Subzona 14: las víctimas de los abusos eran picaneadas y estaban encapuchadas

Además de procesar a Reinhart como autor directo de abuso sexual, la Cámara marcó “la responsabilidad de quienes jerárquicamente tenían poder de mando en sus distintos niveles, aun cuando la orden de atacar sexualmente no hubiere sido expresamente impartida”.

Las víctimas de los abusos sexuales durante la dictadura sufrieron esos vejámenes encapuchadas y/o vendadas, y en medio de sesiones de torturas que incluían la picana eléctrica. Así está descripto en el expediente que provocó esta semana el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que dispuso los procesamientos de Carlos Reinhart como autor directo en un caso y de varios autores mediatos en ambas circunstancias.

Las víctimas fueron un hombre y una mujer, que recién pudieron contar hace algunos años (en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia) lo que sufrieron en aquella época. Los jueces consideraron que era lógico que sus padecimientos los llevaran a ese retardo en las revelaciones. Los acusados intentaron desvirtuar los testimonios, pero la Cámara fue contundente: los respaldó y consideró sin dudas que toda la cadena de mandos era responsable de lo ocurrido.

“Situaciones de violencia adicional”

La Cámara avaló lo actuado por el juez en primera instancia. En primer lugar -señala el fallo- indicó que debían considerarse acreditados los hechos de abuso sexual con acceso carnal de los que fueron víctimas, y que para así concluir consideraba la claridad de las exposiciones de ambas víctimas vertidas en sus declaraciones testimoniales, con descripción de circunstancias de modo, tiempo y lugar, de acuerdo a la acotada percepción que la particular situación en la que se encontraban les permitía (encapuchados o vendados, bajo situaciones de violencia adicionales al ataque sexual en sí, como estar en un descampado o siendo sometido a la aplicación de corriente eléctrica).

Remarcó que tal acreditación la basaba en los testimonios personales de los nombrados, pero la valoración de los mismos la efectuó ­así lo expresó­ de acuerdo al contexto de represión estatal en que se desarrollaron dicho abusos, encontrándose justificado que recién después de muchos años, y luego de que el Estado diera muestras concretas de la voluntad de esclarecer tan aberrantes hechos y sancionar a los responsables, las víctimas se animaran a relatar lo sucedido.

Agregó que si bien ello atentó contra la posibilidad de recopilar pruebas más precisas y que son de práctica en estos casos ­sobre todo aquella tendiente a acreditar el acceso carnal violento­, tal circunstancia no puede en modo alguno valorarse en contra de la veracidad de dichos testimonios, admitiendo que con fundadas razones no hayan efectuado oportunamente las respectivas denuncias y concluyendo que será el ámbito del debate oral el propicio para la discusión de los hechos y su prueba, en el que las partes podrán explayarse ampliamente sobre la cuestión.

“El más alto grado de vulnerabilidad posible”

Otro punto del fallo aborda directamente la procedencia de la “autoría mediata” para analizar la comisión de este tipo de delitos. Para el Poder Judicial, Carlos Reinhardt fue el autor directo del abuso en perjuicio de uno de los detenidos. No se sabe quién abusó de manera directa de la otra víctima. Pero además, se considera que los superiores en la cadena de mando fueron autores mediatos, ya que por su rol, acción u omisión fueron partícipes de los delitos.

En la etapa de instrucción el juez ya dijo que primero, pueden considerarse incluidos en la categoría de crímenes contra la humanidad.

Y segundo, que respecto de los dos casos analizados, en tanto las agresiones sexuales se produjeron estando ambas víctimas a merced de sus captores (“el más alto grado de vulnerabilidad posible”, afirma) quienes actuaron ejecutando el plan represivo estatal, participan de los requisitos explicitados para ser considerados delitos de lesa humanidad.

El argumento es que “la violencia sexual que ambos padecieron fue fruto del dominio absoluto que los agentes de la represión ilegal tenían sobre ellos, quienes se vieron impedidos de recurrir a ningún tipo de autoridad en su defensa, sin que resulte necesario que dicha violencia sexual hubiere sido ordenada o no por los mandos superiores, en tanto para la ejecución del plan sistemático de represión estatal aquellos admitían de los cuadros inferiores la realización de diversas formas de maltrato y sometimiento de las víctimas, que podían incluirla, por lo que consideró posible admitir tal forma de atribución de responsabilidad en materia de delitos sexuales, resultando decisivo no solo verificar quiénes realizaron la acción típica con su propio cuerpo sino determinar cuáles de todos los intervinientes detentaron el dominio del hecho e incidieron efectivamente en su configuración final”.

Se consideró autor tanto a quien acceda carnalmente a la víctima, como a quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de detención donde se comete ese crimen o todo aquel que realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia determinante en la comisión del hecho.

Por eso no está procesado solo Reinhart, sino también Jorge De Bartolo, Valentín Greppi, Luis Baraldini y Roberto Fiorucci.

El poder de mando

La Cámara aseveró que “en lo que hace a los hechos nuevos que aquí se analizan, referidos a los ataques sexuales que denunciaron los nombrados, se entiende correcta la solución a la que arriba” el juez en primera instancia.

“Más allá de lo que específicamente se analice, y en punto a la atribución de responsabilidad por los hechos de abuso sexual ­con o sin acceso carnal­ bajo la modalidad de autoría mediata, se anticipa desde ya que se admite su comisión por parte de los integrantes de la estructura erigida para concretar el plan de lucha antisubversivo, en cuanto se distinguen de los demás actos de tormento y vejaciones propinados”.

Añade que “la responsabilidad de quienes jerárquicamente tenían poder de mando en sus distintos niveles (llamase la atribución para impartir órdenes a otras personas, de las que se esperaba su cumplimiento) no puede ser soslayada, aun cuando la orden de atacar sexualmente no hubiere sido expresamente impartida, puesto que a la misma solución cabe arribar si dichas consecuencias eran toleradas, o podían los imputados representarse su ejecución de acuerdo a las condiciones de hecho en que las víctimas se encontraban y sin embargo desdeñaran su acaecimiento, quedando garantizado el marco de impunidad que la clandestinidad de toda la operatoria puesta en marcha proporcionaba, y del cual si eran responsables ‘de propia mano’ los jefes y subjefes a cargo”.

El juez Pablo Mera comenta en su fallo que las conductas analizadas se cometieron al amparo de por lo menos tres características básicas o generales que tuvo el plan criminal: la clandestinidad de las detenciones; la autorización relativa a que las víctimas cautivas en centros clandestinos sufran condiciones inhumanas a fin de quebrar su resistencia moral y emocional; y la garantía de impunidad asegurada a los ejecutores.

“De allí -dice la Cámara- que pretender en este punto que la segunda de tales características fuese consecuencia de una orden que contenía un catálogo de acciones delictivas permitidas y prohibidas resulta un absurdo, siendo más lógico que la comisión de los delitos de índole sexual, al igual que todos aquellos que daban por resultado las vejaciones que a diario padecían las víctimas cautivas en los centros clandestinos de detención, constituyan una consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente”.

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