Comunicaciones: manotazo macrista a la infraestructura de la Provincia y las cooperativas

Una resolución del ENACOM avanza tal como lo pretendían las grandes empresas y los grupos concentrados de Comunicación. Permite que a su antojo utilicen las redes de distribución, las columnas y otros elementos. La normativa pasa por encima del Congreso que discutía una ley.

El gobierno nacional concretó mediante una resolución de ENACOM la avanzada contra la infraestructura comunicacional de las cooperativas y la Provincia, para ponerla al servicio de los grandes pulpos del sector.

Se trata de la Resolución Nº 3/19 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al aprobar un reglamento de compartición de infraestructura, que norma el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular.

El diputado nacional Sergio Ziliotto -a su vez candidato a gobernador por el Frente Justicialista Pampeano- advirtió que es “otro ataque de Cambiemos a las cooperativas y a la Provincia”.
La resolución pasa incluso por encima de decisiones legislativas y obliga a los propietarios o poseedores de torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo a compartirlo y ponerlo a disposición de esas grandes prestadoras para que suministren los mismos servicios.

Se otorgan amplias facultades al Ente Nacional de Comunicaciones -como autoridad de aplicación- para definir cuestiones técnicas y económicas de los convenios que deben formalizarse.

La ley, en suspenso

El Estado Nacional, reconociendo que la cuestión debía ser tratada y regulada mediante una ley, había enviado al Congreso de la Nación en el mes de abril de 2018 un proyecto (“Ley Corta”) por medio del cual en sus dos primeros artículos se modificaba la Ley Nº 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se propiciaba la regulación de estos aspectos relacionados con el uso compartido de la infraestructura de las pequeñas empresas de cable y telefonía por parte de las grandes compañías telefónicas y de cable.

Ese proyecto cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. En Diputados se había logrado un texto legal consensuado con cableros, y pequeñas y medianas prestadoras de estos servicios, en otro sentido.

La interpretación de los sectores afectados es que con esta resolución el gobierno nacional, en beneficio de las grandes corporaciones de cable y telefonía celular, vulnera el derecho de propiedad, y pone en crisis la subsistencia todas las pequeñas y medianas empresas del interior del país que prestan servicios de cable y televisión y las deja a merced de las grandes operadoras del mercado.

Aguas del Colorado

El diputado nacional y candidato a gobernador por el Frente Justicialista Pampeano, Sergio Ziliotto, advirtió que "por resolución del ENACOM se puso a disposición de las grandes empresas y grupos concentrados la infraestructura en comunicaciones que es propiedad de la provincia y las cooperativas".

En este sentido puntualizó que la medida del gobierno nacional afecta en forma directa la fibra óptica de Aguas del Colorado, las redes de distribución de energía, columnas y otro tipo de infraestructura que de un modo u otro está relacionada a las comunicaciones.

Ziliotto subrayó que "es una aberración constitucional disponer de bienes de la provincia por vía de una simple resolución" y reiteró que "una vez más el gobierno de 'Cambiemos' no duda en poner los bienes del Estado al servicio de sus amigos empresarios".

El diputado nacional ya había advertido sobre la intención del gobierno nacional de "usar la fibra óptica realizada por el Gobierno Provincial con el esfuerzo de todos los pampeanos" y aclaró que esta "pretensión había sido incluida en el texto de la denominada Ley Corta, cuya sanción se frustró en el Congreso de la Nación".
"La intención del gobierno de Macri con esta resolución -añadió- es regular el uso de dicha infraestructura y su precio según las definiciones del mercado. Algo que volvemos a rechazar, porque sabemos del esfuerzo del gobierno provincial y las cooperativas para generar la infraestructura que les permita ofrecer un servicio de comunicaciones digno y de calidad a los pampeanos".

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