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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - El Tribunal de Impugnación Penal (TIP) confirmó este miércoles la condena de 14 años de prisión contra Hugo Carbonel, sentenciado por abusar sexualmente de personas con discapacidad que acudían al Centro de Día de la Asociación de Padres y Amigos Protectores (APAP), una institución de General Pico dedicada a la atención e inclusión de ese colectivo que era dirigida por el condenado. Conocido el fallo, la querella pidió la inmediata detención del referente social piquense, que hasta el momento aguardaba la definición judicial en prisión domiciliaria.
El traslado del abusador a una dependencia policial se da en el marco de lo que se denomina "doble conforme", un segundo fallo condenatorio o confirmación de la primera sentencia. La resolución del TIP se conoció en horas de la mañana del miércoles y de inmediato el juez de Ejecución Penal Mauricio Pascual ordenó el encierro en una celda del hombre que cumplía arresto en su casa. Ya está detenido en la Comisaría Tercera.
A partir de ahora, seguramente la defensa de Carbonel apelará la detención tras las rejas y apuntará para ello a su avanzada edad, 76 años, o problemas de salud, lo que implicará la intervención de los forenses judiciales para justificar un eventual cumplimiento de pena en su domicilio. Aunque, en ese sentido, el extitular de APAP estaría complicado porque los antecedentes marcan que el juez Pascual es inflexible en el otorgamiento de beneficios a condenados por delitos sexuales.
El fallo del TIP ratificó la sentencia dictada originalmente el 3 de octubre de 2025 por el Tribunal de Audiencia de General Pico integrado por los jueces María José Gianinetto, Federico Pellegrino y Marcelo Luis Pagano. Aquella resolución había considerado a Carbonel como autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal como delito continuado" en perjuicio de una de las víctimas, y "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de otra.
El peso de las pruebas
Para comprender la magnitud de la confirmación del TIP, es necesario remitirse a los fundamentos del fallo de primera instancia, donde las pruebas reunidas durante el debate oral resultaron demoledoras.
En aquella oportunidad, los magistrados fueron tajantes al evaluar el consentimiento en un contexto de discapacidad. El tribunal expresó con claridad: "No desconocemos ni se encuentra en discusión el derecho y capacidad de las personas con discapacidad a gozar de su sexualidad con libertad y en igualdad de condiciones, pero en este caso claramente, por las propias declaraciones de las jóvenes damnificadas, se extrae que las prácticas sexuales que mantuvieron con Hugo Carbonel no resultaron actos libres, actos queridos por ellas, consentidos, sino por el contrario, se concluye que fueron obligadas a ello por el acusado".
La investigación había determinado que los abusos ocurrieron entre los años 2014 y 2023, aprovechando Carbonel su posición de máxima autoridad en la institución a la que asistían las víctimas. Sobre una de las damnificadas, el fallo detalló una asimetría de poder escalofriante: "Carbonel se valió de las características propias de la joven para cometer los hechos de abuso sexual, pero también de las suyas, por el lugar que ocupaba en la institución APAP".
Los jueces agregaron que el acusado "obligaba a la damnificada a ir a su encuentro para someterla sexualmente y saciar sus deseos sexuales, utilizando a su favor el rol que ocupaba en la asociación, como así también su mayor vulnerabilidad y su capacidad de autodeterminación disminuida".
El origen del caso
La causa que causó conmoción en Pico y la provincia se inició el 11 de marzo de 2024, tras una denuncia realizada por la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. La jefa comunal había recibido mensajes y audios directos en su teléfono personal de parte de una exempleada de APAP, quien reveló las situaciones de abuso y vulneración de derechos que ocurrían en el seno de la institución. Algunos de eses audios llegaron a viralizarse y exponían a Carbonel en diálogos aberrantes con algunas de las víctimas.
Hoy, con la ratificación de la pena de 14 años, la Justicia parece dar un paso final hacia el cierre de un ciclo de impunidad que se extendió por muchos años.
La mirada está puesta ahora en la decisión que tome el juez de Ejecución Penal sobre el traslado de Carbonell a una cárcel común, cumpliendo con el reclamo de justicia de dos víctimas cuya vulnerabilidad fue utilizada sistemáticamente para ocultar el horror detrás de la fachada de una histórica y necesaria institución para Pico y la zona.
