Funcionarios declararon por el faltante de dinero en Tránsito

El fiscal general Armando Agüero recibió las declaraciones testimoniales de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en el marco de la investigación contra un cajero de Tránsito por el faltante de medio millón de pesos. 

General Pico (Agencia) Como parte de la investigación por el faltante de más de medio millón de pesos de las arcas del área de Tránsito de la Municipalidad de General Pico, el fiscal general Armando Agüero recibió ayer las declaraciones testimoniales de funcionarios de la Secretaría de Hacienda. El funcionario explicó que la intención es que estos clarifiquen cómo era la cadena de mando, las responsabilidades y funciones de cada persona involucrada en el proceso de cobro, control y rendimiento del dinero cobrado en la caja recaudadora de la mencionada dependencia municipal.

En los Tribunales Piquenses, el fiscal general les tomó testimonio ayer por la mañana al contador del municipio, Sebastián Lamberti, y a la tesorera comunal, María José Mendoza. Tras culminar con las tareas, el funcionario judicial dialogó con los medios y explicó los pormenores del caso desde el punto inicial, cuando una situación fortuita generó que un directivo de alto rango descubriera que algo no estaba bien en cuanto al cobro del dinero de las licencias de conductor, entre otros trámites.“Esto nace con una denuncia de Luis Daratha, de Tránsito, por un faltante en principio de 112.000 pesos.

Después, como parte de una auditoría que hace la Municipalidad del período 2018, de enero a julio, se amplió el perjuicio a 570.000 pesos y ahora están auditando el año 2017, con un compromiso del municipio de traernos rápidamente los resultados para saber si esto se queda en ese monto o se incrementa”, comentó Agüero y precisó que esos resultados serían entregados en la jornada de hoy. 

Mecánica 

Explicó que “la mecánica de sustracción fue por parte del único cajero que tenía Tránsito, esta persona, de apellido Godoy García, sobre quien, debido a la magnitud del daño causado y la circunstancia de que es un funcionario público, con lo cual de ser condenado solo puede ser sancionado con prisión, solicitamos la prisión preventiva que la jueza Cardozo nos otorgó por 30 días”.

“En ese plazo esperamos concluir la investigación respecto no solo a él, sino también de las dos señoritas que en principio les tomamos declaración de imputadas y las formalizamos por “peculado culposo”, esto es que presumiblemente por una conducta negligente anularon recibos perdidos del cajero, permitiéndole a este sustraer el dinero. Ellas no están acusadas de sustraer o quedarse con algo de ese dinero”, aclaró.

Remarcó que estas mujeres, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, tuvieron “una conducta negligente, motivada por una cuestión de confianza o de hacer más de lo que debían, y se prestaron a los pedidos de anulación del cajero que le permitieron retirar el dinero. Vuelvo a repetir, no se las investiga por quedarse con el dinero, sino que serán castigadas si se demuestra que no tenían la facultad de hacer eso o tenían la obligación de pedir autorización para anular los recibos, pudiendo recibir una sanción de multa”.

“Tenemos que establecer las obligaciones y responsabilidades de estas chicas que estaban en el área de Sistemas”, indicó el abogado, señalando que este es uno de los motivos por los que se convocó a los funcionarios comunales ayer. 

Recibos truchos

Por otro lado, explicó además que “la otra maniobra” realizada presuntamente por Godoy García consistía en que “hacía recibos de forma manual, argumentando alguna falla en el sistema. Este recibo le permitía al contribuyente realizar su trámite, pero como no estaba registrado en el sistema, el imputado se quedaba con el dinero”.

Reveló que el imputado no quiso declarar sobre esto y que solo admitió su responsabilidad en el faltante de los 112.000 pesos correspondientes a julio de este año. De ser hallado culpable, podría recibir una pena que va de los 2 a 10 años de prisión. 

“Yo no creo que haya complicidad en el sistema de confección de recibos manuales, porque él lo hacía argumentado una falla del sistema. Evidentemente, lo que hay es una falla en la rendición de la caja”, agregó.

“Lo que tiene que ver con la sustracción del dinero es la parte más simple de demostrar, ahora lo que tiene que ver con la auditoría, la gestión, el control, la fiscalización de la contabilidad del dinero que ingresa a la Municipalidad es un poco más complejo, que tiene interrelación de funcionarios, que es lo que estamos evaluando para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos y/o de la de otras personas”, dijo.

“Esto puede ser que se limite a las personas imputadas, a que se agreguen más o incluso que se determine que estas señoritas las de Cómputos- no tengan responsabilidad. Por eso estamos pidiendo un montón de informes y convocando a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que expliquen cómo es el sistema, las responsabilidades de cada uno y cómo es el organigrama”, reveló.

Adelantó que “la semana que viene ya vamos a arrancar con una pericia contable de parte de la Fiscalía para verificar que todo esto que tiene que ver con la auditoría y con la información sobre las funciones y obligaciones de cada uno, tenga una inspección judicial. Obviamente contamos con la colaboración del municipio, que hasta el momento se ha prestado a la auditoría, a enviar la documentación y facilitando lo que tiene que ver con la pericia judicial para determinar las responsabilidades, ya no lo que tiene que ver con la sustracción, sino con el control del dinero que entra a la Municipalidad y cómo se rinde”.

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