Debates municipales y viejas impunidades

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue.

Una de cal...

6a

El Concejo Deliberante saldó finalmente la cuenta pendiente que tenía consigo mismo: aprobó una ordenanza referida a las antenas que instalan grandes empresas en la que determina el cobro de un canon y dispone la creación de un registro para transparentar esa situación.

Esa salida después del conflicto en que el propio cuerpo legislativo se metió no implica que haya que ignorar la impericia en que se incurrió previamente, pero al menos es consecuencia de las consultas que se hicieron con diversas instituciones y organismos del medio, luego de las cuales se resolvió que lo mejor era dejar para otro momento la intentona de aprobar la instalación de esos elementos en espacios públicos.

El peronismo prefirió no sumar su mano alzada al proyecto, con argumentos que se amontonaron en un discurso encendido y que a grandes rasgos dio a entender algunas disidencias técnicas y la convicción de que para concretar el mentado registro no hacía falta otra normativa, pues ya podía hacerse práctico con la ordenanza vigente hasta entonces.

También para el PJ y para el Frente Para la Victoria cabe el recuerdo sobre su anterior proceder, contradictorio con las palabras que aparecieron ahora: antes parecían ni haber revisado lo que avalaban.

El Concejo fue durante la semana que se fue caja de resonancia de otros asuntos, que en general no resultan buenas noticias para los habitantes de la capital pampeana.

Por un lado, se avaló un aumento en el boleto del colectivo: resulta inconcebible, pero los propios ediles oficialistas que avalaron la petición del Ejecutivo dijeron estar en contra de ese incremento, pero bajo la advertencia de que están atados de pies y manos por una cláusula contractual heredada de la gestión de Luis Larrañaga como intendente, y de la que la firma Autobuses saca provecho.

Los perjuicios recaen, obviamente, sobre vecinos y vecinas, en general los de sectores socioeconómicos más desprotegidos y vulnerados.

La otra problemática que desembarcó en el Concejo es la de los artesanos y artesanas que reivindican a la Plaza San Martín como el espacio en el que pretenden desarrollar su trabajo en las tradicionales ferias de fin de año.

La Municipalidad de Santa Rosa está empeñada en mudar esa actividad hacia la zona de los terrenos del ferrocarril, aun cuando referentes del sector plantean desde hace tiempo que se trata de una medida autoritaria, sin sentido y provocativa: los episodios del año pasado llevaron al ridículo la intolerancia del funcionariaje, cuando llegaron a cortar la energía eléctrica de la plaza para deslegitimar la resistencia de quienes mostraron sus artesanías en el lugar.

Las plazas de las ciudades son lugares de encuentro popular y frente a esa verdad de la historia -como ya ha ocurrido con el mismo ruido en alguna otra gestión- las autoridades prefieren dar por cerrado el tema con tanta firmeza que hacen que su idea de trasladar la feria hacia las vías también pueda confundirse con un capricho.

...y una de arena

6b

El circo del G20 y el circo del Superclásico que no fue, no es y supuestamente será en Madrid contribuyen a tapar algunos temas que en otro contexto hubieran escalado más fuerte en la agenda.

Existe en estas horas el riesgo de que se termine hablando de otro circo cuando lo que esté en el centro de la escena sea el juicio oral y público en el que el intendente de Macachín, Jorge Cabak, aparece sentado en el banquillo de los acusados por episodios vinculados con el delito de trata de personas.

El debate intenta esclarecer viejos hechos, pero que además de episodios concretos representan toda una trama de comportamientos mafiosos, protecciones policiales y padrinazgos políticos.

El jefe comunal de Macachín mantuvo el silencio durante las audiencias, sabedor de que finalmente el costo político tarda en pagarse o no se paga nunca: su colega de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado por el delito de trata de personas y sin embargo sigue ejerciendo el cargo y mostrándose en encuentros con los grandes popes de su partido, como si el comportamiento no mereciera reproche alguno.

En este caso, Cabak tiene mejores chances aun: por sugestivos hechos ocurridos durante el proceso abriga la esperanza de que la causa se caiga, directamente, con lo cual se garantizaría la impunidad.

Además de Cabak, están entre los acusados el comisario Hugo Iglesias, el propietario y el encargado del prostíbulo “La Chicho Show” (Luis Deluca y Edmundo Blas).

En la elevación a juicio, la fiscala federal subrogante Adriana Zapico acusó al intendente y al comisario de dar protección a la banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo y dio por sentado que entre 2006 y 2011 fueron víctimas siete mujeres de nacionalidad paraguaya.

Pero lo llamativo es que en medio de la prolongada investigación se perdieron pruebas clave: en el propio juicio se ventiló que las grabaciones de escuchas que podrían resultar vitales se perdieron y ya no se sabe en qué lugar están.

Esa situación podría terminar en que cada una de las pruebas acumuladas sea declarada inválida.

Más curioso es que esas escuchas hayan estado tan luego en poder de Jésica Belén Pérez Fassi, en su momento policía y hoy a cargo del área especial de trata de personas que creó el Gobierno Provincial.

Los 36 casetes que contenían las escuchas se perdieron en el camino entre la Brigada de Investigaciones y la sede del Juzgado Federal.

Pérez Fassi quedó en la mira a partir de esa circunstancia, pero independientemente del sumario en el que aparece bajo la lupa es un misterio dónde están esas cintas y qué puede hacer para recuperarlas.

Tampoco se sabe en qué puntos indagará el sumario de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y si en algún momento pretenderá establecer -por ejemplo- si Pérez Fassi tenía alguna relación con el procesado Iglesias, a partir de la pertenencia de ambos a la institución policial.

Temas en esta nota: