Defendamos la universidad pública y la ciencia nacional

Mientras se festejan números agregados, la gran mayoría de las personas, familias, empresas e instituciones de Argentina estamos viviendo un ajuste desproporcionado. Es y será una mentira lo del ajuste sobre la casta política, el superávit financiero del estado nacional de 0,2% del PIB en el primer trimestre es explicado por los incumplimientos de pagos y actualizaciones a estamentos del Estado, las provincias, organismos descentralizados y las/os jubilados. 

Como se muestra en el gráfico siguiente, las transferencias de capital y corrientes a las provincias son las que más han contribuido, sumadas a la paralización de las inversiones en la obra pública. Las quitas de subsidios generalizadas, especialmente las energéticas y transportes, y la licuación de jubilaciones, pensiones y salarios, que explican el otro gran aporte. 

Si se presta atención, uno de los elementos que contribuye al superávit son las transferencias a las universidades, que disminuyeron 25,3% en el primer trimeste del año. Los recortes al programa "Desarrollo de la Educación Superior", que constituye la fuente principal del financiamiento de las más de 50 universidades nacionales distribuidas en todo el país, bajaron en lo que va del año un 72,4%.

Hace mucho tiempo que, con matices, teníamos como política de Estado construir y mantener un sistema público universitario y de ciencia y tecnología. Desde 1918 las universidades nacionales han ido avanzando en el terreno de posicionarse en la sociedad como instituciones democráticas, científicas y abiertas a la sociedad. Estos pilares fueron propuestos y luchados por estudiantes en la presidencia de Yrigoyen. Desde 1949, donde se establece la gratuidad del acceso, se ha trabajado en la consigna de que la educación es un derecho y no un privilegio de ciertos grupos sociales. Como resultado se fue ampliando de manera relevante el acceso a la educación superior en el país. 

Paulatinamente se fueron sumando universidades a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que permitió también diversificar y avanzar en capacidades regionales y provinciales. Desde el año 2010 todas las provincias argentinas tienen al menos una universidad pública nacional. Si bien el financiamiento a su crecimiento y desarrollo tuvo vaivenes en los últimos 15 años, las medidas estaban dentro de un acuerdo institucional: se crearon instituciones y capacidades que pueden aportar estructuralmente al desarrollo nacional y territorial. Hoy nos encontramos en un contexto complejo. 

Antes de asumir, en declaraciones televisivas, Milei expuso sus propuestas sobre las universidades públicas y el CONICET: busca privatizar o cerrar. Sus medidas apuntan a destruir el Estado de manera estructural, sin reparar en lo que está funcionando o tiene potencial o es estratégico (o será). Prometió en su plataforma electoral no avanzar sobre la educación y la salud, y hoy está ejecutando un plan operativo de desguace y estrangulamiento, dejando sin financiamiento básico de funcionamiento a las instituciones y licuando los salarios de nodocentes, personal de apoyo, docentes e investigadoras/es. 

Milei es resultado y parte de un proceso. Hay que aceptar que venimos de un proceso. Porque muchas/os de las/os que están fogueando son las/os mismos de siempre. Pasa en todos los niveles. Desde las/os senadoras/es que se aumentan cualitativa y cuantitativamente los salarios, hasta nuestra UNLPam que tiene cerca de 40 contratos millonarios en lo que va de 2024, muchos vinculados con amigos del poder y candidatos para las próximas elecciones (ver las resoluciones del Rector en https://actosresolutivos.unlpam.edu.ar/). 

En ese proceso debemos defender los grandes acuerdos nacionales. Uno de ellos es la educación pública. Hay que manifestarse en contra del intento desmedido de desfinanciamiento y la generación de incertidumbres coyunturales y estructurales. Nos costó mucho como sociedad tener universidades nacionales e instituciones como el CONICET. No hay que bajar los brazos porque las pérdidas son enormes. También hay que defenderlas desde adentro, pensando y repensando nuestros fines, valores, estrategias y acciones. Las instituciones públicas deben ser ejemplo de democracia, manejo transparente y justo de los recursos colectivos, calidad y respeto por diversidad y el ambiente. Tenemos mucho por mejorar, temas que tienen que estar en agenda.

(*)  Docente-investigador UNLPam; Doctor en Ciencias Económicas; Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios.