Trabajadores del CMC se cruzaron con el concesionario del buffet

Un grupo de trabajadores y trabajadoras tuvieron un fuerte entredicho con Carlos San Miguel, quien ocupa la Sala Mareque a partir de una concesión que le dio la actual gestión.

Un grupo de trabajadores y trabajadoras del Centro Municipal de Cultura seguían el viernes por la mañana con los reclamos contra la actual gestión por el nuevo organigrama y los concursos, cuando tuvieron un fuerte cruce con el concesionario del buffet que ahora funciona en la Sala Mareque.

Parte de esos reclamos es justamente la ocupación del lugar y la falta de dependencias acordes para desarrollar sus tareas con normalidad. La concesión favoreció a Carlos San Miguel, un exfuncionario provincial que fue condenado por la Justicia en 2013 por graves irregularidades durante su gestión en el IPESA.

¿Qué pasó? Desde hace varios días el reclamo se visibiliza a través de pegatinas en distintos sectores del CMC. Como los carteles son sistemáticamente retirados por las autoridades, los vuelven a poner. El viernes estaban pegando sobre los ventanales de la sala donde está el buffet, del lado de la calle, y ahí apareció San Miguel junto a otro hombre que se presentó como su socio, según pudo saber El Diario.

La discusión duró varios minutos y al exfuncionario le reprocharon la ocupación del lugar y la forma en que accedió al mismo. Al final, la situación no pasó a mayores.

San Miguel se vio beneficiado con una contratación directa, algo similar a lo que la Municipalidad hizo con el restaurant que está en el Parque Recreativo Don Tomás. Como en los distintos llamados no había oferentes, convocaron a las personas que habían comprado los pliegos a presentar un proyecto y así San Miguel se quedó con el lugar. La sala, que habitualmente se utilizaba para exposiciones, ahora es ocupada por mesas y una cafetería.

No es el único vínculo que tiene con la gestión municipal: también tiene un programa de tango en la Radio Municipal que está a cargo de la directora de Prensa, Silvana Oses. Además es titular de un comercio llamado “Patio Lagos” que el Concejo Deliberante declaró como “centro cultural”, lo que lo exime de pagar tasas y le permite recibir fondos de fomento cultural.

La condena.

San Miguel fue condenado en 2013 por su papel como subdirector del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA). Recibió una pena de 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y tuvo que pagar una multa de 3.000 pesos.

En ese mismo caso, también fue condenada la exdirectora de Niñez y Adolescencia, Alicia Echeveste. Ambos fueron exonerados en 2016 por el gobernador Carlos Verna.

Fueron condenados porque se los encontró responsables de “omisión dolosa en el cumplimiento de los deberes de funcionario público” en el marco de un caso de maltratos y abusos en los hogares de menores.

Entre quienes declararon en el juicio, estuvo una joven que quedó embarazada cuando estaba en uno de los hogares de menores que estaban bajo la tutela de San Miguel y Echeveste: dijo que las chicas solían escaparse, que en esas circunstancias se prostituían y consumían estupefacientes. La Justicia entendió que los funcionarios (que habían sido obligados a renunciar en 2009) tenían responsabilidad en esas situaciones.

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