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EL DIARIO digital
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La patrocinante designada por el expresidente es la abogada Mariana Barbitta, quien actuó como abogada del club Atlético Santa Rosa en la causa del cobro de los honorarios de los abogados del Fiduciario.
Barbitta fue contratada por las autoridades del club Santa Rosa, presidida por Bruno Ramírez cuando enfrentó el embargo sobre los bienes a manos de los abogados Federico Moslares y Laura Cagliolo. El embargo fue por 100 millones de pesos en febrero de 2023.
Finalmente, la actuación de la abogada le permitió que los bienes quedaran fuera del reclamo de honorarios de los abogados y a su vez, recuperarlos.
Los seguros
El expresidente Alberto Fernández recusó y pidió apartar al juez federal Julián Ercolini de la causa por el escándalo de la contratación de seguros, en la que el exmandatario está imputado.
El escrito del exjefe de Estado fue con la firma de la abogada Mariana Barbitta, a quien designó como su defensora en el expediente.
La recusación y pedido de apartamiento del expresidente al juez es por temor de parcialidad y a partir de ahora el propio Ercolini es quien primero analiza la presentación y la palabra final la tendrá la Cámara Federal sobre si lo confirma al frente de la investigación a partir de la objeción hecha.
Alberto Fernández siendo Presidente ha sido crítico del juez Ercolini por las investigaciones que encaró en contra de la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner: a tal punto fueron los cuestionamientos contra el magistrado que se lo sindicó como parte del "lawfare", esta suerte de complot entre sectores del Poder Judicial y la oposición para perjudicarlos en ese momento.
Primero el juez produce un informe en el que acepta o rechaza la recusación y de ser la segunda opción luego la última palabra la tiene la Cámara Federal, superior de Ercolini.
Días atrás, el magistrado intimó al expresidente a presentar abogado defensor o bien se le fijaba uno de oficio luego de meses de investigación en la cual fue imputado y donde se fijó una inhibición sobre sus bienes.
La sospecha sobre el expresidente es que con la firma de un DNU benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, como la ANSES y el Ministerio de Seguridad, entre otros, lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias.
La causa se inició por una auditoría interna del Gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de estos brokers.
Tratándose de organismos estatales, el juez Ercolini apunta a determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos.
El juez investiga también por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del 2021 del expresidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.
En el entorno de Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para "cuidar que no se fueran los dólares" a través de aseguradoras multinacionales.
Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández.
