La expectativa de una protección judicial y la anestesia del hartazgo

Una de cal...

La Corte Suprema de Justicia abrió una puerta que, al menos por ahora, permite recuperar una expectativa alrededor de la defensa del federalismo, en tiempos donde el gobierno nacional decidió administrar recursos, decisiones y poder político con una lógica cada vez más unitaria y arbitraria.

La Pampa fue la primera provincia en animarse a llevar hasta el máximo tribunal el reclamo por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), esos fondos que deberían atender emergencias y desequilibrios, pero que la gestión libertaria transformó en una caja discrecional y prácticamente paralizada.

La decisión de la Corte de habilitar el análisis de la demanda pampeana tiene una relevancia política e institucional mucho más profunda que la discusión económica puntual.

Si el máximo tribunal determinara que el comportamiento del gobierno de Javier Milei y de su ministro Luis Caputo vulnera normas constitucionales y el esquema federal de distribución de recursos, el impacto no quedaría limitado a La Pampa. La resolución podría obligar a la Nación a redistribuir esos fondos hacia todas las provincias que fueron castigadas con el mismo criterio de disciplinamiento político y financiero.

Por ahora, la Corte le otorgó 60 días al gobierno nacional para que exponga formalmente su posición. Pero incluso ese movimiento inicial ya representa un gesto significativo en un escenario donde muchas veces las demandas provinciales parecían condenadas a dormir eternamente en algún despacho judicial.

El expediente pampeano, que durante meses quedó archivado entre papeles y silencios, reapareció justo cuando la administración libertaria atraviesa uno de sus momentos de mayor desgaste político.

La Corte Suprema nunca fue ajena a los climas de época ni a las relaciones de fuerza. Sus integrantes suelen leer con atención hacia dónde sopla el viento antes de avanzar con determinadas decisiones. Y el viento ya no parece tan favorable para una gestión nacional que se desgasta entre ajustes brutales, conflictos permanentes y promesas incumplidas para amplios sectores sociales.

En ese contexto, el reclamo pampeano aparece también como una señal política. No solamente porque expone la apropiación de recursos que pertenecen a las provincias, sino porque demuestra que todavía existen márgenes institucionales para disputar decisiones que el poder central pretende imponer como inevitables.

Aunque la experiencia obliga a mantener la cautela, el solo hecho de que la discusión haya llegado a la Corte y comenzado a moverse ya constituye, para La Pampa, una pequeña pero significativa bocanada de aire federal.

 ...y una de arena...

La intendenta de Catriló, Graciela "Buchi" López, describió esta semana una de las escenas más inquietantes que deja el ajuste libertario sobre las provincias y sus comunidades.

La paralización de la obra de cloacas prevista para la localidad no solamente representa la pérdida concreta de infraestructura básica y calidad de vida. También revela algo todavía más profundo: la naturalización social del deterioro y de la resignación frente al despojo.

La jefa comunal admitió que muchas de las personas que debían beneficiarse con esa obra directamente dejaron de preguntar qué pasó, cuándo se retomará o por qué el proyecto desapareció.

Como si el recorte, la motosierra y la pérdida de derechos se hubieran convertido en una fatalidad inevitable. Como si el acostumbramiento al daño fuera parte del nuevo paisaje argentino.

Esa anestesia social resulta uno de los efectos más peligrosos del modelo político y económico que impulsa el gobierno de Javier Milei. Porque mientras se multiplican las obras frenadas, los programas eliminados y las responsabilidades abandonadas por Nación, también avanza una lógica cultural donde el sufrimiento cotidiano parece administrarse con resignación y miedo.

La realidad golpea todos los días y en casi todos los frentes. Los salarios corren detrás de precios imposibles, llenar el changuito se volvió un ejercicio de supervivencia, el combustible aumenta de manera permanente y miles de familias viven bajo la amenaza concreta de perder su sustento.

Los retiros "voluntarios" en el Estado funcionan muchas veces como despidos encubiertos, mientras pequeñas y medianas empresas caen asfixiadas por un mercado interno destruido y costos imposibles de afrontar.

En paralelo, la otra cara del modelo exhibe sin pudor la fiesta de los sectores más poderosos. El escándalo alrededor del patrimonio de Manuel Adorni y las sospechas sobre un enriquecimiento obsceno volvieron a poner en escena una desigualdad que ya ni siquiera intenta disimularse.

Mientras una parte de la sociedad ajusta alimentos, medicamentos o servicios básicos, otra parece vivir en un país aparte, blindado frente a cualquier crisis y beneficiado por un esquema económico diseñado para pocos.

Más allá de encuestas, análisis de laboratorio o estrategias electorales, cuesta imaginar que semejante nivel de injusticia social no termine generando alguna reacción colectiva. La historia demuestra que las sociedades pueden soportar mucho dolor, pero también que existe un límite difícil de calcular. Sobre todo cuando desde el propio poder se estimula la agresión, el odio y la violencia como método político cotidiano.

La incógnita no es si aparecerá una respuesta social frente a ese escenario, sino cuándo y de qué manera. Porque ninguna democracia sale indemne cuando el deterioro material se combina con la humillación permanente y con la peligrosa costumbre de aceptar como normal aquello que debería resultar intolerable.