Más causas podrán resolverse con un juicio abreviado

El 9 de febrero entran en vigencia cambios en el Código Procesal Penal. Los fiscales y defensores podrán acordar juicios abreviados en delitos con penas de hasta doce años de prisión. Hasta ahora el límite eran seis años.

Los fiscales y defensores de causas penales podrán acordar juicios abreviados por delitos con penas de hasta doce años de prisión. Hasta ahora, los funcionarios solo podían hacer arreglos con condenas de hasta seis años de cárcel. Actualmente, el 80% de las causas del sistema se resuelven con ese mecanismo, que se transformó en la regla y no la excepción, ya que solo el 20% de los expedientes arriban a un debate oral y público.

Ahora, con la ampliación del tipo de delitos que incluye, más causas podrán resolverse sin llegar a juicio oral y público. Este es uno de los cambios más relevantes que trae la inminente entrada en vigencia de la modificación del Código Procesal Penal de La Pampa, el próximo 9 de febrero, cuando acabe la feria judicial. El texto fue publicado como separata del Boletín Oficial 3396 en las primeras semanas del año, luego de la aprobación en la legislatura provincial a fines del año pasado.

Las normas del Código se aplicarán a las causas en trámite, tanto bajo la vigencia de las leyes 2287 y 332, no afectándose las etapas precluidas, según se informó oficialmente. Se consideran precluidas las causas que fueron archivadas por decisión jurisdiccional o del Ministerio Público Fiscal a la fecha de su entrada en vigencia. A su vez, el Superior Tribunal de Justicia dictará las normas necesarias para la implementación del texto.

Los cambios reafirman el carácter acusatorio vigente desde la anterior reforma, puesta en vigencia en marzo de 2011, cuando la investigación preparatoria y la política persecutoria quedó a cargo de los fiscales. Esta es la primera modificación que se le realiza al Código desde esa oportunidad.

Tiempos cortos

Una de las principales novedades es que incorporó el procedimiento intermedio de juicio abreviado, el ofrecimiento de prueba y la figura del acusador privado. Se permitirá aplicar el juicio abreviado para aquellos delitos con una pena de hasta 12 años. Hasta ahora estaba reservado solo para penas de seis años de prisión.

El juicio abreviado es un procedimiento donde la fiscalía acusa al imputado por un hecho, tipifica el delito y reclama una pena; el imputado admite su participación y culpabilidad en el hecho –es una condición indispensable–; las partes convienen la sanción y luego ese acuerdo es homologado por un juez de control, que revisa la legalidad del procedimiento, pero no puede imponer una pena más gravosa que la requerida por el Ministerio Público Fiscal.

¿Cuál es la ventaja que ofrece esta salida alternativa del conflicto penal? Se reducen los tiempos de resolución de las causas y se dinamiza el procedimiento. Así, un abreviado puede resolverse en días o semanas, mientras que para que se dicte un fallo en un juicio oral, en promedio, pasa no menos de un año.

Además, las sentencias de los abreviados quedan automáticamente firmes porque los imputados –al haber acordado la pena– no las recurren; mientras que los fallos de los juicios orales habitualmente son impugnados ante el Tribunal de Impugnación Penal y eventualmente el Superior Tribunal de Justicia.

Los juicios abreviados podían convenir penas de hasta seis años de prisión, lo que abarcaba el 80 por ciento de los delitos previstos en el Código Penal. Ese umbral se amplió.

El año pasado, el entonces presidente del STJ, Fabricio Lossi, había dicho que se llevó las penas hasta 12 años porque existió un requerimiento de todas las partes, o sea de las fiscales, de los defensores, de los querellantes y de las víctimas. “Eso sí, se fijaron más exigencias en relación con las audiencias de juicio abreviado. Habrá un mayor control en cuanto a la opinión de la víctima, que seguirá siendo no vinculante para la resolución de un juicio abreviado, pero que será fundamental”, concluyó.

Más plazos y menos papeles

Los nuevos cambios reafirman el rol de los jueces de Control como directores del proceso y de los jueces de Audiencia como terceros imparciales. También se promociona la utilización de formatos digitales en documentos, firmas y notificaciones para remplazar a los expedientes en papel, y la regulación de la suspensión de juicio a prueba, el juicio abreviado y los plazos procesales.
Además, se estableció un plazo de cuatro años de duración del proceso y se fijó en dos años el plazo de las prisiones preventivas.

Otra variación es que se introdujo la prohibición de otorgar la suspensión del juicio a prueba en delitos culposos cometidos por la conducción de vehículo automotor con resultado de muerte o lesiones gravísimas.






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