El empresario De Franco quedó a un paso del juicio oral

El empresario bonaerense Antonio De Franco y el puestero del oeste Simplicio Policarpo Albornoz, protagonistas de la historia de apropiación y despojo en el oeste pampeano.

El empresario bonaerense Antonio De Franco, sospechado junto a sus hermanos de apropiarse de campos en el oeste pampeano durante la década del ‘90, quedó a un paso del juicio oral por el caso del puestero Simplicio Policarpo Albornoz. Con fechas 20 y 22 de febrero, la Corte Suprema de Justicia le rechazó dos recursos extraordinarios. “Está atrapado y sin salida... ya no le queda más escapatoria”, le dijo a El Diario el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez.

En esta causa, puntualmente, se le atribuye haber ejercido “actos de turbación de la posesión y alteración de los límites” respecto de la fracción de campo denominada Puesto Albornoz, ubicada dentro del Lote 6 Fracción D Sección XIX del departamento de Limay Mahuida ocupada por Simplicio Albornoz, mediante la instalación de un alambrado de seis hilos a lo largo del sendero que le impidió a su poseedor tener ingreso a través del camino vecinal, como así se lo despojó de la aguada existente cercenando el acceso de sus animales hasta ese lugar.

De Franco habría adquirido las tierras mediante un remate realizado por la Compañía Sudamericana de Financiación y en pleno conocimiento que estaba ocupado por Simplicio Albornoz, su esposa e hijo.
Cedrún Gutiérrez dijo en su momento que los hermanos De Franco hicieron unos 20 kilómetros de alambrado a la vera del lote 6, que linda con los lotes 5 y 10. Posteriormente, reclamaron a la empresa Compañía Sudamericana, que figuraba como titular registral del citado Lote 6, que les abonara el 50 por ciento de lo insumido por el alambrado, es decir, unos 60.000 dólares.

La empresa no respondió al reclamo y, entonces, los De Franco hicieron una presentación judicial. El Juzgado Civil 5 trabó el embargo del Lote 6 y ordenó la subasta que se hizo el 10 de abril de 1999. Los compradores fueron, precisamente, los hermanos De Franco. El Lote 6 estaba ocupado por Simplicio Albornoz, a quien posteriormente intentaron desalojar.

En 2010, los De Franco hicieron nuevos alambrados. Esta vez, empezaron a cortar el paso por caminos vecinales y a una aguada. Cedrún Gutiérrez advirtió que “la adquisición no fue de tan buena fe” y que “cuando lo alambran al Lote 6, sabían que la titular registral, la Compañía Sudamericana, no existía más”.

“Inician un juicio, una demanda, a una compañía fantasma. Sabían que iban a ganar el pleito, y lo ganan. Como no logran cobrar, piden y logran la subasta. Y se quedan con ese lote. Se hizo todo en una apariencia de legalidad”, manifestó el abogado.

La acusación contra De Franco fue formulada por el fiscal general Guillermo Sancho el 9 de septiembre de 2014. A partir de ahí, el abogado del empresario desplegó una estrategia judicial con la idea de llegar a la “prescripción” de la causa pero no tuvo suerte.

De Franco y su defensor trataron de argumentar la “prescripción” con dos argumentos: por un lado, que la acusación del fiscal había señalado que la turbación de la posesión había comenzado a finales de 2009, y como la prescripción comienza a correr desde la medianoche en que tuvieron lugar los actos turbatorios, consideraban que la acción se encontraba “ampliamente prescripta”; por el otro, que el plazo de la investigación fiscal “excedió largamente el estipulado por la ley procesal” y que debía dictarse el “sobreseimiento”.

Tanto el Tribunal de Impugnación Penal (en 2015) como el Superior Tribunal de Justicia (en octubre del año pasado) le habían rechazado sus planteos. Ahora, las malas noticias para De Franco llegaron desde la propia Corte Suprema de Justicia.

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