Entre la firmeza federal y las grietas domésticas

Una de cal...

El escenario político y social de esta semana dejó señales claras de que, cuando se trata de defender los intereses provinciales ante el avance de las políticas de ajuste centralistas, La Pampa mantiene una línea de coherencia que logra resultados tangibles. En un contexto nacional donde la incertidumbre parece ser la regla, la gestión local consiguió rescatar tres ejes fundamentales que hacen a la protección del patrimonio, la estabilidad laboral y la salud pública.

En el plano institucional, se destaca la firme postura de los gobernadores patagónicos que, junto a Sergio Ziliotto, elevaron un reclamo urgente al Congreso para el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea. Fue un movimiento estratégico de vital importancia: ante la evidente desidia del gobierno de Javier Milei en materia de recursos naturales, las provincias se plantaron en bloque para exigir que Nación cumpla con su responsabilidad financiera y operativa en la lucha contra el fuego. El respaldo local los legisladores nacionales del PJ reforzó esta idea de que la protección de nuestro ecosistema no es una variable de ajuste negociable. Lograr que el reclamo por los incendios en la Patagonia sea una bandera unificada es un triunfo de la política federal frente al desdén porteño.

Por otro lado, la intervención oficial en el conflicto de la industria cárnica asoma como un rescate necesario ante un panorama que amenazaba con desbordarse. La decisión de la Secretaría de Trabajo, con Marcelo Pedehontáa a la cabeza, de sentar a las patronales de los frigoríficos de General Pico y Bernasconi para garantizar el pago de sueldos e indemnizaciones, es una respuesta política a un sector que venía golpeado por la "no reacción" en otras problemáticas salariales. En una provincia que vive de la producción ganadera, el Estado no puede ser un espectador de lujo mientras el goteo de deudas pone en jaque la continuidad de la faena. Esta salida a la cancha para frenar la incertidumbre de los laburantes es un punto a favor que busca equilibrar la balanza en un momento donde el bolsillo no admite más dilaciones.

Finalmente, el dato más contundente de la semana llega desde el área de Salud con la confirmación de una baja considerable en la tasa de mortalidad infantil durante el último año. Es un logro que merece ser rescatado con énfasis, ya que refleja la solidez de un sistema público que, a pesar de los recortes nacionales y el encarecimiento de los insumos médicos, sigue priorizando la atención primaria y el seguimiento territorial. Que La Pampa logre mejorar sus indicadores en un segmento tan sensible habla de una inversión sostenida que da frutos donde más importa: en la protección de la vida de los pampeanos desde su nacimiento. Es una política de Estado que trasciende la coyuntura y que reafirma que, con gestión y presencia, los resultados sociales son posibles incluso en tiempos de crisis.

... y una de arena

A pesar de los esfuerzos por sostener una agenda de gestión positiva, la semana también dejó al descubierto una serie de grietas que generan preocupación y que demandan una mirada mucho más crítica sobre el funcionamiento de ciertas áreas del Estado. Cuando las respuestas oficiales llegan tarde, se filtran por la prensa o simplemente se estancan en la burocracia, el malestar social empieza a ganar terreno y pone en duda la eficiencia de quienes tienen la responsabilidad de conducir.

Un punto de conflicto ineludible es el clima de tensión que crece entre los trabajadores estatales, quienes ya le pusieron fecha a un paro general para el próximo 11 de febrero. El rechazo a la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional no es solo una consigna gremial; es el síntoma de una base trabajadora que se siente bajo fuego y que exige una postura más protectora. Esta movilización pone en una situación incómoda a la administración provincial, que deberá equilibrar su discurso de defensa del empleo con la presión de una calle que no está dispuesta a ceder derechos conquistados, anticipando un febrero de alta temperatura política y conflictividad en las oficinas públicas.

En el plano de la seguridad y la transparencia institucional, el episodio ocurrido en General Acha dejó un sabor amargo. La detención de un comisario acusado de robar dinero durante un operativo es, de por sí, un hecho gravísimo que golpea la confianza en la fuerza. Pero lo que agravó el cuadro fue la deficiente reacción comunicacional del área de Seguridad: el caso se filtró primero a través de las páginas de El Diario antes de que existiera una explicación oficial clara y contundente. Ese silencio inicial o la demora en dar la cara ante hechos de corrupción policial solo alimentan las sospechas y dejan la sensación de que se intenta "tapar el sol con la mano" hasta que la información se vuelve imparable en la opinión pública.

Asimismo, la persistencia de fallas graves en áreas de extrema sensibilidad social sigue siendo una materia pendiente. Un nuevo caso de falta de revinculación en General Pico -esta vez involucrando a un niño de apenas 4 años- ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta a la Dirección de Niñez. Las críticas de la familia afectada no son un hecho aislado, sino que se suman a una serie de cuestionamientos hacia autoridades que permanecen en sus cargos hace años a pesar de los reiterados tropiezos y denuncias de obstaculización. Que el sistema de protección de menores siga siendo noticia por sus fallas y no por sus soluciones es una señal de alerta que la gestión política no debería seguir ignorando, especialmente cuando se trata de derechos vulnerados que no admiten la desidia del "paso del tiempo".