La basura bajo la alfombra y otra traición en el Congreso

Una de cal…

La sanción de la ley que declara la emergencia en salud mental y consumos problemáticos en La Pampa tiene, antes que nada, un valor político y social que excede el articulado de una norma.

Pone sobre la mesa una problemática que durante demasiado tiempo fue escondida bajo la alfombra, tratada como una incomodidad privada, como un drama individual o como una basura que convenía no mirar. Y la primera virtud de una decisión pública, en este caso, es justamente esa: nombrar lo que existe.

La salud mental no es un tabú, ni una debilidad, ni un asunto que deba resolverse en silencio dentro de cada casa. Es una dimensión central de la vida comunitaria y, por lo tanto, necesita una respuesta del Estado, de las instituciones y de la sociedad. Que la Legislatura haya avanzado en esa dirección implica reconocer que hay padecimientos que atraviesan barrios, escuelas, clubes, lugares de trabajo, familias enteras y generaciones completas.

La emergencia, claro está, no es una buena noticia en sí misma. Nadie celebra que una provincia tenga que declarar una situación crítica para acelerar respuestas. Pero sí puede valorarse que esa crisis deje de ser negada, minimizada o barrida debajo de los discursos prolijos.

El aumento de las consultas, la presión sobre las guardias, el crecimiento de las internaciones, los consumos problemáticos y las dificultades para acceder a profesionales especializados muestran que el problema ya no admite dilaciones ni maquillajes.

Por eso la ley abre una oportunidad. La incorporación de más profesionales, la mejora de la infraestructura, el fortalecimiento de dispositivos de atención, las líneas de contención, las teleconsultas y la prevención en ámbitos comunitarios son herramientas necesarias para una demanda que se volvió más compleja. No alcanzan las respuestas fragmentadas ni los parches aislados: hace falta una política pública sostenida, territorial y cercana.

También es saludable que el debate haya puesto el acento en la prevención y la concientización. Durante años, muchas veces se llegó tarde: cuando el sufrimiento ya era extremo, cuando la familia ya no sabía qué hacer, cuando la escuela no tenía herramientas, cuando el sistema sanitario estaba desbordado o cuando el padecimiento había dejado de ser una señal de alarma para convertirse en una urgencia. El cambio de mirada consiste en intervenir antes, acompañar mejor y comprender que la salud mental no empieza ni termina en un consultorio.

El contexto vuelve todavía más necesaria esa perspectiva. La pandemia dejó marcas profundas, modificó vínculos, rutinas, duelos, formas de estudiar, trabajar y relacionarse.

Las redes sociales agregaron nuevas presiones, comparaciones permanentes, violencias silenciosas y modos de exposición que afectan especialmente a jóvenes y adolescentes. Y la realidad económica y política del país agrega una capa cotidiana de angustia: pérdida de empleo, salarios que no alcanzan, falta de perspectivas, incertidumbre permanente y una agresividad pública que baja desde el poder como si el desprecio fuera una forma aceptable de gobierno.

En ese clima, la salud mental no puede ser leída como una suma de fragilidades individuales. Hay dolores personales, desde luego, pero también hay condiciones sociales que enferman, discursos que lastiman, violencias que desgastan y políticas públicas ausentes que abandonan. La comunidad necesita mirar de frente esos padecimientos, no para convertirlos en consigna, sino para construir respuestas concretas.

El primer paso ya tiene importancia: sacar el tema de la oscuridad, dejar de fingir demencia y asumir que ningún sufrimiento colectivo se resuelve escondiéndolo bajo la alfombra.

 …y una de arena...

La otra cara de la semana la ofrecieron, otra vez, dos diputados nacionales pampeanos que parecen empeñados en demostrar que la representación política puede convertirse en una ficción administrativa. Adrián Ravier y Martín Ardohain votaron a favor del recorte al régimen de zona fría y, con esa decisión, acompañaron una medida que encarecerá la boleta de gas de miles decenas de miles de familias de la provincia.

La escena tiene una gravedad particular porque no se trata de una discusión lejana, abstracta ni meramente ideológica. La Pampa forma parte de una región donde el frío no es una rareza climática ni una exageración discursiva. Es una condición concreta de la vida cotidiana.

Se siente en las casas, en las escuelas, en los comercios, en los clubes, en las pequeñas empresas y en cada hogar que durante el invierno mira el consumo de gas con una mezcla de necesidad y temor.

Por eso el voto de Ravier y Ardohain no puede leerse como un detalle técnico dentro de una sesión más del Congreso. Fue una toma de posición política contra los intereses de la provincia que dicen representar.

Mientras los hogares pampeanos enfrentan tarifas cada vez más pesadas, salarios debilitados y una economía familiar sometida al ajuste permanente, los dos legisladores eligieron alinearse con el mandato del Gobierno nacional antes que con las necesidades concretas de sus comprovincianos.

Ravier no sorprendió. Su banca es hija directa del experimento libertario y su obediencia al poder nacional forma parte de su razón de ser política. Incluso celebró como una "jornada histórica" la media sanción de una iniciativa que, si completa su recorrido legislativo, se traducirá en aumentos severos para usuarios pampeanos. La historia, en ese caso, no la escriben las familias que deberán pagar más, sino quienes festejan el ahorro fiscal desde la comodidad de una planilla.

Lo de Ardohain exhibe otra clase de acomodamiento. El diputado del PRO parece decidido a leer los nuevos vientos nacionales con una docilidad cada vez más explícita, aun cuando eso implique votar a contramano de la provincia que lo llevó al Congreso. Ya no se trata solo de acompañar una orientación política general, sino de convalidar medidas que golpean de lleno sobre sectores trabajadores, productivos y familiares de La Pampa.

Esa es la traición de fondo: no haber votado contra un bloque opositor, ni contra una consigna partidaria, sino contra una realidad territorial. Un diputado nacional por La Pampa no ocupa una banca para agradar a sus jefes políticos, para acomodarse a la moda ideológica del momento ni para rendir examen de obediencia ante la Casa Rosada. Está allí, al menos en teoría, para defender intereses concretos de la provincia, aun cuando eso incomode a sus aliados circunstanciales.

La política nacional ofrece cada semana nuevas pruebas de esa degradación. Se votan recortes, desregulaciones, quitas de derechos o ajustes con nombres prolijos, pero el resultado suele ser el mismo: menos protección para los que trabajan, producen, estudian, alquilan, consumen energía o simplemente intentan sostener una vida digna en medio de una economía hostil. La motosierra, cuando baja al territorio, deja de ser una metáfora televisiva y se convierte en una factura más cara, en una persiana que no se levanta, en una familia que vuelve a ajustar lo que ya no tiene margen de ajuste.

Lo que llama la atención, a esta altura, es la paciencia social frente a ese tipo de conductas. Ravier y Ardohain no votaron una abstracción: votaron una medida que puede perjudicar a la misma comunidad que les dio representación institucional. Y lo hicieron en nombre de un alineamiento político que confunde disciplina con entrega, modernización con ajuste y responsabilidad fiscal con desamparo.