Reacción social contra la militancia del ajuste

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso por algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue: el rechazo a los tarifazos, las movilizaciones de los sectores populares, más ajuste y los despidos en la ex Calzar.

Una de cal...

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La buena nueva de la semana, si se quiere -y en un contexto en el que encontrar buenas noticias es entre complicado y quimérico-, es la unidad en determinados planteos que es necesario que el Gobierno perciba que existen, y que tienen una potencia más importante que la que les atribuyen los medios hegemónicos que le hacen de socios en la gestión.

Los mensajes que le llegan al Gobierno desde distintos sectores ya no dejan lugar a dudas: la crisis causada por las decisiones políticas y económicas del macrismo golpea el bolsillo de los que menos tienen, pero también de la clase media que hasta hace un tiempo miraba un poco de reojo los pesares de trabajadores sin empleo y obreros despedidos o achicados.

La sesión en la Cámara de Senadores y la Marcha Federal que copó calles y plazas del país son representaciones claras de lo que ocurre en esa realidad que el oficialismo parece negarse a ver, por lo tanto la respuesta oficial a esos reclamos es también una definición: una cosa es no entender o no saber o no poder; otra muy diferente, no querer.

Está claro que en la puja de intereses que cruza a toda organización social el Gobierno tiene una posición tomada: posiblemente no sabe la dimensión del impacto del tarifazo en los bolsillos populares, pero la razón de insistir en su vigencia no es la ignorancia, sino fundamentalmente la intención de beneficiar al empresariado que regentea esas firmas de rentabilidad millonaria.

Pero en la calle y en las plazas -como desde hace dos años y medio- y en el Congreso -como desde hace menos tiempo- hay signos de que organizaciones no gubernamentales, pero también instituciones oficiales del Estado, representantes dirigenciales, gremios, sindicatos y personas de a pie, coinciden en la necesidad de proteger los derechos populares que se fueron conquistando en los últimos años, y que a veces de a poco y a veces muy de repente han sido lesionados o directamente pisoteados en la época Cambiemos.

La naturalización del ajuste que pretenden hacer las corporaciones, el oficialismo y la pata mediática del Gobierno no alcanza a todo el cuerpo social, y en especial a los que son capaces de repasar la historia y a quienes se contactan cotidianamente con empleados del Estado o del sector privado, o con empresarios pequeños y medianos que tienen que hacer frente a tarifazos impagables.

En ese sentido no es menor que los senadores y senadoras, a veces tan adentro de esa caja de cristal que es “El Palacio”, hayan reaccionado con un proyecto buscando alivio para los bolsillos más castigados, aun a sabiendas de que el macrismo y sus aliados comunicacionales contragolpearían con argumentaciones y tergiversaciones para intentar dejarlos en “orsái”.

Esa situación incluye a representantes del peronismo pampeano, que esta vez -y a la luz de lo que pasa en la realidad cotidiana- no se alinearon con el oficialismo como había ocurrido con la propuesta de reforma previsional, o con otras iniciativas que se refrescaron en el debate de la semana que se fue (el endeudamiento, los fondos buitres y varios otros proyectos que el macrismo logró con arreglos con el opo-oficialismo en la etapa de “luna de miel”).

...y una de arena

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Lo lamentable es que mientras tiene lugar esa repercusión social de las medidas ya tomadas y las que están por venir, el oficialismo no solo hace oídos sordos a planteos y reclamos, no sola viola los principios de su pacto electoral con quienes lo votaron, sino que exacerba con medidas concretas y gestos simbólicos el daño de los recortes.

Los militantes del ajuste tuvieron días de éxtasis: la exposición de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, fue una jactancia de los achicadores al contar el plan que tienen para que “el Estado gaste menos”, dejando de tener alcance en algunos sectores, vaciando otros espacios y evitando costos en diversas menudencias.

Los guía aquel eslogan de la dictadura: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”.

El libreto que dicta el Fondo Monetario Internacional no solo es respetado a rajatabla por los funcionarios del riñón macrista, sino que es impulsado en tono fanático, muchas veces incentivado de motu proprio.

A tal punto que hasta las personalidades más “bondadosas” de Cambiemos se deslizan al lado del “castigo porque no queda otra”: la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en cuestiones de imagen algo así como la contracara “Heidi” de los ajustadores brutales que pueblan Cambiemos, desnudó su pertenencia ideológica al repudiar la existencia de universidades públicas que alcancen a los sectores populares.

La postura ideológica de Vidal, y del macrismo en general, supone que los pobres están para otra cosa y no para progresar académicamente: creen en una suerte de roles otorgados por la naturaleza que dejan la cuestión del estudio exclusivamente para las clases acomodadas.

Lo dice, claro, una enorme mayoría de graduados en universidades privadas, “casas de estudio” que presentan notables limitaciones en su formación, sobre todo en comparación con la universidad pública argentina, un ejemplo a nivel mundial.

Como el Gobierno ingresó en una fase de desembozada ruptura con sus promesas de campaña, el presidente hasta compadrea con su accionar “antirrepublicano”: el veto a la decisión del Senado sobre las tarifas fue puesto en escena como una demostración de fortaleza que derribe la sensación de los problemas de gobernabilidad.

Toda argumentación oficial necesita, por un lado, mencionar “la pesada herencia” y, por otro, ignorar la vida cotidiana de las personas de carne y hueso: el funcionariaje se maneja con planillas de Excel mucho más que con la percepción o el testimonio de quienes en una misma semana deben afrontar el pago de los servicios, los nuevos aumentos del precio de las naftas y el incremento del kilo de pan.

Hay más tristeza aun: los trabajadores y trabajadoras de Calzar, acá a la vuelta de la esquina, son ejemplo concreto y reciente del resultado de las políticas económicas que destruyen la industria nacional, perjudican a los empleados, ningunean a los que menos tienen y desintegran el tejido social.

Eso sí: muy preocupados por la imagen pública, a poco de concretados esos despidos (100 familias locales se quedaron sin laburo en una planta que alguna vez fue paradigma productivo), los funcionarios PRO se juntaron con las víctimas del accionar oficial para ofrecerles cuotas de un populismo caritativo y culposo.

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