La comunidad organizada para protegerse, los votos de la ignorancia y el saqueo

Una de cal…

La reacción de La Pampa frente a la avanzada antiambiental que abrió la reforma de la Ley de Glaciares dejó, al menos, una señal política e institucional saludable: cuando lo que está en juego es un recurso estratégico para el presente y el futuro de la provincia, hay una comunidad que se organiza, se articula y da pelea.

No se trató solo de una posición discursiva ni de una queja testimonial. Hubo una respuesta concreta, coordinada y con fundamentos, frente a una modificación legal impulsada al servicio de intereses extractivos y con impacto directo sobre una de las grandes preocupaciones históricas pampeanas: la defensa del agua.

La aprobación de ese proyecto en el Congreso Nacional significó el aval a una norma hecha a la medida de las mineras, pese a las objeciones técnicas, jurídicas, ambientales y políticas que se plantearon antes y durante el tratamiento legislativo.

En ese escenario, La Pampa fue una de las provincias que con mayor claridad expuso los riesgos de la reforma. No es casual. Tiene memoria, antecedentes y experiencia para advertir lo que puede venir.

Sabe, porque ya lo padeció, que cuando los intereses económicos concentrados avanzan sobre los bienes comunes con cobertura política y complacencia institucional, las provincias periféricas quedan condenadas a mirar cómo se vulneran sus derechos sin reparación efectiva.

Por eso adquiere especial relevancia la decisión de no resignarse. El gobierno provincial, organizaciones ambientalistas y la Universidad Nacional de La Pampa resolvieron unir fuerzas y dejar una marca política y judicial con la presentación de un amparo colectivo que apunta a declarar la inconstitucionalidad de la reforma.

No es un gesto menor. Es una forma de asumir que la disputa no terminó con una votación parlamentaria y que el terreno judicial puede convertirse en un espacio decisivo para frenar una norma regresiva.

También es una manera de dejar asentado que no todo da lo mismo, que todavía hay instituciones dispuestas a plantarse cuando el saqueo pretende disfrazarse de desarrollo y cuando la depredación quiere venderse como modernización.

En tiempos de individualismo agresivo, de desprecio por lo público y de ofensiva permanente contra cualquier límite al poder económico, esa articulación colectiva vale doble. No garantiza por sí sola el resultado, pero sí exhibe una vocación de defensa que honra la historia pampeana.

La comunidad organizada, cuando se trata de proteger el agua y el territorio, vuelve a aparecer como una de las pocas barreras firmes frente al abuso.

...y una de arena

Lo más penoso de este episodio es que, mientras una parte importante de la comunidad pampeana se abraza para defenderse, hubo representantes elegidos por esa misma provincia que decidieron ubicarse del otro lado del mostrador.

Los diputados nacionales Adrián Ravier y Martín Ardohain votaron en favor de una reforma que amenaza intereses vitales de La Pampa y se alinearon, sin disimulo, con la lógica del saqueo.

No hubo matices, no hubo dudas, no hubo siquiera la prudencia elemental de escuchar lo que la propia provincia venía planteando con argumentos sólidos. Eligieron levantar la mano para favorecer a los poderes económicos antes que para resguardar el patrimonio ambiental y estratégico de sus representados.

La palabra traición apareció con fuerza en la discusión pública. Pero además del reproche político, en sus intervenciones quedó expuesta otra dimensión igual de preocupante: la fragilidad intelectual y argumentativa con que intentaron justificar lo injustificable.

Ardohain optó por el atajo más cómodo: volver a cargar contra el gobierno provincial, como si la disputa por el agua y por los glaciares pudiera reducirse a una pelea partidaria. Ni siquiera consiguió explicar con claridad por qué tomó una posición distinta a la de la senadora pampeana de su propio espacio, que sí entendió la gravedad del asunto. Esa inconsistencia no solo revela improvisación: muestra también una alarmante desconexión con la dimensión concreta del problema.

Ravier, por su parte, volvió a confirmar que detrás del tono altisonante y del dogmatismo declamado asoma un legislador de vuelo corto. No defendió con palabras propias la reforma oficialista ni ofreció un razonamiento serio que permitiera comprender su voto.

Terminó refugiado en un recurso tan pobre como revelador: copiar y pegar los argumentos de un diputado santafesino, como si la representación política pudiera ejercerse mediante el trámite mecánico de repetir libreto ajeno. Y para completar el cuadro, se permitió además retar al periodismo sobre cómo debía contar la noticia, en un gesto de soberbia que no compensa la falta de sustancia.

Lo grave no es solo que dos diputados pampeanos hayan votado contra La Pampa. Lo grave es que lo hayan hecho con una mezcla de subordinación, liviandad e ignorancia.

En una discusión de enorme trascendencia, no actuaron como representantes de la provincia, sino como obedientes ejecutores de una agenda ajena. Y cuando un legislador renuncia a defender el interés del territorio que lo llevó al Congreso, ya no representa: apenas ocupa una banca.