El respaldo judicial que faltaba y la motosierra haciendo estragos

Una de cal…

La decisión judicial que ratificó la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario aportó el respaldo institucional que faltaba para dejar en evidencia, una vez más, la gravedad de la conducta asumida por el gobierno libertario de Javier Milei frente a uno de los pilares más valiosos de la vida democrática argentina.

Ya no se trata solo de un reclamo político, de una demanda sectorial o de una controversia presupuestaria: la norma aprobada con amplísimo consenso, nacida de un debate público extendido y sostenida por la legitimidad del Congreso, debe cumplirse sin más rodeos ni excusas.

El pronunciamiento adquiere una dimensión todavía mayor porque llega en un momento de extrema fragilidad para el sistema universitario. El reciente encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional volvió a poner en blanco sobre negro una crisis que dejó de ser advertencia para convertirse en una realidad palpable: salarios deteriorados, funcionamiento condicionado, pérdida de capacidades y un ahogo financiero que amenaza el presente y compromete el futuro.

En ese cuadro, la universidad pública no aparece solo como una estructura administrativa afectada por el ajuste, sino como una de las herramientas más potentes de transformación, movilidad social y producción de conocimiento que tiene el país.

Por eso el valor del fallo excede el expediente. La definición judicial ordena el escenario político y despeja cualquier intento de relativizar el conflicto.

Las universidades ya tenían de su lado el respaldo de amplios sectores de la sociedad, expresado en movilizaciones masivas y en una defensa transversal que atravesó pertenencias partidarias e intereses sectoriales.

También contaban con el aval del Congreso, que dio forma institucional a esa demanda. Ahora se suma la ratificación de un organismo judicial superior, que confirma que no hay margen legítimo para seguir dilatando la aplicación de la norma.

En ese proceso, resultó clave la tarea de articulación y búsqueda de unidad que permitió sostener el reclamo en distintos planos. El rector de la UNLPam, Oscar Alpa, tuvo un papel relevante en esa construcción y definió el fallo como "un triunfo político", una caracterización certera de la potencia de la legitimidad democrática frente a un Poder Ejecutivo cada vez más aislado en su empecinamiento.

Si aun así el gobierno nacional insistiera en desoír a las instituciones, el problema dejaría de ser su insensibilidad frente a las necesidades de la comunidad universitaria. Estaría avanzando, además, en un abierto desconocimiento de las reglas vigentes, en un nuevo pisoteo institucional, en una deriva cada vez más difícil de separar de la arbitrariedad.

Cuando la calle, el Congreso y la Justicia coinciden en señalar el mismo límite, lo que queda en discusión no es la validez del reclamo universitario, sino la decisión política de un Ejecutivo encaprichado, dispuesto a ir a contramano del sentido común y de las necesidades populares.

…y una de arena…

La crisis que atraviesan las intendencias de todo el país terminó de confirmar, una vez más, hasta qué punto el ajuste salvaje del gobierno de Javier Milei se descarga sobre la vida cotidiana de la población y sobre las estructuras del Estado que todavía sostienen alguna respuesta concreta frente al deterioro social.

Los municipios, ese primer mostrador al que recurre la comunidad cuando ya no encuentra amparo en otros niveles de gobierno, están siendo empujados a una situación límite. Son, en los hechos, la última trinchera frente al avance de la pobreza, la parálisis de la obra pública, el retroceso de programas básicos y la caída general de la actividad.

La cumbre que reunió a un grupo de intendencias importantes del país, entre ellas la de Santa Rosa con Luciano di Nápoli, no hizo más que poner en escena un drama que en La Pampa se conoce demasiado bien. Lo padecen y lo describen a diario jefes comunales de signos políticos distintos, tanto en localidades grandes como en pueblos pequeños, tanto en el norte como en el sur provincial.

No es una dificultad aislada, ni un problema de gestión, ni una exageración opositora: es el resultado directo de una política nacional que recorta recursos, deserta de sus responsabilidades y después pretende que los gobiernos locales absorban, en soledad, las consecuencias del desastre.

Ahí aparece una de las mayores perversidades de este modelo. Mientras la Nación se corre, son los municipios los que deben seguir dando respuestas por la asistencia social, el mantenimiento urbano, la contención comunitaria y una infinidad de demandas que crecen al ritmo del empobrecimiento.

Es decir: la motosierra no solo destruye partidas y programas, sino que además traslada la presión política, administrativa y humana hacia el escalón estatal más cercano a la gente.

Pero el cuadro no se agota en la protesta, por más legítima y urgente que sea. Los intendentes y las intendentas, que hoy ocupan esa primera línea de fuego, también cargan con otra responsabilidad: incidir en las construcciones políticas que vienen.

No alcanza con advertir el desastre ni con administrar la escasez con mayor o menor destreza. También habrá que sacar conclusiones en el terreno donde después se resuelven candidaturas, alianzas, acuerdos y repartos de poder.

Porque sería un pésimo negocio para la sociedad que, una vez más, el toma y daca de la política termine reciclando, premiando o blanqueando a los mismos espacios y dirigentes que empujaron a las comunidades a esta situación angustiante. Si la crisis municipal desnuda algo, no es solo el daño del ajuste, sino también la necesidad de construir una respuesta política que no vuelva a dejar a la intemperie a quienes, todos los días, ponen la cara frente al malestar colectivo.