Alarma y “profunda preocupación” por el estado de situación de la niñez

El impacto de las medidas económicas que atacan a los sectores menos pudientes y más vulnerables es más doloroso sobre niños, niñas y adolescentes. Fue la advertencia que las defensorías -entre ellas la de La Pampa, a cargo de Juan Pablo Meaca- le hicieron al presidente Macri.

Los reponsables de defensorías de Niñez de todo el país confesaron su “profunda preocupación” y la “alarma” que genera el impacto negativo en el sector de las políticas del gobierno nacional macrista. Juan Pablo Meca, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra provincia, es uno de los firmantes de ese documento que denuncia que se violan obligaciones internacionales y que advierte sobre la ausencia estatal en políticas de contención, pero una activa presencia a la hora de penalizar.

meaca

Las defensorías rechazan la mirada punitivista sobre adolescentes y piden que de una vez se designe autoridades nacionales que se ocupen de la Defensoría en ese nivel.

También pusieron sus rúbricas Analía Isabel Colombo, defensora de Santa Fe; Amelia Milagros López Loforte (Córdoba), Luis Santucho (Santiago del Estero) y Miguel Ángel Molina (Misiones).
En concreto, plantean que niños, niñas y adolescentes “no deben ser la variable del ajuste económico”.

En la nota, las y los Defensores de Niñas, Niños y Adolescentes provinciales de la República Argentina “nos dirigimos a usted con el objetivo de manifestarle nuestra profunda preocupación por el estado de situación de la niñez y la adolescencia en el país”.

“En el marco de un complejo contexto económico como Defensoras y Defensores entendemos que es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia”, añaden.

“Es sabido que las crisis económicas producen un gran impacto en las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, en aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad y se ven afectadas particularmente”, añade la nota.

Los funcionarios explican que según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la situación de pobreza en niñas y niños supera el 48% y un 33,8 % de esta población debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse. En tanto, UNICEF Argentina reveló que el 48% de los chicos argentinos son pobres. De acuerdo al relevamiento: entre los 0 a 17 años alcanzan un valor de pobreza 10 puntos por encima del registro de la población general (38%) y en números esto abarca a 6,3 millones de niños, niñas y adolescentes.

“Ante estas alarmantes cifras la responsabilidad del Estado es doble: por un lado, ampliar derechos y prestar protección haciendo foco en aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, y, por otro lado, garantizar el presupuesto del sistema de protección integral infantil”, aseveran las defensas.

Alarma

En el texto se advierte que “los recortes presupuestarios a los programas y políticas dirigidas a niñez y adolescencia encienden una alarma para quienes trabajamos en favor de los derechos de esta población y violan la obligación -que Argentina tiene como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña- de garantizar el principio de ‘interés superior del niño hasta
el máximo de los recursos de que dispongan’”.

“Este deber, no es una cuestión discrecional u opcional, sino que implica la obligación de implementar medidas ejecutivas, legislativas y judiciales, que fueron observadas por el Comité de los Derechos del Niñas, Niños y Adolescentes en 2018”, recuerdan.

Entre las recomendaciones que emitió el Comité se estableció que niñas, niños y adolescentes “no deben ser la variable del ajuste económico. Y aún en medio de un contexto desfavorable el Estado tiene que reforzar la inversión en protección social”.

La Defensoría y la mano dura

En otro orden de cosas, indican que “en este difícil contexto, suma incertidumbre y preocupación a quienes atendemos las demandas de esta población que se postergue la designación de un Defensor de Niñas y Niños y Adolescentes -nombramiento que se espera desde hace más de 11 años- y de cuyo proceso ante la Comisión Bicameral hemos participado los cinco defensores provinciales sin que, a la fecha, haya novedades sobre el dictamen final y la designación”.

“Asimismo y como último punto, nos preocupa profundamente que en paralelo se retome el proyecto de Ley Penal Juvenil que estipula la baja de edad de punibilidad; siendo que también los que suscribimos fuimos convocados oportunamente a participar de las mesas de diálogo, junto a otros referentes de la materia ante el Ministerio de Justicia de la Nación y hubo un consenso casi unánime en no bajar la edad de imputabilidad”, remarcan.

La nota asevera que “la propuesta signica un giro punitivista que apunta a lograr mayores niveles de seguridad, y tal como se ha manifestado Unicef Argentina, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad. Si bien es necesario avanzar hacia una adecuación normativa es preciso hacerlo en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, en consonancia con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y donde la restricción de la libertad personal sea el último recurso”.

“Como Defensoras y Defensores -redondean- proponemos dar un debate sobre los jóvenes que comience por el rol del Estado. Un Estado social antes que penal, presente desde la primera infancia, que fortalezca los sistemas de protección integral para garantizar a niñas, niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional todos sus derechos”.

En la parte final de la exposición, los defensores y defensoras dejan en claro que se suman a las palabras del Comité de los Derechos del Niño: “por este medio exhortamos al Estado Nacional a que: 1) las leyes respecto de los niños, niñas y adolescentes no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal; 2) que se garanticen los recursos sucientes para priorizar el interés superior de los niños y se fortalezcan adecuadamente los sistemas de protección integral; y 3) que el Estado priorice las políticas públicas de niñez y adolescencia, instando la designación de un Defensor/a Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes que vele por la garantía y el respeto de todos los derechos para todos los niñxs, todos los días”.

Temas en esta nota: