El tiermismo quiere acelerar el tratamiento de una licitación para Medanito
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La investigación por el robo de dos motocicletas al comercio "Ambrogetti Motos" en General Pico sumó un nuevo capítulo judicial este jueves. Tras la detención de Walter Sebastián Ortega, la jueza Ana Ruffini dispuso la formalización de la investigación y ordenó una medida de coerción de 30 días, aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Durante la audiencia, el fiscal Juan Cupayolo detalló la mecánica del robo ocurrido el pasado 28 de febrero a las 05:20 horas. Según la acusación, Ortega junto a Alexis Aballar (quien ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva), ingresaron al local tras escalar un muro de dos metros. Una vez dentro, sustrajeron un manojo de llaves con el que abrieron el garage para llevarse una Zanella ZB 0km y una Yamaha XTZ 250.
Por este accionar, la Fiscalía imputó a Ortega por robo doblemente agravado, una figura penal que contempla el escalamiento y el uso de llave verdadera sustraída.
Debate por la libertad
El foco de la audiencia estuvo puesto en la medida de coerción. Mientras el fiscal Cupayolo solicitó tres meses de prisión preventiva alegando riesgos de fuga y entorpecimiento, el defensor particular Guillermo Constantino se opuso firmemente, solicitando una medida menos severa.
Al momento de resolver, la jueza Ruffini recordó que Ortega aún goza del principio de inocencia y que las medidas restrictivas deben ser interpretadas de forma restrictiva. "Todavía está vigente para la persona de Walter Sebastián Ortega el principio de inocencia", fundamentó la magistrada antes de dictar el fallo.
La jueza finalmente resolvió que Ortega permanezca bajo arresto domiciliario por un plazo de 30 días, condicionado a las siguientes pautas:
Monitoreo electrónico: Se ordenó la colocación inmediata de una tobillera electrónica.
Restricción de contacto: Prohibición absoluta de comunicación con el denunciante, Roberto Abel García, y su hijo.
Domicilio fijo: La medida se cumplirá en una vivienda de la calle 40 de General Pico.
La magistrada consideró que el plazo de un mes es suficiente para que la Fiscalía avance con la toma de declaraciones y el análisis de un teléfono celular recientemente secuestrado. Asimismo, Ruffini advirtió al imputado que cualquier incumplimiento de las reglas impuestas derivará en la revocación del beneficio y su inmediato traslado a una sede policial.
Con esta resolución, los dos acusados por el golpe al comercio céntrico permanecen vinculados al proceso: uno bajo prisión preventiva efectiva y el segundo bajo control electrónico domiciliario.
