Un acuerdo de salvación y los ruidos de la política

Una de cal...

Llegaron a un nuevo acuerdo el Gobierno provincial y una parte importante de los gremios que participan de las paritarias donde se negocian salarios y condiciones laborales. Otro sector sindical prefirió esperar hasta la semana que comienza para terminar de analizar la propuesta antes de dar una respuesta definitiva. La oferta contempla una recuperación salarial por encima de la inflación acumulada.

Aunque a esta altura pueda parecer una circunstancia naturalizada, no lo es. Mucho menos en la Argentina actual. Que un gobierno provincial discriminado y perjudicado por el reparto de la caja nacional sostenga las paritarias y acuerde jerarquizar los ingresos de sus trabajadores por encima de la inflación constituye casi una excepción en el mapa nacional.

Claro que tampoco hay lugar para tirar manteca al techo. En las actuales condiciones socioeconómicas, esas recomposiciones apenas representan un alivio, una especie de salvavidas frente a una situación cada vez más apremiante para buena parte de la población.

Los sectores trabajadores no aparecen como víctimas colaterales del programa de Javier Milei: forman parte explícita del ajuste. El propio Presidente acaba de reconocerlo sin vueltas cuando afirmó que los empleados públicos "van a ganar menos" y relacionó esa pérdida salarial directamente con la motosierra y el achicamiento del Estado. La reducción de puestos y el deterioro de los salarios estatales son, efectivamente, pilares declarados del programa libertario.

La Pampa ofrece, en ese sentido, una muestra concreta de resistencia. No solo declamada, sino traducida en decisiones: negociación salarial permanente, cláusulas de actualización y políticas destinadas a amortiguar, hasta donde alcanzan las herramientas provinciales, un deterioro que viene de arriba.

También hay indicadores que muestran que algunos de los efectos más crudos del programa económico nacional golpean aquí con menor intensidad. Uno de ellos es la mora de las familias: La Pampa registra el índice más bajo del país, con un 9,1% de los créditos en situación irregular, frente a niveles considerablemente superiores en otras jurisdicciones. Eso no significa que el problema no exista —de hecho, la mora pampeana también creció con fuerza durante estos años— sino que su impacto resulta comparativamente menor.

Nada de eso permite esconder debajo de la alfombra la realidad cotidiana. Los mismos empleados y empleadas de la administración pública que reciben esas actualizaciones deben subir todos los meses una cuesta empinadísima para llegar a fin de mes. Y muchas veces ni siquiera lo consiguen. Servicios, alimentos, combustibles y alquileres consumen ingresos que, aun recuperando algunos puntos, siguen sometidos a una presión enorme.

Una diferencia política debe ocupar el centro de la escena. La normalización de la negociación paritaria expresa una determinada concepción sobre el papel del Estado y sobre quienes trabajan en él. Del otro lado está la cara pampeana de la ofensiva libertaria, Adrián Ravier, que ya habló de "ñoquis", sostuvo que sobran trabajadores estatales y celebró públicamente la reducción de personal en el Estado nacional.

…y una de arena…

Se aproxima el tiempo electoral y las distintas fuerzas políticas empiezan a acomodar el carro para subirse a una competencia que es parte esencial del juego democrático y que, como ocurre cada vez, trae consigo elementos saludables y bienvenidos, pero también circunstancias bastante más dañinas y hasta miserables.

En la semana que se fue, los distintos espacios salieron a la cancha en formatos variados. El PJ pampeano reunió a su Consejo Provincial en un encuentro de tono bastante burocrático, aunque inevitablemente funcionó también como puntapié inicial para aceitar la maquinaria partidaria y empezar a mirar hacia 2027.

El PRO se metió de lleno en una interna cada vez más exacerbada, con dirigentes que cuestionan a la conducción, invitaciones más o menos explícitas a abandonar el partido y hasta diputadas que ya analizan romper el bloque legislativo.

El radicalismo exhibe a plena luz del día sus contradicciones y discute hasta dónde está dispuesto a estirar sus límites para construir una alternativa electoral.

La Libertad Avanza se posiciona mediante puestas en escena y anuncios que ya habían sido hechos. Y su socia Comunidad Organizada deja buena parte de su tono de campaña en manos de las cada vez más estrafalarias apariciones de su principal referente.

Todo eso también tiene una cara saludable. Una campaña electoral necesariamente pone sobre la mesa asuntos de verdadero interés público, obliga a discutir políticas, expone diferencias y puede funcionar como un positivo tirón de orejas para quienes ocupan cargos en representación de la ciudadanía. Las elecciones sirven, entre otras cosas, para eso: para que el poder tenga que explicar qué hizo, qué no hizo y qué pretende hacer.

Pero junto con esas discusiones aparecen las otras. Las luchas intestinas por lugares, nombres y candidaturas absolutamente desfasadas de las preocupaciones de la comunidad; dirigentes invitándose mutuamente a irse de los partidos a los que pertenecen; referencias de conducción tirando de la cuerda hasta el límite y sectores enteros dispuestos a pisotear sus propios ámbitos de participación con tal de quedarse con un pedazo más grande de la torta.

La figura preferida del Gobierno nacional, Adrián Ravier, parece haber perdido incluso la capacidad de reconocer un papelón. Esta semana anunció como una novedad para 2027 la obra de desagües pluviales de General Pico, como si nadie hubiera hablado antes de ella y casi como si hubiera brotado de una inquietud libertaria.

En realidad, la obra había sido licitada durante el gobierno nacional anterior, quedó paralizada con la llegada de Javier Milei y su reactivación fue negociada durante meses por el Gobierno pampeano hasta que Nación y Provincia acordaron su continuidad en junio. No hay campaña que convierta dos años de paralización en una iniciativa propia, aunque una foto bien acomodada intente contarlo de otra manera.

La UCR, mientras tanto, se mira al espejo y encuentra grietas que no son únicamente electorales: también discute con su propia historia. La obsesión por alcanzar finalmente el gobierno provincial alimenta una especie de "vale todo" que puede conducir a borrar límites que durante décadas formaron parte de la identidad boinablanca.

En el horizonte aparece incluso la posibilidad de tender puentes hacia sectores que representan casi exactamente aquello que Raúl Alfonsín combatió política, institucional y culturalmente. Ahí la discusión deja de ser simplemente con quién conviene juntarse para ganar y pasa a otra mucho más profunda: cuánto de sí misma la UCR está dispuesta a entregar para conseguirlo.

Ha comenzado ese tiempo de campaña en el que luces y sombras se vuelven inevitables. No hay demasiado misterio en eso: la política también es disputa, ambición y búsqueda de poder. Pero quizá la dirigencia debería registrar el tiempo oscuro que atraviesa buena parte de la ciudadanía.

Hay familias haciendo malabares para llegar a fin de mes, trabajadores que pierden poder adquisitivo y sectores enteros golpeados por un ajuste feroz. Frente a esa realidad, sería prudente ahorrarles los dimes y diretes vacíos, los egos inflados y los contrapuntos que solo encubren disputas palaciegas.

Competir es parte de la democracia. Discutir, también. El "vale todo", en cambio, casi siempre termina haciendo que la política hable demasiado de sí misma y nada sobre lo que le ocurre a la comunidad.