Las defensorías advierten sobre “retrocesos” del nuevo Código

Los defensores y defensoras no fueron ni siquiera consultados a la hora de elaborar el nuevo texto, porque el procurador dejó sin representación al sector. Advierten que se sostiene la facultad de que los fiscales puedan detener y hacer allanamientos sin órdenes judiciales.

 El nuevo Código Procesal Penal incluye “retrocesos” y no se descarta que haya una ola de planteos señalando inconstitucionalidades, según advierten las defensorías, que además no fueron ni siquiera consultadas a la hora de la redacción de esa normativa que entraría en vigencia el próximo 9 de febrero.

Paula Arrigone, defensora penal, advirtió entre otros puntos que se sostiene la facultad de que los fiscales puedan ordenar detenciones y allanamientos sin decisión judicial.

El nuevo Código Procesal Penal es una reforma integral: se reemplaza la Ley 2287 por un código nuevo. la ley 3192 se publicó el 10 de enero. “Se han reformado muchas cosas. Se han ampliado los montos maximos de pena para los acuerdos de juicio abreviado”, detalló la funcionaria judicial.

También se refirió a la suspensión de procesos a prueba, donde se agrega la posibilidad de que en algunos supuestos de delitos culposos (por ejemplo, accidentes de tránsito) se podrá pedir la suspensión de juicio a prueba. Eso estaba excluído en el código anterior.

Sin participación

Arrigone se quejó de que desde las defensorías “no tuvimos representación en la reforma”.

Las defensorías fueron dejadas al margen porque el procurador Mario Bongianino seleccionó los representantes del Ministerio Público y eligió únicamente fiscales. Estuvo representado también el Colegio de Abogados. “No se nos dio intervención, no se nos consultó”, remarcó Arrigone.

Dijo que “ahora estamos estudiando el Código. Hay muchos puntos modificados. Se cambió una etapa que era de procedimiento intermedio escrito y se ha fijado una audiencia, se saca el efecto suspensivo a los recursos extraordinarios. Es un punto que retrasa en lugar de avanzar. Se reforzaron pautas de la litigación y el acusatorio”, enumeró e interpretó.

Arrigone lamentó que no se hayan registrado otros cambios más necesarios, o aclaraciones puntuales. El nuevo código les sigue dando a los fiscales las facultades de pedir allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de detener sin orden judicial a las personas.

“Hace ruido que el fiscal pueda pedir una detención sin orden judicial, sí comunicándolo después al juez de Control. Habla de casos ‘urgentes’, y no queda claro cuáles serían esos casos”, consideró la defensora.

Inconstitucional

“Nosotros vamos a tener que replantear un montón de formas de trabajo, porque la rapidez que se les va a dar en estos procedimientos va a llevar a que nosotros tengamos que replantearnos la forma de actuar. Hay normas por las que va a haber que presentar recursos de institucionalidad”, avisó la defensora.

Uno de los aspectos en que se retrocede, según esta mirada, es el hecho de que “se sacó el efecto suspensivo de los recursos extraordinarios, esto quiere decir que si una persona fue condenada a una pena efectiva y no estaba detenida había que esperar a que toda la etapa recursiva se agotara, y recién ahí una vez que quedara firme se ordenara la detención. Se sacó ese efecto suspensivo del recurso de Casación y por consiguiente el resto de los recursos previstos en el orden federal. Esto implicaría que con la intervención del Tribunal de Impugnación que daría la posibilidad del doble conforme, la revisión amplia de la sentencias, se podría realizar la detención de una persona inmediatamente. Por más que presentemos un recurso de casación, no tendría efectos suspensivos”.

Según las defensorías, ese punto va en contra de la jurisprudencia vigente: “La Corte ya lo ha resuelto en un fallo de 2007, ya tiene sentado un criterio y entiendo que la reforma claramente ante una detención requerirá que se recurra”.

Arrigone insistió en que “en algunas cosas se ha avanzado, pero en otras hay retrasos”.

Otro de los puntos que prevé el nuevo Código es la reglamentación de la duración total del proceso, que no estaba previsto taxativamente. Se establece que el proceso dura 4 años.

(En la foto, Paula Arrigone aparece junto a otros defensores y defensoras: Juan José Hermúa, Alejandro Osio, Martín García Ongaro y Mariel Annecchini)

 

 

Temas en esta nota:

El Diario de La Pampa

Fundado el 3 de Mayo de 1992
por el Doctor Antonio Nemesio

Oficina Comercial:
José Ingenieros 855, Santa Rosa, La Pampa
Tel: (02954) 411117/18/19/20