Avanza la primera acusación penal por las tomas de terrenos

Los fiscales formalizaron la acusación este martes por usurpación y hostigamiento contra siete personas que tomaron un predio en el Salitral. Una señal contraria a la promesa de la futura gestión provincial de no criminalizar las demandas.

Un grupo de siete personas que ocuparon terrenos en el Salitral fueron acusados formalmente este martes por los delitos de usurpación e instigación en el marco de una de las causas que lleva adelante la justicia por los asentamientos que se produjeron en Santa Rosa a mitad de año. Los fiscales de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos, Facundo Bon Dergham y Cecilia Molinari, formalizaron la acusación ante un juez de Control. Este paso en el expediente implica que en la investigación preliminar los funcionarios judiciales hallaron indicios de la comisión de un delito. Ahora se abre la investigación formal y tienen un plazo de 90 días para cerrar la investigación y elevar la imputación a un juicio oral y público.

El avance de las causas es relativamente lento. Son varios expedientes, con acusados de familias que ocuparon terrenos en El Salitral, en el barrio Santa María de Las Pampas y otras localizaciones más pequeñas de la ciudad. El contexto de conflicto social y crisis habitacional en el que se dispararon la tomas generalizadas de terrenos abre interrogantes a los jueces. También el cambio de gestión en la comuna podría derivar en que la opción no sea criminalizar las demandas de la familias carenciadas.

Tres meses para acusar

En el Salitral se habían asentado un centenar de familias y ahora quedan alrededor de veinte. Durante la audiencia de este martes, los fiscales y el defensor oficial dejaron abierta la posibilidad de una solución alternativa, como un cese negociado de la ocupación, para dejar caer las investigaciones más adelante. Esa misma posibilidad se sugerirá en el resto de las causas.

Este martes se formalizó la acusación de la primera causa, con siete imputados. Los delitos que se le imputan son usurpación en carácter de autores, en cinco casos, e instigación a la ocupación, en relación a otras dos personas, que habrían amenazado con violencia. El Código Penal contempla entre seis meses a tres año de prisión por esas figuras delictivas.

La intención de la Fiscalía es avanzar en las investigaciones y lograr la desocupación de todos los inmuebles. Durante la audiencia se debatió sobre la posibilidad de una salida alternativa al conflicto para que las personas abandonen el predio ocupado. En este caso, la causa la impulsó un particular que habita con su familia de manera efectiva en parte del predio y que se presentó como damnificado.

Durante el desarrollo de la investigación iniciada en julio, muchas familias cesaron de la comisión del supuesto delito y, de forma voluntaria, decidieron retirarse del lugar. Estas personas no fueron citadas a la formalización, a diferencia de aquellos que continúan. De esta manera, la formalización tiene por objeto judicializar el conflicto en miras a una futura acusación penal y su consecuente desalojo.

Consultado por El Diario, el fiscal Facundo Bondergham destacó que con el avance de la investigación “muchas familias se fueron retirando de una manera voluntaria y esta actitud, de cesar en la comisión del hecho delictivo, permitió desvincularlo de la causa penal”.

“En estas causas la fiscalía ha actuado con prudencia, no hemos actuado con la urgencia o el apresuramiento de otras. Se avanza lento para permitir que se puedan arribar a soluciones distintas, antes de arribar a un juicio. No nos apresuramos para no tomar medidas que sean erróneas”, explicó el funcionario judicial.

Las tomas de terrenos ocurrieron en julio, en pleno invierno, a partir de la crisis habitacional y la falta de construcción de planes de viviendas sociales en la capital pampeana de los últimos cuatro años. Numerosas familias decidieron ocupar terrenos en distintos barrios.

En total, se registraron cinco asentamientos. El «Nuevo Salitral», ubicado a la vera de la laguna «Don Tomás», en el barrio Santa María de La Pampa, que fue nombrado «Micaela García», en Villa Germinal, en Villa Uhalde -donde se instalaron carpas- y el último en el Molino.

Con el correr de las semanas y la judicialización del conflicto, muchas familias se retiraron, aunque el reclamo sigue vigente. La mayoría pide comprar el terreno en cómodas cuotas y acceder a la posesión.
La asunción de nuevas autoridades abrió la esperanza en la familias de que la respuesta del estado pudiese ser, a partir de diciembre, algo distinto de la indiferencia que cosecharon hasta ahora.

Además de un intendente de otro color político, el kirchnerista Luciano di Nápoli, el futuro presidente del Ipav hizo un gesto destinado a estas familias durante la presentación del nuevo gabinete. “Como integrante de un gobierno, y más de un gobierno peronista, hay que contener esa situación y de ningún modo criminalizar”, declaró Jorge Lezcano el viernes pasado.

“El ciudadano que se encuentra en una situación terminal tal vez toma las herramientas que tiene a mano porque se encuentra en la indefensión, aplastado por decisiones de un gobierno nacional que lo dejó sin empleo, sin salario, sin calidad de vida. Entonces toma lo que tiene a mano para hacerse ver. No es algo que alguien le guste. Quieren trabajar dignamente. Pero con Macri eso no ocurrió y lo estamos atendiendo. Tenemos que ser ejecutivos para que las herramientas legales permitan solución inmediata”, reondeó.

El asentamiento “Micaela García”, que se encuentra ubicado en el barrio Santa María de La Pampa, más de 50 familias se instalaron e iniciaron una toma, aunque actualmente quedan poco más de una decena.

En Villa Germinal la modalidad fue distinta desde el comienzo. Allí, las familias empezaron a trabajar en la delimitación de un terreno municipal ubicado en la esquina de Farinatti e Italia, con la intención de comenzar los trámites ante la Municipalidad de Santa Rosa para lograr la posesión del lugar, pero sin llevar adelante una ocupación de manera permanente.

En Villa Uhalde ocurrió de manera similar. En la esquina de Tomás Masón y Discépolo, cuatro familias decidieron parcelar un terreno baldío fiscal ubicado, y tras alambrarlo, buscan que la municipalidad les ofrezca alguna forma de pago.

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