Renunció el director ejecutivo de ANSES y asume Guillermo Arancibia
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EL DIARIO digital
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El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, encabezó este martes una reunión clave con los integrantes de la Corte suprema de justicia, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Durante el cónclave, que formalizó el vínculo institucional entre el Gobierno y el máximo tribunal, el funcionario se comprometió a avanzar de forma inmediata en la cobertura de las más de 300 vacantes existentes en juzgados y fiscalías de todo el país.
Según informó la cartera de Justicia, el plan consiste en el envío de los pliegos correspondientes al Senado de la Nación para la designación de jueces, fiscales y defensores. Actualmente, la operatividad del sistema se encuentra seriamente limitada debido a que numerosas dependencias funcionan con subrogancias o estructuras incompletas, una situación que el ejecutivo busca normalizar para fortalecer la seguridad jurídica.
El rol del Consejo de la Magistratura
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Justicia, minutos después de la jura de Santiago Viola como representante del poder ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Viola, hombre de confianza de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, asumió sus funciones ante la presencia de legisladores de La Libertad Avanza como Gabriel Bornoroni, Gabriel Roca, Sebastian Pareja, Nadia Marquez y Juan Carlos Pagotto.
La función de Viola será articular el control de los magistrados en el organismo que preside el propio Rosatti. En declaraciones previas, el ministro Mahiques ya había anticipado que la prioridad de su gestión sería el ordenamiento del Poder Judicial, enfocándose en un criterio de funcionamiento técnico por sobre el político.
Prioridad en fueros colapsados
Respecto a la selección de las vacantes, Mahiques aclaró que el foco inicial estará puesto en los sectores más críticos. "La prioridad son los fueros que están colapsados", explicó el ministro. En ese sentido, puntualizó que el servicio de justicia se ve afectado principalmente en el fuero de familia, el civil, el penal ordinario de instrucción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cámara penal económica.
Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación institucional para preservar la independencia judicial y el estado de derecho. El Gobierno posiciona esta medida como una reforma estructural necesaria para responder a la demanda social de mayor transparencia y eficiencia en los tribunales federales argentinos.
