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EL DIARIO digital
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General Pico (Agencia) - La investigación judicial por la millonaria estafa que damnificó al empresario Faruelo llegó a una instancia de cierre definitivo tras lograrse un acuerdo de juicio abreviado. El avance clave para esta resolución fue la devolución íntegra del capital sustraído, lo que permitió a las partes alcanzar un consenso para finalizar el proceso penal de manera anticipada.
El fiscal responsable de la instrucción, Matías Juan, confirmó que los imputados procedieron al depósito de un total de 20.800.000 pesos en una cuenta judicial, cubriendo de forma completa el perjuicio económico que había sufrido la víctima.
A raíz de esta reparación económica, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas donde se formalizó la salida abreviada. En dicha instancia, los tres principales acusados admitieron su responsabilidad directa en el hecho, reconociéndose como coautores del delito de estafa.
El fiscal Matías Juan detalló que este reconocimiento de culpabilidad, sumado a la voluntad de resarcir el daño, fue fundamental para definir las escalas penales de cada involucrado según sus registros personales.
En cuanto a las condenas, las situaciones legales de los procesados presentan variaciones según sus antecedentes. En los casos de Cáceres y Soler, al carecer de condenas previas, se establecieron penas de ejecución en suspenso de seis meses y un mes respectivamente, lo que les permitió recuperar su libertad bajo condiciones de conducta.
Una situación diferente atraviesa Núñez, quien debido a un antecedente previo por el delito de robo, recibió una pena de cumplimiento efectivo por el término de un mes. No obstante, se determinó que el imputado cumpla dicha sanción bajo la modalidad de arresto domiciliario en la ciudad de General Pico.
La resolución del conflicto también tuvo efectos inmediatos sobre otros sospechosos vinculados inicialmente a la causa. Con la condena de estos tres responsables y el recupero total de los fondos, el fiscal Matías Juan dispuso dejar sin efecto todas las órdenes de detención que permanecían vigentes sobre el resto de las personas involucradas, dando por cerrada la persecución penal en esos casos.
La celeridad en la culminación del proceso fue posible gracias a la conformidad del damnificado y su representación legal, quienes priorizaron la recuperación del dinero frente a la posibilidad de un juicio oral y público más prolongado en el tiempo.
Según la planificación del Ministerio Público Fiscal, el cierre formal del expediente ocurrirá el próximo 31 de marzo, fecha prevista para que la magistrada a cargo dicte la sentencia definitiva que ratifique el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía.
