La Corte ordenó revisar el pedido de que los represores vuelvan a prisión

La Corte Suprema de Justicia aceptó el recurso del Procurador General de la corte, Eduardo Casal contra el fallo que anuló la prisión preventiva del policía Miguel Angel Ochoa acusado en la causa Subzona 14 II, que juzga las violaciones a los derechos humanos en La Pampa durante la última dictadura.

Esa decisión original fue tomada por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y después la Sala III de la Cámara Federal de Casación penal declaró inadmisible el recurso del fiscal contra ese fallo.

Ahora la Corte anuló ese rechazo y pidió al tribunal federal de origen que dicte un nuevo fallo ajustado a la postura del fiscal. Toma el caso de Ochoa, pero alcanzaría a los acusados del segundo juicio por la Subzona 14 entre ellos el excoronel Luis Baraldini y el excapitán Nestor Omar Greppi.

"Fueron a casación de un extraordinario denegado y van en queja. Lo que está diciendo la Corte es que la Casación conceda un recurso para que recién ahí se trate el fondo de la cuestión. En lo inmediato, no tendría ninguna incidencia en la situación de los acusados. Lo que está diciendo la Corte es que, recién ahora, traten el tema de fondo", explicó una fuente ligada al juicio. "La Corte habilitó la discusión. Eso se puede conjeturar. Pero en lo formal, simplemente hizo lugar a un recurso y dice que esto es para tratarlo. No habló sobre la cuestión de fondo ni mucho menos", explicó. 

El fallo -del 11 de septiembre de 2018- lleva la firma de la jueza Elena Highton de Nolasco y los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en un voto conjunto y de Horacio Rossati, con un voto propio. El designado presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, por el rechazo del recurso.

El dictamen de Casal es del 21 de septiembre de 2016. Pero además el Centro de Información Judicial (CIJ) tuvo por algunos minutos el antecedente del dictamen del 20 de abril de 2018.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, La Pampa, mediante la cual hizo cesar la prisión preventiva de Miguel Angel Ochoa tras haberse agotado la última prórroga dispuesta en la etapa de instrucción, de acuerdo con la ley 25.430.

Ese tribunal afirmó que “esa decisión cuenta con los fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para considerarla un acto jurisdiccional válido. En particular, se basó en que el imputado se encuentra cumpliendo condena firme en otro proceso a pena de prisión, bajo la modalidad de detención domiciliaria, por lo que no se verificaban, a su entender, riesgos procesales que justificaran una nueva prórroga de la medida cautelar”.

La Salla III consideró que el recurrente “no logró demostrar la arbitrariedad invocada, sino sólo su disconformidad con lo resuelto”. El Fiscal General interpuso entonces recurso extraordinario cuyo rechazo motivó la queja del Procurador.

“El remedio del artículo 14 de la ley 48 resulta por regla improcedente cuando se pretende revisar las decisiones de los tribunales de la causa en materia de admisibilidad de los recursos, por tratarse de un aspecto de naturaleza procesal”, sostuvo Casal. “Pero V.E. (la Corte) ha establecido que ese criterio admite excepción cuando la resolución impugnada conduce, sin ftrndamentos adecuados, a una restricción sustancial de la vía utilizada que afecta el debido proceso”, agrega.

“Pienso que éste es uno de esos casos de excepción, dado que no se puede admitir que el ‘a qua’ (tribunal) haya rechazado formalmente el recurso de casación con argumentos sobre el fondo”, sostiene Casal.

La Sala de Casación consideró que no existían “riesgos procesales porque el imputado se encuentra cumpliendo una condena finne a pena de prisión, el a qua desconoció la relevancia que adquiere para el interés del recurrente la circunstancia de que esa pena se esté ejecutando bajo la modalidad de detención domiciliaria”.

Al tomar la decisión de cesar la prisión preventiva porque cumple prisión domiciliaria de la causa anterior -sostiene Casal-, no se podría pedir en esta causa que Greppi volviera a prisión (para garantizar el proceso en la nueva causa) por quebrantar la prisión domiciliaria.

“En suma, el interés de este Ministerio Público en el mantenimiento de la detención cautelar de Greppi en esta causa subsiste aun cuando la modalidad de privación de la libertad a la que está sometido no se modifique en lo inmediato, por lo que el a qua (Sala III) no podía dejar de responder -como lo hizo al brindar aquel fundamento aparente- a los argumentos planteados con el fin e demostrar que correspondía prorrogar nuevamente la detención cautelar del imputado”, señaló Casal.

Agregó que no pudo ejercer su función contra la “arbitrariedad” de la decisión del Tribunal Oral, lo que determina la aceptación del recurso por parte de la Corte.

Temas en esta nota: