Butaló: Jubete descargó culpas en la inspección

La defensa de Jubete y de otros acusados planteó que las acometidas domiciliarias no se hicieron porque hubo una orden verbal de que solo se cambiaran las que estaban rotas. Con esa explicación quieren eludir la causa de defraudación a la administración pública.

El empresario Omar Ángel Jubete dio una explicación -al menos curiosa- de por qué no cambió los caños ni realizó las conexiones de la obra de cloacas del barrio Butaló: dijo que hubo una orden de la inspección de cambiar solo los caños que estuvieran rotos.

Pero además ofreció una prueba de la cual no se benefició: dijo que los 246 caños que le quedaron los tiene en su empresa.

Esa afirmación es una de las tantas novedades que tiene la causa después de la tanda de ampliación de indagatorias que hubo durante el mes de agosto en la Justicia Federal. Además de Jubete, ampliaron la declaración indagatoria el inspector Adolfo Bruno y el ingeniero de la empresa Jubete, Mario Giandón.

 Por la obra de cloacas del barrio Butaló están imputados también el exintendente Luis Larrañaga y los exfuncionarios municipales Daniel Ucciardelo (actualmente funcionario provincial) y Nicolás Echavarría (asesor de las obras actuales del barrio Butaló).

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El contrato por la obra de cloacas del Butaló se realizó el 24 de abril de 2013 entre el gobernador Oscar Jorge y el secretario de Obras Públicas José López. Lo financiaba el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), con un crédito no reembolsable. El presupuesto era de 2,5 millones de pesos.
 
Inicialmente se detectó la falta de conexión domiciliaria a la red cloacal en dos casas. Pero después la falta de conexiones se comprobó en más casas. Hubo una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones y este organismo realizó una denuncia penal. El ENOHSA elaboró un informe que determinó la “mala praxis” de la obra y la necesidad de volver a hacerla. 
 
El delito que se les imputó tanto a los empresarios como a los funcionarios municipales de entonces es el de “defraudación a la administración pública”. Este diario pudo conocer algunos detalles de las defensas en la causa judicial que suenan escandalosos. 
 
Ampliación de indagatorias
 
Omar Jubete dijo que su empresa se manejó con “indicaciones de palabra” del inspector. De esta manera pretendió justificar no haber hecho el recambio de acometidas domiciliarias hasta un metro de la línea municipal como planteaba el pliego en las 246 acometidas. 
 
“En razón de la modalidad de ‘ajuste alzado’ (es decir, en la obra), la empresa adquirió todos los materiales y como consecuencia de las instrucciones de la Municipalidad sobraron 250 caños de PVC los que se encuentran en mi depósito a los fines de ser aportados como prueba. Mi empresa nada se ahorró ni benefició por seguir las indicaciones de la Municipalidad”, dijo Jubete el pasado 3 de agosto.
 
También el responsable técnico de la empresa, Mario Giandon, argumentó que “no cambiaron las acometidas domiciliarias como marcaba el pliego por una orden verbal del inspector y/o de la Municipalidad”.
 
Giandon declaró que “la orden verbal fue que no se tocarían las conexiones sean del material que sean. En definitiva, la orden de no cambiar los caños que estuvieran sanos no fue dada por escrito pero fue dispuesta por la inspección”.
 
Por su parte, el inspector Alfredo Bruno declaró que emitir órdenes verbales “era una norma de trabajo, una costumbre que tenía DAGSA”.
 
Al planteársele a la empresa cómo fue que cobró un trabajo que está reconociendo que no hizo (le pagaron los certificados de obra en su totalidad), argumentó que habían sido “compensaciones” con la Municipalidad también por “indicaciones de palabra” del inspector.
 
Sin embargo el inspector desconoce haber intervenido en el tema “compensaciones”.
 
La otra novedad de las declaraciones vino de boca del inspector Bruno, a quien se le exhibieron los certificados de obra 5, 6 y 7 para que informe si es su firma. Respondió que “en la fecha que figura como firma de los certificados él no estaba”. Además dijo que “esa firma tiene detalles que él no haría, no sabe si es suya y no estaba en el país. Se le pidió que rectifique o ratifique la firma en esos certificados y contestó que no sabía si le pertenecía”.
 
La Municipalidad como querellante pidió a la Justicia que solicitara a Migraciones los detalles de las salidas y entradas al país de Bruno, cuestión que también obra en la causa. 
 
La Fiscalía Federal en marzo de 2018, cuando solicitó las indagatorias de los imputados en virtud del Convenio de Recambio de la Red Cloacal del Barrio Butaló suscripto en el año 2013, fundamentó su pedido en los siguientes puntos:
 
1) La acometidas que empiezan en la colectora principal no llegan a un metro de la línea municipal, por lo que los trabajos conforme fueran solicitados en el pliego estarían inconclusos. 
 
2) No se observaron aperturas perpendiculares que lleguen a la línea municipal, ni aserrado del asfalto para realizar las conexiones domiciliarias, y en la zona el asfalto presentaba deformaciones. 
 
3) No existían en la Dirección de Agua y Saneamiento del municipio los planos conforme a obra en soporte papel e informático, solo una nota del inspector que expresaba haber recibido 25 planchetas correspondientes al recambio de cañerías de asbesto cemento por otras de PVC.
 
4) No se entregaron los planos con los correspondientes abalizamientos necesarios para ubicar la instalación en caso de averías o fallas constructivas, solo una copia en papel de los diagramas por cuadra.
 
5) La empresa contratista certificó, midió y cobró por 246 conexiones domiciliarias hasta un metro de la línea municipal, detectándose que en algunos casos las conexiones domiciliarias no se realizaron, dejando en las otras las viejas y obsoletas cañerías de asbesto cemento, lo que ocasionó daños a las viviendas, daño ambiental provocado por los líquidos cloacales que se vertían a las napas freáticas y daños a los bienes de dominio público municipal, ya que se debió realizar su recambio y posterior conexión. 
 
6) No se observaron cortes en el asfalto ni había evidencias de movimientos de suelo a cielo abierto que refieran al cambio de cañerías conforme al pliego licitatorio, ni se verificó la existencia de zanjeo en forma perpendicular a la red troncal, lo que debía realizarse por tramos no superiores a los 200 metros y debía comprender las conexiones domiciliarias, debiendo las pruebas hidráulicas realizarse a zanja abierta.
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