Algunas buenas noticias, como agujas en un pajar de oscuridad
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EL DIARIO digital
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Una de cal..
En tiempos en que el Gobierno nacional empuja su agenda a fuerza de presión política —palo y zanahoria—, la Provincia volvió a marcar un límite nítido.
La gestión pampeana reafirmó su oposición a la reforma laboral que impulsa la administración libertaria y dejó en claro que no se trata de una objeción de ocasión: es una posición sostenida, con fundamentos y con una lectura integral de sus consecuencias.
Aunque la cumbre con La Pampa en la que el ministro del Interior, Diego Santilli, busca alinear a la provincia como ya hizo con otras jurisdicciones se postergó en más de una oportunidad, el gobernador Sergio Ziliotto ya fijó el rumbo.
La instrucción a quienes representan a La Pampa en el Congreso Nacional quedó establecida: rechazo a una iniciativa que, lejos de proponer un modelo de empleo con desarrollo, consolida un esquema de beneficios para los sectores más concentrados, debilitando derechos y desplazando el costo del ajuste hacia el mundo del trabajo.
El cuestionamiento pampeano combina razones ideológicas y económicas. Por un lado, porque el proyecto aparece diseñado para favorecer al establishment más rancio, con un enfoque que reduce el empleo a una variable de ajuste y presenta la flexibilización como respuesta automática a problemas complejos.
Por otro, porque, detrás del paquete laboral, asoma un capítulo fiscal que vuelve a tensar el federalismo: las modificaciones en el impuesto a las Ganancias implican otro manotazo a las billeteras provinciales y funcionan como una reforma tributaria encubierta, discutible en sus formas y perjudicial en sus efectos.
El gesto político más contundente fue también el más significativo: Ziliotto recibió en un mismo acto a la representación sindical de trabajadores del Comercio y a la patronal del sector, representada por su cámara empresaria.
Ambos lados del mostrador coincidieron en un diagnóstico poco habitual por su contundencia: la reforma libertaria no crea trabajo, no corrige los verdaderos obstáculos de la economía real y no ofrece soluciones productivas; se parece más a un texto pensado para asegurar ventajas a grandes intereses, incluso a multinacionales extractivistas, que a una herramienta para impulsar empleo y consumo.
En esa coincidencia, y en la decisión de sostenerla, asoma una rareza saludable en la política: defender lo propio —trabajo, producción y recursos— no como consigna, sino como política concreta.
...y una de arena
Aun cuando comparten diagnósticos de fondo y una lectura crítica del rumbo nacional, la Provincia ingresó en una zona de fricción inevitable con los sindicatos estatales.
El tradicional bono de fin de año, que durante años funcionó como un pequeño amortiguador frente al deterioro del salario, esta vez no llegó. Y la ausencia no pasó inadvertida: se hizo sentir en la ansiedad acumulada de trabajadores y trabajadoras que, con ingresos golpeados, suelen depositar en ese refuerzo la expectativa de un enero un poco menos cuesta arriba.
El gobierno pampeano explicó la decisión en términos de "estrechez financiera". Sergio Ziliotto fue explícito al describir un escenario condicionado por dos factores centrales: la deuda multimillonaria que mantiene el gobierno nacional con La Pampa y una caída de la recaudación vinculada a la parálisis y la recesión que atraviesan la economía.
En ese marco, la Provincia optó por ajustarse el cinturón y evitar un compromiso que, según su lectura, ponía en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El reconocimiento de la dificultad cotidiana de llegar a fin de mes estuvo. También la comprensión del rol de la dirigencia sindical, obligada a defender a su representación. Pero no hubo marcha atrás.
El gobernador insistió en que la responsabilidad no es provincial, sino consecuencia directa de la motosierra libertaria que se apropia de recursos que pertenecen a la población pampeana. En ese mismo argumento, defendió la política salarial aplicada durante 2025, que permitió una mejora del 11% de los sueldos por encima del índice inflacionario, a contramano de lo que ocurre en el nivel nacional y en otras jurisdicciones.
Del otro lado, los gremios aceptan parte de ese diagnóstico general, pero marcan límites claros. Reprochan la falta del bono habitual, cuestionan el desdoblamiento del salario y el aguinaldo y reclaman una paritaria inmediata para recomponer ingresos. No desconocen el contexto adverso, pero entienden que la excepcionalidad no puede transformarse en regla ni descargar siempre el peso del ajuste sobre los mismos hombros.
Se prevé un tironeo persistente entre una administración que busca sostener equilibrios y un sector de trabajadores que siente que el margen de paciencia se achica.
Mientras la economía siga achatada, con beneficios concentrados en una minoría privilegiada y costos distribuidos sobre la mayoría, estos conflictos seguirán a la orden del día. No como anomalía, sino como síntoma de un tiempo en el que administrar escasez se volvió rutina y gobernar implica, cada vez más, decidir a quién le toca pagar la cuenta.
