Un reto a la ignorancia en el poder y un conventillo deliberante

Una de cal…

Frente a tantas señales de retroceso que llegan desde el escenario nacional, otra vez apareció una reacción pampeana saludable, firme y necesaria frente a una posición que lesionó de modo directo los intereses de la provincia.

Las insólitas afirmaciones del diputado nacional libertario Adrián Ravier, en defensa de la reforma de la Ley de Glaciares y en un intento de justificar su voto en el Congreso, dejaron expuesta no solo una mirada ajena a las necesidades pampeanas, sino también un grado de ignorancia alarmante sobre un asunto estratégico para el presente y el futuro de la provincia.

Ravier se permitió afirmar, con una liviandad que asombra, que el origen del río Colorado sería nival y no glaciar, como si décadas de estudios científicos, investigaciones universitarias y debates técnicos pudieran ser barridos de un plumazo por una ocurrencia publicada a modo de tribuna ideológica.

Más grave todavía: durante el tratamiento legislativo no elaboró un argumento propio de peso para defender esa postura, ni mostró una comprensión seria del tema. Su papel quedó reducido a la repetición de razonamientos importados, ajenos a la realidad pampeana y copiados de voces que nada tienen que ver con la defensa de nuestros recursos.

Lo valioso, en medio de semejante despropósito, fue la respuesta. La provincia reaccionó. Hubo cuestionamientos desde el oficialismo, por supuesto, pero lo más importante fue que la impugnación no quedó limitada al terreno partidario.

También surgió con fuerza desde ámbitos donde el conocimiento, la trayectoria y el compromiso con la defensa del agua tienen una legitimidad mucho más sólida que cualquier banca circunstancial.

La Fundación Chadileuvú, con la autoridad que le dan años de lucha en defensa de los ríos pampeanos, elaboró un documento duro y preciso, en el que dejó en evidencia la inconsistencia de los dichos de Ravier y lo ubicó en el lugar que le corresponde frente a una discusión de esta magnitud.

No fue apenas una réplica política: fue una respuesta fundada, que lamentó además que haya espacios de poder ocupados por personas que desconocen de manera tan elemental los temas sobre los que deciden.

En la misma línea se expresó Beatriz Dillon, profesora de Geografía, referente de la Universidad Nacional de La Pampa y voz ineludible cuando se habla de recursos hídricos. Su intervención tuvo el peso de la seriedad académica y la contundencia de quien sabe de qué está hablando.

La sola pregunta sobre de dónde saca Ravier autoridad para pretender derribar, con un artículo "periodístico", una construcción científica extensa, rigurosa y sostenida en el tiempo, alcanzó para exponer el carácter improvisado de su postura.

Esa es la buena noticia dentro de un cuadro preocupante: frente a la ignorancia, La Pampa no se quedó callada. Desde la política, desde la ciencia y desde las organizaciones de la sociedad civil apareció una reacción que defendió no solo una posición técnica, sino también un interés vital de la provincia.

Ravier quedó en un papel mamarrachesco, desautorizado por quienes realmente conocen el tema. Y aunque habrá que ver si esa conducta tiene o no un costo político, al menos quedó una certeza: del lado pampeano todavía hay reflejos para salir a defender lo que importa.

…y una de arena…

Otra vez la política santarroseña ofreció una escena bizarra: encerrada en sus movimientos tácticos, pendiente de su ventaja ocasional y bastante corrida del lugar donde en verdad pasan las cosas.

Antes de que la tormenta volviera a poner a la ciudad patas para arriba, con vecinos preocupados por lo urgente, calles complicadas, desbordes, ramas, cables, anegamientos y la sensación repetida de vulnerabilidad, en el Concejo Deliberante se montó una circunstancia tan excepcional como reveladora.

Durante unas horas, por un corrimiento institucional, la presidencia del cuerpo quedó en manos de la radical Romina Paci, ya que la titular natural, Romina Montes de Oca, debió hacerse cargo del Poder Ejecutivo ante la licencia del intendente Luciano di Nápoli.

Ese cuadro extraordinario habilitó una jugada que, más allá de su legalidad o de su picardía reglamentaria, dejó al desnudo un problema más profundo: el desacople entre las prioridades de la dirigencia y las de la ciudad real.

La oposición quiso aprovechar esa mayoría circunstancial para derogar tres ordenanzas que ya fueron largamente discutidas, debatidas, defendidas y cuestionadas: la Revisión Técnica Obligatoria, el sistema de fotomultas y la extensión del estacionamiento medido.

No se trataba de temas nuevos, ni de escándalos recién revelados, ni de urgencias institucionales que no pudieran esperar. Eran, en todo caso, viejas discusiones reabiertas al calor de una oportunidad política.

Una cosa es sostener una postura crítica, insistir con objeciones o representar el malestar de una parte de la ciudadanía. Y otra muy distinta actuar como si el solo cambio circunstancial de una mayoría permitiera borrar de un plumazo normas que atravesaron el recorrido institucional correspondiente.

Esas ordenanzas no cayeron del cielo ni fueron aprobadas a escondidas: generaron polémica, sí; resistencia, también; pero fueron sancionadas después de un proceso político que ya tuvo sus instancias de deliberación. Intentar su derogación exprés, al amparo de una anomalía transitoria en la conducción del cuerpo, proyectó una imagen extraña desde el punto de vista institucional y también bastante mezquina desde el punto de vista político.

Más todavía en el caso puntual de la RTO, donde el panorama viene de recibir un aval judicial que le da al asunto un peso específico imposible de ignorar. Se podrá seguir discutiendo su implementación, sus alcances, sus costos y hasta sus efectos concretos sobre el humor social, pero no se puede fingir que nada ocurrió cuando la propia Corte Suprema terminó convalidando lo actuado por la Municipalidad. En ese marco, insistir con una derogación repentina sonó menos a construcción de una alternativa seria que a búsqueda de impacto.

Eso no absuelve al oficialismo de sus propias deformaciones. También erosiona la confianza de la sociedad que los representantes tengan una tendencia automática a cerrarse sobre sís mismos, a blindar al Ejecutivo, a clausurar discusiones incómodas y a tratar todo cuestionamiento como si fuera apenas una maniobra enemiga.

El peronismo local suele mostrarse más rápido para proteger a los suyos que para abrir un debate de fondo con el radicalismo, con el PRO o con Comunidad Organizada. Y esa lógica defensiva, repetida hasta el cansancio, alimenta la sospecha de que muchas veces el interés principal no es discutir mejor, sino resistir mejor.

En el medio, como casi siempre, queda la comunidad, mirando una discusión que por momentos parece suceder en una dimensión paralela. Una ciudad que lidia con problemas concretos, cotidianos y a veces dramáticos, no necesita representantes que jueguen al ajedrez con ordenanzas viejas mientras afuera el agua vuelve a entrar por la puerta.