Las enseñanzas de la calle y las ignorancias del Palacio 

Una de cal…

La calle volvió a enseñar. Y lo hizo con una contundencia que ninguna oficina cerrada debería darse el lujo de ignorar. En La Pampa como en el resto del país, el mensaje popular fue un sacudón y una advertencia: la comunidad marcó la cancha del poder político que solo se rige por planillas de Excel, motosierras y tecnicismos.

Las masivas movilizaciones en defensa de la educación pública y de las universidades demostraron, durante la semana que se fue, la potencia que todavía puede expresar la ciudadanía cuando identifica un límite.

En distintos puntos del país, la exigencia para que se respete la ley de financiamiento universitario reunió una demanda transversal, capaz de atravesar generaciones, territorios, pertenencias sociales y afinidades políticas.

No se trató solo de una marcha sectorial ni de una reacción corporativa. Fue, otra vez, una expresión colectiva en defensa de una institución que forma parte de la historia, la identidad y el horizonte de movilidad social de la Argentina.

La universidad pública no aparece en esa escena como un privilegio, sino como una conquista social que miles de familias reconocen como propia, incluso cuando no todas hayan pasado por sus aulas.

Por eso la respuesta que bajó desde las calles debería ser leída con atención por el poder político. Pero también, a esta altura, por el máximo organismo del Poder Judicial, que tiene bajo su mirada una discusión decisiva sobre el cumplimiento de una ley sancionada para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

La señal social fue clara: hay una comunidad que quiere proteger a la educación pública del andar cruel e impiadoso de la motosierra.

La confluencia de autoridades universitarias, trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, estudiantes, graduados, familias y vecinos encontró un eco rotundo en una sociedad que sabe lo que está en juego.

En las universidades anida buena parte del sueño de argentinos y argentinas: la posibilidad de estudiar, formarse, investigar, enseñar, proyectar un futuro y construir conocimiento desde una mirada federal.

La calle, en ese sentido, no solo reclamó por presupuesto. También recordó que la educación pública es una de las pocas promesas igualadoras que todavía conserva legitimidad social. Y que cualquier gobierno que decida atacarla no enfrenta apenas a un sector organizado, sino a una memoria colectiva que sabe reconocer dónde están algunas de sus mejores herramientas de dignidad.

…y una de arena...

Frente a esa enseñanza que bajó desde las calles, la respuesta del Palacio fue entre bizarra, patética y reveladora de un festival de ignorancia.

No solo porque el propio presidente Javier Milei volvió a dedicar sus energías a atacar a la universidad pública y a los universitarios, sino porque además sus voceros informales en los streamings libertarios y sus representantes en distintas provincias eligieron respuestas agresivas, despectivas y carentes de toda coherencia frente a una jornada que había sido ejemplar por su masividad y su sentido democrático.

En La Pampa, esa expresión tuvo como protagonista al diputado nacional Adrián Ravier, presidente de La Libertad Avanza en la provincia. Ravier es un dirigente que vive al menos doblemente del Estado: ocupa una banca en el Congreso de la Nación y, además, es docente en la Universidad Nacional de La Pampa.

Sin embargo, desde ese lugar eligió atacar al propio Estado del que se sirve y a quienes interpretan que el servicio público puede ser también un destino legítimo, valioso y profesional.

Ravier se burló de que estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas puedan tener, entre sus aspiraciones laborales, la posibilidad de trabajar en áreas como Rentas del Gobierno provincial. Según su mirada, deberían soñar con ser empresarios. La frase, además de encerrar una falsedad respecto de la vida real de las aulas, revela un prejuicio profundo sobre el Estado, sobre la universidad pública y sobre el sentido social del conocimiento.

El planteo desnuda una matriz ideológica conocida: la idea de que el Estado debe ser chico, pero además es feo, sucio y malo. Una caricatura útil para justificar recortes, desprestigiar trabajadores y convertir cualquier tarea pública en una sospecha.

Pero es el Estado el que también resuelve problemas, planifica, contiene, garantiza derechos, sostiene servicios, promueve conocimiento y genera condiciones para que una comunidad pueda desarrollarse con algo más que la ley del mercado como único horizonte.

Esa creatividad social, además, demanda inversión. No surge de la motosierra ni de la burla fácil. La idea de que el Estado no tiene ninguna función que cumplir, o de que toda persona que trabaja en él es una especie indeseable, pretende imponerse como verdad cuando en realidad es apenas una consigna ideológica pobre, repetida y funcional al ajuste.

Ravier volvió a demostrar, con esa intervención, una ignorancia llamativa sobre la institución de la que forma parte. Y dejó expuesta otra paradoja: algunos personajes que en el ámbito privado se presentan como exitosos encuentran enormes dificultades para demostrar esa misma solvencia cuando les toca actuar en el Estado.

Tal vez porque gobernar, legislar, enseñar, gestionar o construir políticas públicas exige algo más que frases de ocasión. Exige responsabilidad, conocimiento, compromiso y una comprensión mínima de la vida concreta de una comunidad. Ahí, justamente, es donde las ignorancias del Palacio suelen quedar más a la vista.