Reforma laboral, entre atropellos y coherencias; Medanito, de desierto en desierto
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
En Colonia 25 de Mayo, la semana que se fue dejó una postal que vale más por lo que habilita que por el volumen que mostró: la comunidad se reunió para poner en debate qué hacer con el área Medanito, en un momento clave marcado por la incertidumbre.
El disparador fue el fracaso de la licitación convocada por el Gobierno provincial, que quedó desierta el 9 de febrero, y el calendario que aprieta: el 19 de junio de 2026 vence la concesión de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), en un yacimiento que viene con actividad reducida y una dinámica que arrastra preocupación entre trabajadores, contratistas y comercios que dependen de ese motor.
La asamblea convocada por el intendente Leonel Monsalve, con el acompañamiento del sindicalismo petrolero y espacios opositores, buscó marcar resistencia frente al proyecto oficial que propone que Pampetrol tome el control del área en una transición por 24 meses.
Lo que en la previa se imaginaba como una "pueblada" no tuvo ese marco ni la épica que algunos proyectaban, y tampoco logró convertirse en un hecho político de alto impacto provincial: el debate no terminó de prender con fuerza en la Legislatura, que aportó la presencia de apenas dos de los 30 representantes invitados.
Sin embargo, el valor de la convocatoria estuvo en otro lado: sirvió para ordenar preguntas, poner datos arriba de la mesa y escuchar miradas diversas, desde operarios y técnicos hasta empresarios locales y vecinos sin pertenencia partidaria.
En ese intercambio apareció un punto que conviene subrayar: la potencialidad del área. Técnicos que participaron expusieron información y remarcaron que Medanito sigue siendo un activo de peso en términos de hidrocarburos convencionales, con posibilidades que la ubican entre las más atractivas del país en ese segmento.
Y ahí está, justamente, la nota positiva: cuando un recurso tiene esa magnitud, el peor escenario es el silencio o la resignación. Con mayor o menor número, la comunidad hizo lo que corresponde en un momento bisagra: discutir, exigir claridad y reclamar reglas.
El trasfondo político, claro, no desaparece. La sensación que se respiró es que Monsalve, hoy en una nueva sintonía con referencias del gobierno nacional, va a jugar a fondo contra la salida transitoria impulsada por el peronismo provincial, con la mirada puesta en un recambio rápido hacia un operador privado.
…y una de arena…
El Senado le dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y giró el proyecto a Diputados. El punto político es evidente: el oficialismo logró alinear una mayoría transversal —con apoyos de distintas bancadas y de provincias cordilleranas— para reescribir una norma que, desde 2010, funciona como vallado de "presupuestos mínimos" frente a actividades capaces de afectar glaciares y ambiente periglacial.
En la propia sesión, además, se incorporaron cambios de último momento al dictamen, un procedimiento que se repite y que vuelve opaca la discusión real.
El problema es que, detrás de la aritmética parlamentaria, se abre una zona de riesgo que no se mide en la coyuntura de un poroteo: cuando se toca el esquema de protección de las reservas de hielo y del ambiente periglacial, lo que queda en discusión es el agua presente y futura.
El nuevo texto insiste en que se trata de reservas estratégicas, pero desplaza el eje hacia definiciones y procedimientos que pueden terminar estrechando el alcance efectivo de la protección, según cómo se reglamente y cómo se aplique en territorio.
Ahí La Pampa no mira desde la tribuna. Cada vez que en la alta montaña se aflojan criterios, se reinterpreta el alcance del inventario o se discute qué queda dentro y qué queda fuera del paraguas de la ley, lo que está en juego son cuencas interprovinciales y, por extensión, la seguridad hídrica de regiones que dependen de lo que ocurre aguas arriba.
En ese marco, hubo un dato que, aun dentro de un cuadro preocupante, aparece como señal: los tres representantes pampeanos votaron en contra. No es un detalle menor en un Senado donde, además de las presiones de gobernadores y lobbies sectoriales, se vieron maniobras que ya se vuelven rutina: tratamientos acelerados y un debate que por momentos se deshilacha entre chicanas, improvisación y un tono que degrada la conversación pública.
También quedó expuesto el contraste entre la conveniencia de corto plazo y el costo colectivo: provincias que celebran la media sanción —Mendoza, entre ellas— lo hacen bajo la lógica de destrabar inversiones, como si el asunto fuera una pulseada local y no una discusión nacional sobre bienes comunes.
La evidencia lastima y golpea: el Congreso puede convertir en trámite lo que, en rigor, debería tratarse con prudencia extrema, evidencia sólida y una institucionalidad a la altura del tema.
