeana para rechazar el decretazo que le quitaba a la provincia las regalías que percibe por la hidroelectricidad que el sistema Los Nihuiles genera con las aguas del río Atuel, que también es pampeano.
La decisión del juez Juan José Baric todavía no aborda el fondo de la cuestión, pero al menos impide que la injusticia se consume de manera inmediata y sin discusión. La cautelar interina mantiene por ahora el esquema que reconoce a La Pampa el 50% de las regalías y pone un freno al intento del Ejecutivo nacional de entregárselas en su totalidad a Mendoza.
Al planteo formal que hizo el Gobierno provincial se sumó la decisión política de prácticamente todas las fuerzas democráticas con representación en la vida pública pampeana, que confluyeron en el reclamo con matices en los tonos, diferencias en la evaluación de responsabilidades y distintas velocidades para expresarse, pero sin dudas respecto de la cuestión central: La Pampa no está dispuesta a resignar mansamente un derecho que ejerce desde hace más de medio siglo.
En la vereda de enfrente quedaron Adrián Ravier y Juan Carlos Tierno. Los dos dirigentes, que estuvieron rápidos para exhibir públicamente un "entendimiento" partidario, aparecieron retardados y silenciosos cuando hubo que fijar posición ante el decretazo libertario.
Ravier, incluso desde su condición de vocero presidencial, optó por no dar explicaciones públicas frente a una medida del Gobierno que integra y que perjudica directamente a la provincia en la que pretende construir su futuro político.
Pero la expectativa pampeana de que finalmente se haga justicia no está solamente en el despacho de Baric. La discusión de fondo tiene uno de sus escenarios centrales en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde desde hace años tramita el planteo iniciado por Mendoza contra el régimen que reconoce la participación de La Pampa en esas regalías. Allí terminará de jugarse una pulseada en la que, además de razones jurídicas, confluyen poderosos intereses económicos y políticos.
Porque la pretendida marginación de La Pampa de los asuntos vinculados con Los Nihuiles no puede analizarse por fuera del proceso abierto para una nueva concesión del sistema hidroeléctrico y la venta de las acciones de la empresa que quedó a cargo de su operación. No se discute solamente una porción de regalías: alrededor del Atuel también se disputa quién decide, quién explota y quién se beneficia económicamente de un recurso natural compartido.
Ese volumen de dinero y de intereses compite de manera directa con un planteo pampeano que, desde hace décadas, pone sobre la mesa algo mucho más profundo que una cuenta de pesos: historia, identidad, justicia, producción y un río que también es La Pampa.
..y una de arena...
La presentación del proyecto de Presupuesto nacional para 2027 no trae demasiadas novedades bajo el sol. Más bien representa una profundización de la política de ajuste que el Gobierno nacional viene aplicando y que vuelve a tener entre sus principales afectados a sectores que dependen de la presencia y el financiamiento del Estado.
En dos ámbitos distintos, La Pampa tuvo esta semana voces en el Congreso para advertir sobre las consecuencias concretas de ese rumbo: la educación pública y las políticas destinadas a las personas con discapacidad.
El ajuste vuelve a posarse sobre las universidades nacionales. Rectores y vicerrectores de todo el país explicaron ante legisladores y legisladoras que el sistema necesita unos 11 billones de pesos para funcionar durante 2027, mientras que el proyecto enviado por el Ejecutivo contempla alrededor de 7,3 billones.
La discusión, además, no empieza de cero. El Gobierno mantiene un conflicto abierto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya atravesó distintas instancias judiciales y respecto de la cual sigue vigente una cautelar que obliga al Estado nacional a ejecutar parte de las recomposiciones establecidas.
En ese contexto, el vicerrector de la UNLPam, Oscar Alpa, fue una de las voces pampeanas que llevó el planteo al Congreso junto con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional.
Resultó llamativo, además, que frente a una convocatoria vinculada con la defensa de la universidad pública no aparecieran representantes del radicalismo, una fuerza cuya historia política está fuertemente atravesada por las banderas de la educación pública y la Reforma Universitaria. Entre los diputados nacionales de La Pampa que participaron sí estuvieron Abelardo Ferrán y Ariel Rauschenberger.
La otra señal de alarma llegó desde el área de discapacidad. El director provincial Iván Poggio también expuso en el Congreso durante el tratamiento de la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Allí advirtió sobre una contradicción que resulta difícil de disimular: mientras se discute extender una ley destinada a garantizar derechos y sostener prestaciones, el proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar, a la baja, aspectos centrales de ese mismo régimen.
Entre otras cuestiones, la iniciativa nacional busca cambiar el esquema de pensiones y eliminar del sistema de prestaciones el precio único y su actualización automática por inflación. Es decir que una eventual prórroga de la emergencia puede quedar severamente condicionada si, al mismo tiempo, la principal herramienta de administración de los recursos del Estado avanza en sentido contrario.
Universidades y discapacidad parecen asuntos diferentes, pero la discusión de fondo termina encontrándolos en el mismo lugar: cuánto Estado se considera necesario y, sobre todo, sobre quiénes recae el esfuerzo cuando la prioridad vuelve a ser el ajuste fiscal. En esa respuesta aparecen otra vez la educación pública y las personas que requieren mayor protección estatal entre quienes pueden pagar el costo más alto.
