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EL DIARIO digital
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La organización gremial solicitó evaluaciones psicológicas para el personal de las Defensorías Civiles de las distintas circunscripciones judiciales de la provincia.
La presentación fue realizada el 16 de octubre y estuvo dirigida a la secretaria de Recursos Humanos del Superior Tribunal de Justicia, María Carolina Solera. La nota lleva la firma de la secretaria general del sindicato, Susana Funes.
En el escrito, SITRAJ expresa su preocupación por el deterioro de las condiciones de trabajo, la sobrecarga de tareas, las deficiencias edilicias y la distribución de los espacios laborales. Advirtió que estas circunstancias generan un creciente riesgo para la salud física y psicológica del personal, por lo que solicitó la realización de evaluaciones psicológicas a todas las trabajadoras y todos los trabajadores del área, a través del organismo judicial correspondiente.
El sindicato remarcó además que el Poder Judicial, en su carácter de empleador, tiene la obligación de garantizar la salud y la integridad de su personal, adoptando las medidas necesarias para prevenir y atender las consecuencias de las actuales condiciones laborales.
En el texto de la presentación, Funes se dirigió a Solera para solicitar que, "en el marco de la grave crisis laboral e institucional existente en las Defensorías Civiles de las diferentes circunscripciones de la Provincia de La Pampa, se tomen las medidas necesarias para la protección de los trabajadores y las trabajadoras".
La nota señala que desde el sindicato percibieron "un notable deterioro y un creciente riesgo para la salud mental de las y los trabajadores", situación que se ve agravada por las condiciones edilicias, la distribución de los espacios, el cúmulo de tareas y las exigencias laborales. Según el escrito, estos factores resultan altamente significativos en el desarrollo de síntomas que pueden afectar tanto la salud física como psicológica, profundizando la vulnerabilidad de los y las trabajadoras en el ámbito laboral.
Por ello, se solicita la realización de evaluaciones psicológicas a todos y todas las trabajadoras del área, "a fin de detectar y/o diagnosticar posibles patologías que pudieran estar padeciendo como consecuencia de la situación de emergencia que es de público conocimiento".
La presentación fundamenta el pedido en que el Poder Judicial, en su doble carácter de empleador y Poder del Estado, tiene la obligación "ineludible e indelegable" de velar por la salud y la integridad de sus trabajadores y trabajadoras, "debiendo conocer acabadamente su estado de salud y adoptar las medidas que la situación requiera".
